ANSE pide frenar la ampliación de las canteras de Moratalla por su impacto ambiental

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ANSE ha pedido archivar el proyecto que busca prolongar la explotación de las canteras Alba y Sabinar, en Moratalla, por su impacto sobre la ZEC Sierra de Villafuerte, la aldea de Arroyo Tercero y varios yacimientos de arte rupestre.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha solicitado que se archive de forma definitiva el proyecto para prolongar la explotación de las canteras ‘Alba’ y ‘Sabinar’, situadas en el entorno de Arroyo Tercero, en Moratalla, por su presunto impacto sobre la ZEC ‘Sierra de Villafuerte’, la población cercana y varios yacimientos de arte rupestre.

La entidad ecologista ha presentado alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. En estos escritos ha pedido a la administración que declare la inadmisión del expediente y que cierre el procedimiento sin más trámites.

Según ANSE, el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor está caducado. El documento lleva fecha de junio de 2016. La asociación sostiene que, por tanto, ha superado el plazo de vigencia que marca la legislación ambiental vigente.

Impacto sobre la ZEC Sierra de Villafuerte y el entorno

El colectivo recuerda que el proyecto afecta al ámbito de la Zona Especial de Conservación (ZEC) ‘Sierra de Villafuerte’, integrada en la Red Natura 2000. Se trata de un espacio protegido por su valor ecológico, donde se concentran hábitats y especies de interés comunitario.

Además, las canteras se encuentran próximas a la aldea de Arroyo Tercero. La asociación remarca la cercanía de la actividad extractiva a este núcleo de población y a diversos yacimientos de arte rupestre. Estos enclaves están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que les otorga la máxima protección patrimonial.

ANSE argumenta que el expediente ambiental presentado busca ahora dar cobertura a una explotación minera que, según la organización, se habría desarrollado durante más de 30 años sin la preceptiva evaluación ambiental previa. A su juicio, esta situación agrava la necesidad de un control administrativo estricto.

Críticas al contenido del Estudio de Impacto Ambiental

La asociación no solo cuestiona la vigencia formal del estudio. También critica su contenido técnico. En sus alegaciones, ANSE considera que el documento no evalúa de forma adecuada el impacto sobre la salud de la población ni sobre los hábitats protegidos incluidos en la ZEC.

En concreto, la organización subraya que el propio promotor reconoce desconocer los niveles de inmisión de partículas en la zona. Ese desconocimiento afecta a un área situada a menos de 500 metros del núcleo habitado de Arroyo Tercero, lo que, según ANSE, genera incertidumbre sobre la calidad del aire que respira la población.

El colectivo ambiental denuncia igualmente que el Estudio de Impacto Ambiental no analiza con suficiente detalle las posibles afecciones sobre los yacimientos de arte rupestre. Tampoco profundiza, según la asociación, en los riesgos asociados a la inestabilidad de taludes, el uso de explosivos o la posibilidad de incendios forestales vinculados a la actividad extractiva.

Solicitud de sanciones por daños ambientales

ANSE reclama además que se investiguen los daños ambientales que atribuye a actuaciones ya desarrolladas en la zona de las canteras. Entre estos impactos menciona acopios de materiales, apertura de pistas y creación de vertederos que la entidad considera ilegales dentro del espacio protegido.

A partir de estas posibles infracciones, la asociación pide que se abran, si procede, expedientes sancionadores. Su objetivo es depurar responsabilidades y corregir las alteraciones ambientales que se habrían producido durante décadas de explotación.

La organización recuerda que ya denunció el impacto de estas canteras hace 25 años ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Entonces advirtió sobre los efectos de la actividad minera en los ecosistemas de montaña de la zona. Con las nuevas alegaciones, ANSE insiste en que la administración debe revisar a fondo la situación actual de las explotaciones ‘Alba’ y ‘Sabinar’ y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y patrimonial.