La Asociación de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa penal por la presunta trama de material sanitario caducado o no homologado, una vez concluya su constitución legal como entidad. El colectivo, que agrupa ya a unos 200 integrantes y cerca de medio centenar de afectados directos, ha adelantado también que prepara movilizaciones si no obtiene respuestas claras.
Así lo ha explicado su presidente, Andrés Mora, tras un encuentro con el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al que han asistido más representantes de la asociación. Según ha detallado, el objetivo pasa por reforzar la defensa jurídica de los pacientes y presionar para que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.
Mora ha indicado que la asociación quiere ampliar su base social. ‘Nuestra intención es llegar a toda la ciudadanía de Murcia porque cada vez salen más afectados’, ha afirmado. Ha insistido en que el colectivo saldrá a la calle para que el caso no pase ‘inadvertido’ y ha descrito la situación como ‘una crisis humanitaria, una crisis económica y una crisis política, y alguien tiene que pagar por ello’.
El presidente de la entidad ha asegurado que ya se ha producido al menos una muerte relacionada con este escándalo. ‘Ya tenemos un fallecido y ojalá que no haya más, pero puede haber más’, ha señalado, aunque ha evitado ofrecer más detalles. Ha precisado que la familia de esa persona está personada en el procedimiento judicial, cuyo inicio está previsto de forma inminente.
Exigencia de información y respuesta del SMS
La asociación no solo agrupa a pacientes que han llevado estas prótesis, sino también a personas que se consideran afectadas por el uso de fondos públicos. Mora ha explicado que el colectivo incluye a ciudadanos ‘afectados moralmente’ porque ‘hay siete millones de euros malgastados que no se sabe dónde están’. Considera que esta cifra añade una dimensión económica al problema sanitario.
El colectivo remitió a principios de julio un requerimiento formal al SMS. En ese escrito solicitó información detallada sobre los modelos de prótesis utilizados, los hospitales donde se han implantado y las intervenciones realizadas. El plazo legal de respuesta es de tres meses, por lo que la asociación espera contestación antes de que termine ese periodo.
Mora ha avanzado que a finales de septiembre o principios de octubre celebrarán una asamblea con sus socios. En esa reunión decidirán qué acciones desarrollar en la calle si no obtienen la información solicitada, con la idea de que la respuesta ciudadana sea, en palabras del presidente, ‘un clamor popular’.
‘Queremos saber dónde se han implantado los tipos de prótesis, qué tipo y cuándo. Esa información no nos la dan y la gente no puede vivir en la angustia permanente de pensar qué le puede pasar o si su prótesis está caducada’, ha denunciado. Además, ha aclarado que, al margen de la personación colectiva de la asociación, ‘cada afectado personalmente podrá presentar demandas‘.
Otro de los miembros del colectivo, Anastasio Sánchez, ha criticado la falta de transparencia. A su juicio, la Comunidad ‘no está dando información a las personas afectadas y tienen todo el derecho de tenerla’, ha afirmado. Según ha añadido, muchas personas ‘no saben si están afectados o no, y eso es terrible porque no se puede jugar con la salud de esta manera’, algo que ha atribuido a que, según su valoración, ‘se prima el negocio por encima de la salud de las personas’.
Críticas de la Delegación del Gobierno a López Miras
Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha reiterado su apoyo ‘permanente’ a las víctimas de las prótesis y del material presuntamente irregular. Ha expresado su respaldo a las demandas de la asociación y ha insistido en la necesidad de aclarar lo ocurrido.
Lucas ha cargado contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. Le ha reprochado que, tras cuatro meses desde que estalló el caso, ‘no haya sido capaz de dar explicaciones, de pedir perdón ni de mostrar un gesto de empatía’. ‘Lo más lamentable: esta mañana se ha visto obligado a comparecer en la Asamblea Regional y no ha asumido ninguna responsabilidad’, ha añadido.
El delegado también ha cuestionado los movimientos internos en el SMS. Ha criticado que se haya cesado a tres subdirectores mientras ‘se premia a la máxima responsable del Servicio Murciano de Salud nombrándola consejera de Salud’, en referencia a Isabel Ayala, designada el pasado mes de mayo.
‘Vamos a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Las responsabilidades no acaban con el cese de dos o tres subdirectores; van a acabar cuando los máximos responsables se pudran en la cárcel, porque han jugado con la vida de muchos pacientes’, ha sentenciado Lucas, subrayando que la Delegación del Gobierno seguirá de cerca el desarrollo de la causa penal y las posibles responsabilidades políticas y judiciales.
