El Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado esta semana ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una petición formal para asumir, mediante una encomienda, parte de la gestión que realizan actualmente las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, con el objetivo de agilizar expedientes que llevan años pendientes y que afectan sobre todo a agricultores y ganaderos.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha explicado que esta solicitud busca intervenir en la tramitación de asuntos relacionados con pozos, regadíos y aprovechamientos de agua. Según ha advertido, el retraso en las resoluciones se ha convertido en un importante ‘atasco’ administrativo que está generando incertidumbre en el sector agrario, obligado en muchos casos a esperar durante años una respuesta a sus solicitudes.
‘Acabamos de registrar, cumpliendo un compromiso que adquirí, la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar’, ha señalado García-Page durante la inauguración de la mina de wolframio de Abenójar. El dirigente autonómico ha insistido en que Castilla-La Mancha no reclama la transferencia plena de las competencias estatales en materia de agua, sino una encomienda para participar en su gestión.
Tramitación más rápida y refuerzo de personal
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha denunciado que ‘hay atasco en las confederaciones hidrográficas, se tarda años, hay mucho lío’. A su juicio, esta situación provoca un cuello de botella que frena inversiones y proyectos vinculados al uso del agua en explotaciones agrarias y ganaderas. ‘Curiosamente lo que más rápido va son las sanciones’, ha lamentado, al poner el foco en la diferencia entre la agilidad de los procedimientos sancionadores y la lentitud de las autorizaciones.
García-Page ha subrayado que los principales problemas se concentran en ‘la gestión de acuíferos‘ y ‘la gestión de los pozos’, ámbitos que afectan de forma directa a miles de explotaciones agrarias. Por ello, ha defendido que la Junta pueda colaborar con las confederaciones en la resolución de los expedientes acumulados, siempre bajo el marco legal estatal y sin alterar el reparto de competencias.
La primera petición registrada se refiere a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, pero el presidente autonómico ha avanzado que la intención de su Gobierno es extender esta fórmula ‘más adelante’ a las demarcaciones del Júcar y del Segura. De este modo, Castilla-La Mancha aspira a participar también en la gestión de cuencas donde existen conflictos y trámites pendientes relevantes para el regadío.
‘Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano’, ha defendido García-Page. Además, ha asegurado que, si el Gobierno central acepta la encomienda, la Junta está dispuesta a contratar ‘entre 400 y 500 personas’ para reforzar los servicios encargados de tramitar los expedientes. Con este refuerzo, el Ejecutivo regional pretende responder a la preocupación que, según ha indicado, se extiende entre numerosos agricultores y ganaderos por la falta de resolución en materia de agua.
La solicitud formal presentada ahora da continuidad a un compromiso que el propio García-Page ya había adelantado hace seis meses. Durante el acto institucional del Día Mundial del Agua, el presidente anunció que pediría al Miteco que cediera o ‘encomendara’ a Castilla-La Mancha parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas, precisamente para hacerse cargo de expedientes acumulados durante años y acelerar trámites que afectan directamente a los regantes.
Mediciones propias de los acuíferos
En paralelo a esta petición de encomienda, García-Page ha recuperado otra iniciativa planteada el pasado mes de marzo: que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos de la región. Con ello, la Junta quiere contar con datos contrastados que permitan evaluar de forma más precisa la situación de las masas de agua subterránea.
‘Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan’, ha afirmado el presidente. Para desarrollar este trabajo, ha avanzado que la Junta colaborará con la Universidad de Castilla-La Mancha y con el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), un organismo especializado en la investigación y el análisis de los recursos hídricos.
‘No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando’, ha resumido García-Page, al defender la necesidad de disponer de mediciones independientes. Ya en marzo, el presidente había planteado incluso la posibilidad de que la Junta instale piezómetros propios para contrastar las mediciones existentes en los acuíferos y disponer así de una base de información más sólida a la hora de tomar decisiones sobre el uso del agua.
