La causa penal por el incendio de las discotecas ‘Teatre’ y ‘Fonda Milagros’, en la zona de Atalayas de Murcia, ha entrado en su fase final antes del juicio oral contra siete investigados, cuando se cumplen tres años de la tragedia en la que murieron 13 personas y hubo numerosos heridos. El procedimiento espera ahora los escritos de defensa para su remisión definitiva a la Audiencia Provincial de Murcia.
Según ha detallado el despacho López Graña Abogados
Según ha detallado el despacho López Graña Abogados, que ejerce la acusación particular en nombre de diez familiares de víctimas, la investigación judicial ha concluido y el juzgado ha fijado una fianza solidaria cercana a los 8,8 millones de euros. Esta cuantía se ha impuesto a los siete acusados, a la mercantil que gestionaba ‘Teatre’ y a cuatro compañías aseguradoras.
El abogado Pedro López Graña ha explicado en un comunicado que las familias a las que representa ‘no piden condenas anticipadas, ni excepciones a las garantías de nadie’. Reclaman, ha subrayado, ‘que se esclarezca completamente lo sucedido‘ y que la complejidad del procedimiento ‘no provoque que quede sin respuesta alguna cuestión esencial’.
El letrado ha valorado la apertura de juicio oral
El letrado ha valorado la apertura de juicio oral, acordada en julio por el Tribunal de Instancia de Murcia tras el auto de procedimiento abreviado dictado en febrero, como ‘un avance importante porque permitirá que, por primera vez, la prueba sea examinada de forma contradictoria ante el tribunal’. Considera que esta fase será clave para reconstruir cómo se originó el incendio y qué posibles responsabilidades penales se derivan.
Sin dinero aún para las víctimas
Pese a los avances procesales, López Graña ha lamentado que, transcurridos tres años desde el incendio, ‘las víctimas todavía no han recibido ni un solo céntimo’ en concepto de indemnización. Ha recordado que el juzgado ha requerido una fianza de 8.796.653,33 euros de forma conjunta y solidaria a los siete investigados, a la empresa explotadora de ‘Teatre’ y a las aseguradoras.
No obstante, ha señalado que las compañías mantienen sus responsabilidades limitadas a las pólizas contratadas. Esta circunstancia puede condicionar el alcance real de las futuras indemnizaciones, que quedarán finalmente fijadas en sentencia si se declaran responsabilidades civiles.
El escrito de acusación presentado por esta parte acusa a los investigados de 13 delitos de homicidio por imprudencia grave, además de delitos de lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Las penas que solicita esta acusación alcanzan, de manera provisional, hasta ocho años y medio de prisión para algunos de los encausados.
Respecto a la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia, el comunicado recuerda que la causa principal no ha declarado al Consistorio responsable civil subsidiario. Esta decisión se ha producido después de que el juzgado haya acordado el sobreseimiento provisional para cargos y funcionarios municipales respecto a los delitos de homicidio y lesiones.
Sin embargo, la representación de las familias ha precisado que esta resolución está recurrida por varias acusaciones. Además, ha remarcado que existen querellas y diligencias separadas para determinar si las órdenes de cese de actividad de las discotecas pudieron suponer un presunto delito de prevaricación administrativa.
López Graña ha insistido en que la causa penal no tiene aún fecha de juicio. La Audiencia Provincial de Murcia debe asumir primero el expediente, resolver las cuestiones previas que planteen las partes y fijar el calendario de las vistas.
Con motivo del tercer aniversario de la tragedia de Atalayas, el letrado ha apelado al ‘recuerdo y respeto’ hacia las 13 personas fallecidas y sus allegados. Ha subrayado que el objetivo de las familias es que el proceso llegue a una conclusión clara y que se depuren, si procede, todas las responsabilidades penales y civiles derivadas del incendio.
