La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una red dedicada a la distribución y venta fraudulenta de hidrocarburos que habría defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en solo un año, con una organización asentada en Murcia y actividad en esta región, Alicante y otras provincias.
Según la investigación, el grupo criminal habría utilizado un entramado de empresas para comercializar carburante sin repercutir los impuestos que gravan su venta, lo que le permitió colocar grandes volúmenes de producto a precios más bajos que los del mercado legal.
El caso se ha desarrollado en el marco de la operación ‘Vatoil-Visco’, en la que los agentes han detenido a seis personas e investigado a otras ocho por su presunta relación con la trama.
Más de dos millones defraudados en un año
Las pesquisas arrancaron cuando los investigadores detectaron movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a la venta de carburantes, que operaban con importantes volúmenes de producto pero sin declarar ni ingresar los impuestos correspondientes.
De acuerdo con los datos de la investigación, solo durante el año 2025 y en relación con dos de las sociedades implicadas, la red habría dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Además, en ese mismo periodo, la organización habría eludido más de 1.800.000 euros en Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, lo que eleva el fraude total anual vinculado a esas dos mercantiles a más de dos millones de euros.
Para sostener el fraude, la trama se servía de documentación mercantil alterada, con facturas y registros que daban una apariencia legal a las operaciones, al tiempo que ocultaban el verdadero origen de los beneficios y la identidad de los responsables finales.
Registros en Murcia y estaciones de servicio afectadas
En el marco de la operación, un dispositivo conjunto formado por distintas unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia, junto a agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha practicado seis registros en la Región de Murcia.
Uno de los registros se ha realizado en una nave industrial, donde la organización habría centralizado parte de la actividad logística, mientras que los otros cinco se han llevado a cabo en distintos domicilios vinculados a los investigados.
Durante los registros se han intervenido cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada, que ahora será analizada para concretar el alcance económico del fraude y el papel de cada uno de los implicados.
Con carácter preventivo, los agentes han precintado tres depósitos con 86.000 litros de carburante, así como los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), desde las que supuestamente se habría distribuido parte del combustible.
Además, se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado, con el objetivo de impedir la disposición de fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita y asegurar eventuales responsabilidades económicas ante la Hacienda Pública.
Seis detenidos y delitos atribuidos
En la fase de explotación de la operación han sido detenidos simultáneamente cinco de los implicados, mientras que un sexto sospechoso ha sido localizado y arrestado al día siguiente en la misma provincia.
A todos ellos se les atribuye un presunto delito de pertenencia a organización criminal y, con distinto grado de participación, delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
Los seis detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, encargada de dirigir la causa judicial.
Uno de los arrestados ha ingresado en prisión debido a un señalamiento judicial anterior que ya se encontraba vigente, mientras que el resto ha quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares, a la espera de la evolución del procedimiento.
La operación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante, con el apoyo de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia.

