Cuatro personas han sido investigadas por la Guardia Civil como presuntas responsables por imprudencia grave del incendio forestal declarado a principios de junio en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en Murcia, que ha afectado a unas 150 hectáreas de masa forestal y ha obligado a desalojar medio centenar de viviendas.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en colaboración con especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia, ha desarrollado la investigación para esclarecer el origen del fuego. El incendio se ha iniciado el 2 de junio y se ha catalogado como de interfaz urbano-forestal al afectar a zonas habitadas.
Las llamas han comenzado en el entorno del Parque Regional de El Valle y Carrascoy y han afectado a las pedanías murcianas de Los Garres y Lages. Durante los cerca de tres días que ha durado el siniestro, unas 50 viviendas han sido desalojadas y alrededor de un centenar de vecinos han tenido que abandonar sus casas de manera preventiva.
La virulencia del fuego ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias. En los trabajos de extinción han participado la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia, Protección Civil y otros servicios de emergencia autonómicos y municipales. Gracias a estas labores, el incendio se ha dado por extinguido el 6 de junio.
Origen del fuego en una línea eléctrica sin autorización
Nada más estabilizarse la situación, especialistas de la UCOMA se han desplazado desde Madrid para apoyar a los agentes del SEPRONA de Murcia en la investigación sobre el terreno. El objetivo principal ha sido determinar la causa inicial del incendio y delimitar la posible responsabilidad penal.
Para ello, los investigadores han contado también con la colaboración de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Región de Murcia. Tras una exhaustiva inspección técnico-ocular en la zona de inicio del fuego y diversas actuaciones complementarias, se han obtenido indicios claros sobre el origen del siniestro.
Los informes apuntan a que el incendio se ha debido al deficiente estado de una línea eléctrica particular de baja tensión que suministraba energía a un grupo de viviendas. Según la investigación, esta instalación eléctrica presentaba una evidente falta de mantenimiento y, además, no contaba con la autorización correspondiente.
Los agentes han constatado que esta situación de abandono y ausencia de adecuación suponía una situación de riesgo más que previsible de provocar un incendio forestal. A partir de estas conclusiones, la Guardia Civil ha decidido investigar a las personas responsables de la gestión de dicha línea eléctrica como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
Un espacio natural protegido de alto valor ecológico
El fuego ha arrasado aproximadamente 150 hectáreas de terreno forestal compuesto principalmente por pino carrasco y matorral mediterráneo, con especies como esparto, aliaga y lentisco. La zona afectada se encuentra dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, espacio protegido creado por la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.
Este parque forma parte de la Red Natura 2000 al estar considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, comparte territorio declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) debido a la presencia del Búho Real (Bubo bubo), y sirve de abrigo para otras rapaces como el Águila Perdicera (Hierastus fasciatus) y el Águila Real (Aquila chrysaetos).
En el área afectada por el incendio se localiza también una fortaleza tardorromana del siglo IV d.C., declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. La afección de las llamas a este entorno incrementa la relevancia patrimonial del daño ocasionado.
El fuego ha alcanzado igualmente la Cañada Real de Torreagüera, reconocida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Estas rutas tradicionales siguen prestando servicio a la cabaña ganadera que se explota en régimen extensivo y facilitan el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados.
Las vías pecuarias están consideradas auténticos ‘corredores ecológicos’, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. La afección de un incendio forestal en estos corredores puede alterar durante años los movimientos de fauna y la conectividad ecológica de la zona.
