La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha defendido que la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor mantiene la protección ambiental y no rebaja las prohibiciones ni los controles. Lo ha hecho durante la ronda de comparecencias celebrada en la Asamblea Regional para analizar los cambios planteados en la norma que regula la laguna salada.
En la sesión han intervenido la directora general de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán; el abogado de la Comunidad de Regantes de Abarán, Antonio Morte; el catedrático de Ecología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve; el coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo; y el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán. Sus aportaciones han servido para revisar el alcance de la reforma y su posible impacto sobre el ecosistema del Mar Menor y la actividad agraria del entorno.
Casajús ha subrayado que, a su juicio, proteger la laguna no pasa por mantener invariable una ley aprobada hace seis años. Según ha indicado, el objetivo debe ser contar con una normativa eficaz, coherente con el marco jurídico vigente y capaz de contribuir realmente a la recuperación ambiental del Mar Menor.
La diputada ha insistido en que el debate debe centrarse en las medidas que funcionan y en las obligaciones que deben cumplirse. También ha señalado que los resultados pendientes en la recuperación de la laguna exigen ajustar la regulación para hacerla más efectiva, sin renunciar al nivel de protección alcanzado hasta ahora.
Casajús ha pedido no confundir modificar una ley con desproteger el Mar Menor. Ha recalcado que considera compatible adaptar determinados aspectos de la regulación y mantener el compromiso político e institucional con la recuperación de la laguna. En su opinión, lo relevante no es que la norma permanezca inalterable, sino que siga siendo una herramienta útil y eficaz.
La diputada ha puesto como ejemplo la situación de la Rambla del Albujón, que ha descrito como uno de los focos clave de contaminación que todavía siguen activos. Ha defendido que, si se quiere actuar sobre el origen del problema, es necesario intervenir en ese punto y no limitarse a responder cuando los efectos sobre el Mar Menor ya son visibles.
Según Casajús, el balance del último año hidrológico ha registrado más de 11.600 millones de litros procedentes de la Rambla del Albujón. Ha lamentado que, pese a estas cifras, el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha atribuido la competencia en la materia, no haya impulsado actuaciones suficientes para frenar estas aportaciones.
Reforma y papel del sector agrario
El diputado popular Jesús Cano ha intervenido también para destacar el papel del sector agrario en este proceso. Ha asegurado que la reforma que se tramita parte del reconocimiento al esfuerzo de agricultores y regantes en la recuperación del Mar Menor.
Cano ha explicado que la modificación de la Ley del Mar Menor remite al régimen sancionador estatal. Además, ha precisado que elimina la pérdida automática de ayudas, una medida que, según ha dicho, responde a las demandas del sector agrícola de la zona.
El parlamentario ha señalado que la contaminación que arrastra actualmente el Mar Menor procede en buena parte de décadas de acumulación en el acuífero y en los sedimentos. Ha defendido que esta herencia histórica condiciona la situación actual de la laguna, pese a los cambios introducidos en los últimos años.
Cano ha añadido que el agua que sale de las depuradoras regionales se destina a los cultivos de los regantes asociados y no termina en el Mar Menor. Ha atribuido este resultado al trabajo conjunto del Gobierno regional y de las comunidades de regantes, que han incrementado el aprovechamiento de aguas regeneradas.
Según sus datos, la Región de Murcia ha regenerado el 98% del agua que ha depurado. En 2023 se han puesto a disposición de los regantes del Campo de Cartagena, en el entorno del Mar Menor, más de 25 hectómetros cúbicos de agua regenerada.
Cano ha concluido que el Gobierno de la Región de Murcia ha trabajado, trabaja y trabajará para demostrar que agricultores y regantes desarrollan bien su labor. Ha afirmado también que el Ejecutivo regional mantiene un interés real en proteger el Mar Menor y en hacer compatible esa protección con la actividad del sector agrario.
