La Guardia Civil ha decomisado 16 kilos de ventresca de atún rojo en la lonja de Alcantarilla, en Murcia, al detectarse que se ofrecían para su venta sin la documentación necesaria que acreditara su origen y trazabilidad. El responsable del puesto ha sido denunciado por una presunta infracción grave de la Ley de Pesca Marítima del Estado.
Plan Anual de Control
La intervención se ha enmarcado en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). En este operativo ha colaborado el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa pesquera.
Durante un dispositivo de inspección, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han revisado una decena de vehículos en el acceso a la lonja. El objetivo ha sido comprobar la documentación comercial de la mercancía transportada y verificar la correcta trazabilidad de los productos pesqueros.
Falta de trazabilidad
Tras este primer control, los agentes han inspeccionado los puntos de venta del recinto. En uno de los puestos han localizado dos cajas con 16 kilogramos de ventresca de atún rojo expuestas al público. Estas piezas carecían de las etiquetas obligatorias que permiten determinar su origen, lo que ha impedido acreditar la trazabilidad del producto.
Ante esta situación, el pescado ha quedado inmovilizado en una cámara frigorífica de la lonja. Ha quedado a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, mientras se requería a la empresa propietaria la documentación necesaria para intentar acreditar el origen legal de la mercancía.
Consecuencias y sanciones
Al no poder garantizar dicho origen, y tras el examen de los servicios veterinarios de la lonja, se ha notificado a la empresa, al día siguiente, el decomiso definitivo del producto. El atún rojo intervenido se ha destinado finalmente al consumo de animales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
La Guardia Civil ha recordado que la trazabilidad del atún rojo está sujeta a una normativa europea específica. Esta regulación responde a las fuertes restricciones que afectan a las capturas de esta especie, considerada especialmente sensible por la presión pesquera.
La infracción detectada está recogida en la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado. Según esta norma, las sanciones por este tipo de conductas pueden oscilar entre 601 y 60.000 euros, en función de la gravedad de los hechos, la cantidad de producto afectado y la posible reincidencia del infractor.
