La nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia ha superado el dictamen del Consejo Jurídico y ha dado un paso clave hacia su aprobación definitiva. La norma aspira a modernizar el sistema universitario murciano, adaptar la legislación regional a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y reforzar la contribución de las universidades al desarrollo de la Región.
El órgano consultivo ha avalado el anteproyecto y ha destacado su correcto encaje en las competencias autonómicas. En su informe ha subrayado que no aprecia infracción ni del núcleo esencial de la autonomía universitaria ni de las competencias que corresponden al Estado.
Según el dictamen, la opción normativa elegida encuentra un ‘general acomodo’ en el marco competencial del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. El Consejo Jurídico ha considerado además que la estructura del texto es coherente con su objetivo de ordenar, coordinar y desarrollar el sistema universitario regional.
El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha valorado que ‘el dictamen confirma la solidez del planteamiento general de una ley necesaria para que nuestras universidades afronten los nuevos desafíos con un marco jurídico actualizado y estable’.
Vázquez ha añadido que ‘queremos que puedan formar mejor, reforzar su investigación y ofrecer más oportunidades al alumnado y al conjunto de la sociedad’. Ha recalcado así la dimensión práctica de la reforma, orientada a mejorar la calidad de la formación y su impacto social.
Una norma para actualizar el sistema universitario
La futura ley sustituirá a la normativa vigente desde 2005 y ha tenido como referencia la LOSU. Su finalidad es acompañar la evolución de las universidades de la Región de Murcia y reforzar su papel como motor de desarrollo económico, social y científico.
El texto persigue mejorar la preparación de los profesionales y fomentar la aplicación del conocimiento para resolver problemas concretos. También pretende favorecer cambios que contribuyan a mejorar la vida de las personas, según se desprende de la valoración realizada por la Comunidad Autónoma.
El Consejo Jurídico ha reconocido que el anteproyecto se orienta a garantizar la calidad de la enseñanza superior. Además, ha apreciado que refuerza la investigación y la transferencia de conocimiento, promueve la internacionalización, mejora la gobernanza universitaria y establece mecanismos estables de financiación y rendición de cuentas.
El dictamen ha considerado que la propuesta responde a la necesidad de actualizar el sistema universitario regional conforme a los principios de la LOSU. También ha señalado que se alinea con las demandas sociales, económicas y científicas actuales de la Región de Murcia.
‘Queremos una ley que ayude a nuestras universidades a afrontar los nuevos retos, amplíe las oportunidades de formación y facilite que el conocimiento se traduzca en avances para la sociedad. Ese es el sentido de esta reforma: ofrecer un marco moderno y útil para que las universidades contribuyan aún más al desarrollo de la Región’, ha afirmado el consejero.
Vázquez ha subrayado también que ‘una universidad conectada con su entorno puede abrir más puertas a sus estudiantes’. Con ello ha vinculado la futura ley con la empleabilidad de los titulados y con una mayor conexión entre campus, tejido productivo y sociedad.
Un proceso con participación y próximos pasos
La recepción del dictamen ha dado continuidad al proceso de tramitación del anteproyecto. El consejero entregó el texto al presidente del Consejo Jurídico, Antonio Gómez Fayrén, el pasado 1 de junio, tras superar la fase de análisis en el Consejo Económico y Social.
El órgano consultivo ha destacado igualmente el amplio esfuerzo de participación realizado durante la elaboración de la norma. Ha valorado la sistematización de los informes y aportaciones recibidos a lo largo de este proceso.
Además, el Consejo Jurídico ha considerado que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo ofrece una base diagnóstica ‘útil y coherente’ para la toma de decisiones sobre la reforma universitaria.
‘Este proyecto se ha elaborado escuchando a la comunidad universitaria y a los principales agentes sociales y económicos de la Región. Ese diálogo aporta legitimidad, mejora el texto y construye una propuesta que responde a necesidades compartidas’, ha señalado Vázquez.
Tras el dictamen, la Consejería abordará ahora los ajustes sugeridos para reforzar la seguridad jurídica del anteproyecto. Entre las prioridades estará precisar la delimitación de determinadas competencias y proteger la autonomía universitaria antes de su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno.
Una vez incorporadas las modificaciones, el Ejecutivo regional prevé remitir el texto a la Asamblea Regional. Será entonces cuando comience su tramitación parlamentaria, con el objetivo de aprobar una ley que marque el marco jurídico del sistema universitario de la Región de Murcia para los próximos años.
‘El dictamen es una contribución valiosa para perfeccionar el texto. Vamos a estudiar con rigor todas las aportaciones y a incorporar las mejoras necesarias, con el objetivo de remitir a la Asamblea Regional una ley sólida, clara y útil para el presente y el futuro de nuestras universidades’, ha asegurado el consejero de Universidades.
