WWF ha denunciado que en España se riegan más de 80.000 hectáreas de cultivos con agua extraída con claros indicios de ilegalidad, repartidas en seis grandes acuíferos que sufren un grave problema de sobreexplotación y presión agrícola.
Según la investigación ‘Aquí se roba agua’, la organización ha analizado la situación del Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Los Arenales, Baza, Campo de Cartagena y el eje sureste de la demarcación hidrográfica del Segura, que comprende territorios de Albacete, Alicante y Almería, todos ellos vinculados a espacios naturales de alto valor.
En el entorno del Mar Menor, WWF ha constatado un fuerte descenso de la superficie regada con agua subterránea con indicios de ilegalidad en el Campo de Cartagena. Sus estimaciones apuntan a una reducción desde las 11.000 hectáreas en 2019 hasta las 3.271 en 2024, lo que supone una caída del 70%.
La organización relaciona este cambio con las medidas adoptadas tras los episodios de eutrofización del Mar Menor. Recuerda que en 2020 se aprobó la ley del Mar Menor, que la Confederación Hidrográfica del Segura declaró las masas de agua subterránea del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM).
Contraste entre el Mar Menor y el eje sureste del Segura
Esta evolución en el Campo de Cartagena contrasta, según WWF, con la situación del eje sureste de la cuenca del Segura, analizada junto a ANSE. En esta zona, el acuífero de Albacete concentra 11.500 hectáreas de cultivos regados con agua extraída con claros indicios de ilegalidad, casi el 75% de las 15.230 hectáreas contabilizadas en toda la demarcación.
De acuerdo con las conclusiones del informe, las seis áreas estudiadas comparten un patrón común: en los últimos años se ha producido una transformación de cultivos tradicionales de secano hacia una agricultura industrializada de regadío superintensivo. WWF subraya que este modelo se ha visto ‘promovido con ayudas públicas’.
A juicio de la ONG, este cambio ha incrementado tanto la superficie de regadío como el consumo de recursos hídricos, generando además un ‘efecto llamada’ sobre el uso de agua extraída con indicios de ilegalidad. Por ello reclama a las administraciones ‘medidas contundentes para poner fin al robo’ y una gestión ‘sostenible y justa’ del agua.
La Mancha Occidental, ‘epicentro’ del problema
WWF sitúa el ‘epicentro’ del robo de agua en España en el acuífero de la Mancha Occidental. Según sus cálculos, las aguas subterráneas de esta masa se estarían utilizando para regar más de 39.000 hectáreas de cultivos.
La organización estima que el volumen de agua extraída con indicios de ilegalidad en este acuífero ronda los 69 hectómetros cúbicos. Sin embargo, advierte de que el problema de sobreexplotación sería aún mayor, ya que se estaría extrayendo un 86% más del volumen permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana.
La ONG atribuye esta situación a derechos de uso de agua concedidos en el pasado que, según sostiene, permiten extraer ‘muy por encima’ de la capacidad del acuífero fijada en el Plan Hidrológico de la Demarcación. También señala la ‘falta’ de capacidad para controlar y sancionar el uso del agua subterránea y las ‘malas prácticas’ heredadas de la legislación de aguas anterior.
En el acuífero de Almonte-Marismas, WWF calcula que alrededor del 20% de la superficie total regada con recursos de las masas de agua subterráneas presenta ‘indicios claros’ de ilegalidad. La organización cifra en 13,34 hectómetros cúbicos el volumen de agua que se estaría extrayendo de manera irregular.
Los cultivos de frutos rojos y fresas, ubicados sobre todo en La Rocina, serían los que más agua ilegal consumen, aunque no ocupen la mayor superficie. WWF destaca que se han producido ‘progresos importantes’ en el entorno de Doñana en el seguimiento y control del riego por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente en estos cultivos.
No obstante, la ONG sostiene que el uso ilegal de agua persiste y se está ampliando en la zona estudiada, pese a los avances en control y vigilancia.
Otro de los grandes focos se encuentra en el acuífero de Los Arenales. Allí, la superficie regada con agua extraída con claros indicios de ilegalidad se habría reducido desde las 17.000 hectáreas en 2019 hasta las 16.481 en 2023.
WWF atribuye esta ligera mejora, sobre todo, a las áreas donde existe un compromiso de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) ya constituidas.
La organización considera este acuífero ‘otro de los puntos calientes del robo de agua’ en España. Recuerda que en las dos últimas décadas la comarca ha pasado de cultivos de secano a otros con elevada demanda hídrica, como patata, maíz, hortícolas y remolacha.
Según WWF, esta evolución ha provocado un descenso ‘preocupante y continuo’ de los niveles del acuífero y un ‘grave problema’ de contaminación por fertilizantes de origen agrario. En algunos casos, advierte, el agua no sería apta para consumo humano.
La ONG añade que las tres masas de agua que integran este acuífero han sido declaradas en mal estado cuantitativo y en riesgo de no cumplir los objetivos de buen estado marcados en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero.
Baza, un ‘punto negro’ de robo de agua
Por último, WWF sitúa la comarca de Baza entre los ‘puntos negros’ del robo de agua en España, que califica como especialmente desconocidos y preocupantes.
El estudio calcula que más de 4.000 hectáreas de superficie agraria en Baza se riegan con agua extraída con indicios claros de ilegalidad, lo que supondría casi el 62% de toda la superficie regada de la zona. El volumen de agua ilegal asociado se estima en 8,34 hectómetros cúbicos.
La organización sostiene que la metodología utilizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir subestima el índice real de explotación de las masas de agua, en especial en la Sierra de las Estancias. En esta zona sitúa el índice de explotación del acuífero en el 208%.
En caso de confirmarse esta estimación, WWF considera que se trataría de una situación de sobreexplotación ‘gravísima e insostenible’ de esta masa de agua subterránea, con impactos directos sobre el abastecimiento de las poblaciones.
Ante este escenario, la ONG reclama una actuación ‘urgente y coordinada’ de las administraciones para ‘acabar con el robo del agua’. Propone reforzar los medios de los organismos de cuenca para clausurar captaciones de regadíos ilegales y mejorar la vigilancia mediante contadores y teledetección, además de cruzar estos datos con el catastro y las ayudas agrarias.
‘Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos. La planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No podemos seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación: necesitamos impulsar una transición justa hacia modelos productivos menos dependientes del regadío intensivo’, ha señalado la responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil.
