La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad iniciar la reforma de la Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia para endurecer las sanciones por conductas que provoquen incendios forestales y otras emergencias. La futura norma también permitirá repercutir a los responsables los costes derivados de la movilización de los servicios públicos de intervención.
El diputado del PP Alfonso Cerón ha defendido que quien cause un daño, ya sea por negligencia o de forma malintencionada, en el patrimonio medioambiental y ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas, obligando a movilizar recursos públicos, ‘debe asumir su responsabilidad y reparar el daño causado’.
Según la propuesta, las infracciones graves pasarán a castigarse con multas de hasta 60.000 euros, mientras que las muy graves podrán alcanzar el millón de euros. Durante el debate se ha subrayado que el objetivo es actualizar las cuantías sancionadoras para adaptarlas a la realidad actual y reforzar su carácter disuasorio.
Nuevas infracciones y repercusión de costes
Cerón ha explicado que la iniciativa incorpora como infracciones graves y muy graves aquellas conductas que, por imprudencia grave o dolo, generen la movilización de los servicios de Emergencias y Protección Civil. Además, la proposición de ley establece un mecanismo específico para repercutir a los causantes los costes de esos servicios públicos.
El parlamentario popular ha insistido en que la modificación ‘no tiene un efecto recaudador’, sino ‘preventivo y disuasorio’. A su juicio, el refuerzo del régimen sancionador pretende desalentar comportamientos que puedan derivar en incendios u otras emergencias que exijan grandes despliegues de medios.
Como contexto, Cerón ha detallado que este verano se han producido 134 incendios forestales en la Región de Murcia, que han quemado 628 hectáreas. Ha destacado especialmente los registrados en Los Garres y en la falda de Sierra Espuña, en Aledo.
Según sus datos, 111 de esos incendios, el 83 %, se han quedado en simples conatos gracias a la actuación de los servicios de emergencias. ‘Si con esta nueva medida por efecto disuasorio conseguimos disminuir el número de incendios forestales provocados, sin duda habrá merecido la pena modificar la ley’, ha afirmado.
Reclamo de más prevención y medios
Desde el PSOE, Fernando Moreno ha advertido de que la reforma ‘por sí sola no es suficiente’ para resolver el problema de los incendios forestales. Ha cuestionado además el verdadero efecto disuasorio que puede tener elevar de forma notable las multas.
‘La sanción tiene que existir, estamos de acuerdo, y tiene que aplicarse cuando corresponda, pero la sanción llega siempre después del problema’, ha señalado. Moreno ha defendido que ‘la prevención es la medida más eficaz‘ frente al fuego.
El diputado socialista ha reclamado más actuaciones de limpieza y gestión de los montes, incluida la retirada de combustible vegetal acumulado. También ha pedido un mejor mantenimiento de las zonas de interfaz urbano-forestal y medios humanos suficientes para los operativos.
En este punto se ha referido a la situación de los bomberos forestales. Ha recordado que el acuerdo alcanzado este año entre el Gobierno regional y los sindicatos contempla aumentar el dispositivo de 350 a 379 profesionales, además de mejoras en estabilidad y condiciones laborales. No obstante, ha matizado que, ‘en el mejor de los casos’, estas medidas no entrarían en vigor hasta 2028.
Críticas de Vox y del Grupo Mixto
Por parte de Vox, Ignacio Arcas ha puesto en duda la eficacia del aumento de las sanciones para evitar incendios provocados. Ha cuestionado también que en determinados casos puedan llegar a cobrarse multas de hasta un millón de euros a sus responsables.
Arcas ha criticado además la tramitación seguida por la iniciativa. Ha indicado que los servicios jurídicos de la Cámara han advertido de posibles dudas en la redacción propuesta para la repercusión de los costes de los servicios de intervención.
El diputado ha adelantado que Vox presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria para tratar de corregir los aspectos que considera deficientes. Su objetivo, ha dicho, es que el texto final tenga ‘la efectividad oportuna’.
La diputada de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde, María Marín, integrada en el Grupo Mixto, ha calificado la reforma como ‘lo de siempre, mucho ruido y pocas nueces’. Ha sostenido que ‘no va a servir absolutamente de nada’.
Marín ha cuestionado que el endurecimiento de las sanciones sea suficiente para prevenir los incendios. En su lugar, ha defendido otras actuaciones, como la retirada de árboles secos, la mejora de las condiciones laborales y materiales de los bomberos forestales y la adopción de medidas preventivas en las zonas urbanas próximas a los montes.
La diputada ha recordado, además, que la Asamblea aprobó por unanimidad en junio de 2025 una iniciativa para instalar un sistema de cañones de agua y depósitos destinado a proteger áreas urbanas cercanas al monte. Ha reprochado al Ejecutivo regional que, según ha afirmado, no haya ejecutado todavía esa medida.
Tras la aprobación de la toma en consideración, la Mesa de la Cámara abrirá ahora el plazo para que los grupos propongan audiencias legislativas. El texto se remitirá después a la comisión correspondiente, donde continuará su tramitación parlamentaria antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva.
