La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la nueva ley que regula los Bienes de Interés Turístico en la Región de Murcia, una figura destinada a reconocer y promocionar recursos turísticos singulares con capacidad de atracción, que además ha modificado la Ley de Turismo regional sin recibir ninguna enmienda durante su tramitación.
Debate sobre el impacto de la ley
La norma ha nacido con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque el debate ha dejado claro que existen dudas sobre su impacto real en el modelo turístico y en la financiación de los municipios, especialmente los más pequeños.
El PSOE ha apoyado el texto, pero su diputado Manuel Sevilla ha matizado que el proyecto de ley ‘puede ser útil’, al tiempo que ha advertido de que ‘no debemos confundir una herramienta administrativa con una política turística‘. Ha señalado que las declaraciones de Bien de Interés Turístico pueden ayudar a poner en valor determinados recursos, pero ha remarcado que ‘no crean por sí solas un modelo turístico’, ni generan empleo automáticamente ni resuelven los problemas de financiación local.
Sevilla ha reclamado corresponsabilidad de la Comunidad Autónoma cuando un recurso obtenga este reconocimiento. Ha recalcado que ‘el reto no es conseguir una etiqueta, el reto es mantener aquello que se declara’, y ha insistido en que la protección, la promoción y la divulgación de estos bienes no pueden recaer solo sobre los ayuntamientos, que ya soportan importantes cargas económicas.
Además, el diputado socialista ha pedido que la sostenibilidad se traduzca en planificación, control de la capacidad de carga y medidas concretas de protección. Ha citado el Mar Menor como ejemplo de que ‘no puede existir una política turística desligada de la política ambiental’, subrayando que cualquier impulso turístico necesita un marco claro de preservación del entorno.
Postura de Vox y del Grupo Mixto
Desde Vox, Pascual Salvador ha respaldado la creación de la figura de Bien de Interés Turístico al considerar que parte del patrimonio histórico, cultural, natural, gastronómico y tradicional de la Región necesita ‘mayor reconocimiento, protección, promoción y capacidad para convertirse en verdaderos productos turísticos’. Ha defendido que esta herramienta puede ayudar a visibilizar recursos que hoy pasan desapercibidos para muchos visitantes.
Sin embargo, Salvador ha advertido de que ‘un sello no genera turismo por sí mismo’ y de que ‘una etiqueta no trae turistas’. Ha reclamado que la aplicación de la ley vaya unida a ‘una estrategia clara, una financiación selectiva y unos criterios exigentes’, para evitar que la figura se limite a un mero reconocimiento formal sin efectos sobre el terreno.
El diputado de Vox ha puesto el foco en la situación de los municipios pequeños, que suelen tener menos recursos técnicos y económicos para la promoción. Ha alertado de que, ‘sin financiación suficiente, esta ley corre el riesgo de convertirse en un catálogo de etiquetas sin capacidad de cambiar nada‘. También ha reclamado mejoras en la conectividad aérea y terrestre, un aumento de la capacidad de alojamiento, sobre todo en el interior de la Región, y más profesionales para el sector turístico.
Según Salvador, resulta clave aumentar la estancia media de los visitantes para incrementar el impacto económico del turismo. Ha defendido que el reconocimiento como Bien de Interés Turístico puede servir de apoyo, pero ha insistido en que solo funcionará si se acompaña de infraestructuras, servicios y promoción adecuados.
Desde el Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, se ha mostrado más crítico con el alcance de la norma. En su opinión, la ley ‘va a aportar poco’ al desarrollo turístico regional, porque se queda corta en medidas de apoyo efectivo y en obligaciones para la Administración autonómica.
Álvarez-Castellanos ha cuestionado que uno de los efectos de la declaración sea la promoción turística preferente, ya que considera que puede abrir una brecha entre municipios con más recursos y posibilidades de promoción y aquellos más pequeños y con menos medios. Ha asegurado que la norma ‘no aporta equidad‘ y ha considerado que durante su tramitación se podría haber reforzado la responsabilidad de la Comunidad en materia de promoción.
A su juicio, se trata de una ley ‘hecha como deprisa y corriendo, con poco contenido’, y ha calificado su tramitación como una ‘oportunidad bastante perdida para haber hecho algo más y algo más interesante’, especialmente para los municipios con menos recursos. No obstante, ha adelantado que su grupo no se opondría a su aprobación, lo que ha facilitado el consenso final.
Valoración de otros grupos y del Gobierno regional
También en el Grupo Mixto, Virginia Martínez ha considerado que la ley ‘va a cambiar poco’ el peso del turismo en la Región de Murcia. Ha apuntado que el impacto sería mayor si se contara con mejores infraestructuras, una gestión aeroportuaria más eficiente o mejores conexiones ferroviarias, factores que a su juicio condicionan más la llegada de visitantes que una nueva etiqueta administrativa.
Martínez ha explicado que habría presentado una enmienda al artículo 13.2 para establecer el silencio administrativo positivo, pero ha indicado que su situación durante ‘la transición de salida de un grupo y entrada en otro grupo’ le ha impedido registrarla en plazo. Ha lamentado así que no se hayan introducido ajustes que, desde su punto de vista, habrían dado más seguridad a los ayuntamientos.
Desde el PP, la diputada María de los Ángeles Román ha defendido que la finalidad de la ley no es ‘convertir cualquier cosa en un Bien de Interés Turístico’, sino reconocer aquellos recursos que ‘por su singularidad, trayectoria y capacidad de atracción pueden ayudar a proyectar nuestro municipio y generar oportunidades’. Ha presentado la norma como una herramienta flexible que cada localidad podrá adaptar a su realidad.
Román ha asegurado que la creación de esta figura permitirá a los ayuntamientos contar con un instrumento específico para que aquello que hace singular a cada municipio ‘tenga más visibilidad’ y pueda contribuir a generar actividad económica. Ha destacado que ningún grupo parlamentario haya presentado enmiendas, pese a las críticas expresadas durante la tramitación, y ha defendido las aportaciones realizadas por representantes del sector turístico en las comparecencias celebradas en la Cámara.
Tras la votación, en la que la norma ha recibido el respaldo unánime de la Asamblea, la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, ha agradecido la aprobación de la iniciativa para que ‘se siga protegiendo, reconociendo y promocionando lo que nos hace únicos en la Región de Murcia’. Ha subrayado que el nuevo marco legal busca reforzar la identidad turística regional y ofrecer seguridad jurídica a las administraciones y al sector privado.
