El PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno central la reparación urgente del canal del acueducto Tajo-Segura, paralizado desde el 14 de septiembre tras dos roturas en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Liétor (Albacete), y para garantizar el envío de los volúmenes de agua ya autorizados antes de que caduquen.
Según ha detallado el Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa reclama que se aseguren y remitan los hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar. El objetivo es que la agricultura de regadío y el abastecimiento urbano del sureste peninsular no sufran un corte prolongado de recursos hídricos.
El diputado regional Jesús Cano, promotor de la moción, ha denunciado que una infraestructura clave no puede quedar inoperativa tanto tiempo. A su juicio, una conducción “de la que dependen el abastecimiento urbano y el regadío del sureste no puede estar cinco meses parada por la negligencia y el nulo mantenimiento por parte del Gobierno central”.
Plazos de reparación y riesgo de pérdida de agua
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha fijado un plazo inicial de entre cuatro y cinco meses para las obras de reparación. Ese calendario, ha señalado el PP, retrasará los envíos de agua del trasvase Tajo-Segura hasta 2027, con un impacto directo sobre los regadíos del sureste.
Cano ha recordado que no es la primera avería en este tramo del canal. Ha citado un fallo similar ocurrido en agosto de 2025, que mantuvo la infraestructura sin servicio hasta octubre del mismo año. A su juicio, este historial confirma que “no se trata de un hecho aislado”.
El parlamentario ha advertido de que la parálisis del acueducto no solo tiene efectos materiales, sino también regulatorios. Las reglas de explotación del trasvase establecen que los volúmenes autorizados y no enviados solo pueden trasvasarse durante los tres meses posteriores al final de su periodo de autorización.
Bajo este marco, los caudales aprobados en agosto caducan el 30 de noviembre y los de septiembre el 31 de diciembre. Estas fechas son anteriores a la reapertura del canal prevista para 2027, por lo que una parte del agua ya concedida podría no llegar nunca a su destino si no se modifican los criterios actuales.
“Por tanto, si no se adoptan las decisiones oportunas, el agua que la propia Comisión Central de Explotación autorizó, y que es de nuestros regantes, no sea enviada por la incapacidad de este Gobierno”, ha alertado Cano.
Diagnóstico estructural y cambio de reglas
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Ejecutivo central un diagnóstico estructural de todo el acueducto. También ha pedido la aprobación de un plan integral de inspección y rehabilitación que reduzca el riesgo de nuevas averías y paradas prolongadas del servicio.
Además, la moción reclama revisar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. El objetivo es que las interrupciones por obras, averías o tareas de mantenimiento no supongan la pérdida de derechos sobre los volúmenes de agua ya aprobados por la Comisión Central de Explotación.
Cano ha subrayado que la ley obliga a mantener almacenados estos recursos en los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta su envío. Ha recordado, en este sentido, que en octubre de 2025 la propia Comisión Central permitió remitir volúmenes pendientes tras una avería anterior, por lo que considera que “existen precedentes para adoptar soluciones similares ahora”.
El diputado ha insistido en la trascendencia del momento para el sector agrícola. Ha resaltado que está empezando la siembra de la campaña de otoño-invierno en el Campo de Cartagena, el Valle del Guadalentín y las Vegas del Segura, zonas muy dependientes del trasvase.
Según ha advertido, “lo que no se siembre ahora no se recuperará cuando el canal vuelva a funcionar”. Por ello, ha defendido que el Gobierno central adopte medidas urgentes que garanticen el agua ya autorizada para los regantes.
Cano también ha criticado la gestión política del cierre del acueducto. Ha denunciado la “falta de lealtad institucional” del Gobierno de España y ha reprochado que el Ejecutivo autonómico haya conocido la clausura de la infraestructura por los medios de comunicación y no por canales oficiales, pese a tener las competencias en agricultura y regadío en el territorio afectado.
