La Asamblea Regional ha aprobado este martes tramitar el proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, que sustituirá la norma de 2005. La iniciativa afecta a más de 55.000 estudiantes y ha abierto un debate sobre la financiación de las universidades públicas y sus garantías presupuestarias.
El texto contiene 110 artículos y ahora seguirá su recorrido parlamentario. La Mesa de la Asamblea abrirá el plazo para proponer comparecencias y remitirá el proyecto a la comisión correspondiente. Allí podrán presentarse enmiendas antes de una eventual aprobación definitiva.
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido la actualización de la legislación. Según ha señalado, el objetivo es dotar al sistema universitario de un marco ‘actualizado, estable y útil para afrontar las próximas décadas’.
La propuesta plantea un modelo de financiación basado en la suficiencia financiera, la eficiencia y la corresponsabilidad. Prevé planes anuales y plurianuales, además de mecanismos de evaluación.
El proyecto también incluye medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, busca reforzar la investigación, facilitar la transferencia de conocimiento a las empresas e impulsar la internacionalización y la inteligencia artificial en la enseñanza superior.
Las críticas de la oposición
El diputado socialista Juan Andrés Torres ha cuestionado que el texto garantice recursos suficientes para las universidades públicas. Ha afirmado que el plan plurianual de financiación 2025-2029, anunciado en 2024, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni se ha aprobado en Consejo de Gobierno.
Torres ha criticado que la financiación dependa de la disponibilidad de recursos. También ha señalado que solo se garantizan las transferencias corrientes para gastos de personal, sin cubrir expresamente el mantenimiento de instalaciones ni el funcionamiento ordinario de los campus.
‘El Gobierno regional no garantiza que se pueda abrir la persiana de las universidades públicas cada día’, ha afirmado. El diputado ha reprochado también que no exista un calendario para elevar la inversión universitaria al 1% del PIB regional. Ha situado el nivel actual en el 0,77%.
Además, ha echado en falta medidas concretas sobre vivienda, residencias de estudiantes, transporte público, becas y salud mental. El PSOE se ha abstenido para permitir la tramitación, con la intención de mejorar la norma mediante enmiendas.
Desde Vox, Ignacio Arcas ha reconocido el trabajo de la Consejería y la necesidad de renovar una legislación vigente desde hace más de dos décadas. Sin embargo, ha rechazado aspectos que, a su juicio, incorporan contenidos ideológicos vinculados a la Agenda 2030.
Arcas ha defendido la neutralidad ideológica en las aulas universitarias y ha anunciado que Vox vigilará el proceso. Su formación ha votado a favor de iniciar la tramitación, aunque el diputado ha aclarado que ese respaldo ‘no es un cheque en blanco’. Vox planteará cambios al articulado.
José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de IU-Verdes integrado en el Grupo Mixto y perteneciente a Podemos-IU-AV, ha rechazado el modelo de financiación. Considera que no garantiza fondos suficientes para el funcionamiento, las inversiones y la sostenibilidad de las universidades públicas.
También ha cuestionado la inclusión de la neutralidad ideológica, que considera contraria a la libertad académica, el pensamiento crítico y la pluralidad. Además, ha criticado las previsiones sobre becas y ha reclamado financiación pública estable para desarrollar los objetivos de la legislación estatal.
La diputada María Marín, de Podemos-IU-AV e integrada en el Grupo Mixto, ha cuestionado la corresponsabilidad en la obtención de recursos. El proyecto plantea que las universidades procuren aumentar gradualmente los ingresos procedentes de fuentes sociales, empresariales e institucionales.
Marín ha calificado esa fórmula como ‘el verdadero caballo de Troya de la universidad pública’. También ha recordado que el anteproyecto contempló un objetivo del 30% de financiación procedente de otras fuentes. En su explicación de voto, ha defendido ‘financiación suficiente, compromisos exigibles y respeto’ a la autonomía universitaria.
La defensa del proyecto
La diputada del PP María Luisa Casajús ha defendido que la ley modernizará el sistema y reforzará la transparencia. También ha destacado la conexión entre investigación y tejido productivo, así como las oportunidades laborales para los jóvenes de la Región.
Casajús ha señalado que el plan plurianual de financiación universitaria supone un incremento del 47% respecto al anterior. Además, ha reivindicado las medidas de inclusión, diversidad y accesibilidad, y ha defendido atraer y retener talento en la Región de Murcia.
Vázquez ha recordado que la realidad universitaria actual es distinta a la de 2005. Ha invitado a los grupos a profundizar durante el debate en inclusión, investigación, innovación y financiación.
El consejero también ha defendido la participación previa a la elaboración del proyecto. La consulta pública inicial recibió 221 aportaciones de 95 participantes. Según ha indicado, las observaciones del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico contribuyeron a mejorar el texto antes de su envío a la Asamblea.
