El Gobierno de la Región de Murcia ha avanzado que iniciará este jueves los trámites para habilitar 1.646 nuevas plazas de atención a personas mayores y con discapacidad. Con esta ampliación, el Ejecutivo autonómico prevé recortar más de un 90% la lista de espera de mayores y alrededor de un 47% la de personas con discapacidad.
El presidente regional, Fernando López Miras, ha detallado el anuncio durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional. Lo ha hecho al responder a una pregunta del portavoz de Vox, Rubén Martínez, sobre las ayudas individualizadas para personas mayores y con discapacidad correspondientes a 2026.
Según ha explicado López Miras, la ampliación incluye 976 nuevas plazas concertadas para mayores y personas con discapacidad. A esta oferta se sumarán otras 670 plazas en centros de día, residencias y servicios de promoción de la autonomía personal.
‘E l Consejo de Gobierno va a aprobar en los próximos días una estrategia para reforzar la dependencia’, ha indicado el presidente. Ha insistido en que el objetivo es poner en marcha estas plazas para aliviar de forma significativa las listas de espera.
Cruce de reproches por las ayudas a la dependencia
En el debate, López Miras ha reprochado a Vox que no haya apoyado distintas iniciativas parlamentarias centradas en la atención a personas vulnerables. Ha cuestionado que la formación critique la gestión de las ayudas ‘mientras vota en contra de medidas destinadas a reforzar el sistema de dependencia‘.
El presidente ha recordado que Vox votó en contra de iniciativas debatidas los días 26 de mayo, 9 de septiembre y 13 de octubre. También ha señalado su rechazo a propuestas para incorporar nuevos recursos al sistema de dependencia y facilitar subvenciones directas a entidades que atienden a personas con discapacidad, personas dependientes y mujeres embarazadas.
Asimismo, ha criticado que Vox no apoyara la toma en consideración de una proposición de ley del PP. Esa iniciativa buscaba fijar equivalencias entre los grados de dependencia y discapacidad y eliminar el copago para personas con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Por su parte, Rubén Martínez ha denunciado que las ayudas individualizadas de 2026 ‘ni se han convocado ni se han pagado’. Ha acusado al Ejecutivo regional de retrasar su tramitación hasta 2027 y ha reclamado explicaciones.
El diputado de Vox ha asegurado que muchos ciudadanos llevan meses esperando subvenciones para comprar audífonos o adaptar sus viviendas. Además, ha exigido a López Miras que aclare ‘dónde está el dinero’ previsto para estas prestaciones.
Alerta por el impacto del parón del trasvase Tajo-Segura
En la misma sesión, el presidente murciano ha respondido a una pregunta del portavoz del PP, Joaquín Segado, sobre el trasvase Tajo-Segura. Segado le ha pedido un balance del impacto de la suspensión temporal del trasvase por las obras de reparación del acueducto.
López Miras ha advertido de que la Región podría dejar de recibir 65 hectómetros cúbicos destinados al regadío y otros 20 para abastecimiento. Ha subrayado que se trata de las previsiones más conservadoras que maneja el Ejecutivo autonómico.
‘Está valorado cada hectómetro cúbico en cuatro millones de euros’, ha señalado el presidente. Ha avisado de las consecuencias económicas que tendría para el sector agrícola regional la pérdida de estos recursos.
Con esa valoración, los 65 hectómetros cúbicos de agua para regadío supondrían un impacto potencial de 260 millones de euros. López Miras ha defendido que un recorte de esa magnitud pondría en riesgo explotaciones agrarias y empleo asociado al sector.
El jefe del Ejecutivo regional ha calificado la situación como un ‘cierre encubierto’ del trasvase. Ha acusado al Gobierno central de aprovechar la avería para mantener paralizada la infraestructura durante seis meses, hasta aplicar las nuevas reglas de explotación.
‘Su objetivo es cerrar el trasvase Tajo-Segura y han encontrado una excusa más para cerrarlo seis meses’, ha afirmado. Ha pedido además explicaciones sobre el calendario detallado de las obras de reparación y sobre cómo se financiará el agua desalada que deban usar los regantes.
Debate sobre la subida del salario mínimo
La sesión de control ha incluido también un cruce de posiciones sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha preguntado al presidente por su postura ante el incremento anunciado por el Gobierno de España.
‘Yo considero que todas las subidas del salario mínimo, de cualquier salario, son positivas y son necesarias, y además un elemento indispensable es que sean posibles. Si se cumplen estos requisitos, por supuesto que estoy a favor’, ha respondido López Miras.
Fernández ha denunciado que la Región de Murcia registra el segundo salario más bajo de España. Ha asegurado que los trabajadores murcianos cobran 265 euros mensuales menos que la media nacional.
La diputada socialista ha defendido que el Gobierno central ha elevado el salario mínimo de 736 a 1.221 euros. Ha subrayado que esto supone un incremento del 66% y ha destacado que la medida beneficia a más de 100.000 trabajadores murcianos.
‘El salario mínimo se va a fijar por decreto, señor López Miras, por decreto, porque sabemos exactamente a quién tenemos que defender en este país’, ha afirmado Fernández. Además, ha acusado al PP de no respaldar de forma clara las mejoras salariales.
En su réplica, López Miras ha señalado que, a su juicio, el principal problema de las familias españolas es la pérdida de poder adquisitivo. Ha vinculado esa pérdida con el encarecimiento de los productos básicos y de la vivienda.
‘Ustedes han empobrecido a España, han empobrecido a los españoles y han empobrecido a las familias más vulnerables’, ha afirmado dirigiéndose al PSOE. Ha recalcado que cualquier incremento salarial debe analizarse también con la evolución del coste de la vida.
En este sentido, ha defendido las políticas fiscales de su Gobierno. Ha destacado que los contribuyentes de la Región de Murcia se han beneficiado de un ahorro fiscal de 208,6 millones de euros en la campaña de la renta de 2025, un 21% más que el año anterior.
López Miras ha contrapuesto ese ahorro a la política fiscal del Gobierno central. Le ha acusado de elevar la presión tributaria sobre las familias mientras aumentan los precios de bienes y servicios esenciales.
