La Región de Murcia ha abierto un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de ayudas al alquiler joven, publicado este sábado en el BORM. La propuesta contempla subvenciones de hasta el 60% de la renta para facilitar la emancipación juvenil. Las personas interesadas pueden enviar sus aportaciones telemáticamente mediante la Sede Electrónica de la Comunidad, a través del procedimiento 1549.
La iniciativa forma parte del proyecto de orden que regulará las ayudas a jóvenes para alquilar o acceder a una vivienda o habitación. El programa se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda y corresponde al periodo PEAV 2026-2030. El trámite de audiencia permite presentar observaciones antes de que se apruebe el texto definitivo.
Cuantías y límites del alquiler
La subvención podrá alcanzar un máximo mensual de 300 euros para una vivienda completa y de 200 euros para una habitación. El periodo de concesión podrá extenderse hasta dos años, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
El borrador fija también límites al precio de los contratos. El alquiler de una vivienda no podrá superar los 1.000 euros mensuales, salvo en municipios de hasta 10.000 habitantes, donde el tope será de 500 euros. Para habitaciones, los máximos serán de 400 y 250 euros, respectivamente.
Podrán solicitar las ayudas personas de hasta 35 años, con nacionalidad española o residencia legal. También deberán estar empadronadas en el inmueble y no ser propietarias de otra vivienda en España, salvo excepciones legales. No se admitirán contratos de alquiler entre familiares de primer o segundo grado.
Los ingresos anuales no podrán superar cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El límite subirá a 5,5 veces el IPREM para personas con discapacidad igual o superior al 33% o hijos de víctimas de violencia de género. Si la discapacidad alcanza o supera el 65%, podrá llegar a seis veces el IPREM.
Una vez aprobado el texto, la Dirección General de Vivienda activará la convocatoria. Las subvenciones se adjudicarán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto, sin competir entre solicitantes mediante una valoración comparativa.
La Administración regional tendrá un máximo de seis meses para resolver y notificar cada expediente. Si no hay respuesta dentro del plazo, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.
