El Gobierno regional de Murcia ha anunciado que va a poner en marcha 1.646 nuevas plazas para personas mayores y con discapacidad, con las que prevé reducir más de un 90% las listas de espera de mayores y en torno a un 47% las de personas con discapacidad. El presidente Fernando López Miras ha adelantado que el Consejo de Gobierno iniciará este jueves los trámites para esa ampliación, que forma parte de una nueva estrategia para reforzar la dependencia.
Según ha explicado López Miras en la sesión de control en la Asamblea Regional, el plan incluye 976 nuevas plazas concertadas para personas mayores y con discapacidad. Además, se sumarán otras 670 plazas en centros de día, residencias y servicios de promoción de la autonomía personal.
El presidente ha señalado que el objetivo es que estas nuevas plazas permitan reducir de forma notable las listas de espera del sistema de dependencia. Ha defendido que se trata de un refuerzo importante para la atención a las personas más vulnerables en la Región de Murcia.
Cruce con Vox por las ayudas individualizadas
El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, sobre las ayudas individualizadas para personas mayores y con discapacidad correspondientes a 2026.
Martínez ha denunciado que dichas ayudas ‘ni se han convocado ni se han pagado’ y ha acusado al Ejecutivo de retrasar su tramitación hasta 2027. Ha asegurado que muchos ciudadanos llevan meses esperando subvenciones para adquirir audífonos o adaptar sus viviendas y ha exigido al presidente que explique ‘dónde está el dinero’ destinado a estas prestaciones.
López Miras ha reprochado a Vox que no haya respaldado distintas iniciativas parlamentarias sobre atención a personas vulnerables. Ha cuestionado que el partido critique ahora la gestión de las ayudas mientras vota en contra de medidas para reforzar el sistema de dependencia.
En este sentido, ha recordado que Vox votó en contra de iniciativas debatidas los días 26 de mayo, 9 de septiembre y 13 de octubre. También ha citado propuestas rechazadas para incorporar nuevos recursos al sistema de dependencia y conceder subvenciones directas a entidades que atienden a personas con discapacidad, personas dependientes y mujeres embarazadas.
Además, ha criticado que Vox no apoyara la toma en consideración de una proposición de ley del PP. Esta iniciativa buscaba fijar equivalencias entre los grados de dependencia y discapacidad y suprimir el copago para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Alerta por el parón del trasvase Tajo-Segura
Durante la misma sesión, el presidente murciano ha advertido de las consecuencias de la suspensión temporal del trasvase Tajo-Segura por las obras de reparación del acueducto.
En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, López Miras ha cifrado en 65 los hectómetros cúbicos que podrían dejar de llegar para regadío. Además, ha indicado que se perderían otros 20 hectómetros destinados al abastecimiento, según las previsiones más conservadoras.
‘Está valorado cada hectómetro cúbico en cuatro millones de euros’, ha señalado el presidente. Ha subrayado que esta estimación refleja el fuerte impacto económico que tendría para el sector agrícola regional la pérdida de esos recursos.
Con este cálculo, los 65 hectómetros cúbicos para regadío supondrían un impacto potencial de 260 millones de euros. López Miras ha alertado de que una reducción de ese calibre afectaría de lleno a las explotaciones agrícolas y a la economía ligada al regadío intensivo en la Región de Murcia.
El presidente ha calificado la situación de ‘cierre encubierto’ del trasvase Tajo-Segura. Ha acusado al Gobierno central de aprovechar la avería para mantener la infraestructura paralizada durante seis meses, hasta la aplicación de las nuevas reglas de explotación.
‘Su objetivo es cerrar el trasvase Tajo-Segura y han encontrado una excusa más para cerrarlo seis meses’, ha afirmado. Ha reclamado al Ejecutivo central un calendario claro de reparación de las instalaciones y explicaciones sobre cómo se va a financiar el agua desalada que necesitarán los regantes.
Debate sobre el salario mínimo interprofesional
La sesión de control también ha incluido un debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno de España.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha preguntado al presidente por su posición ante este aumento. López Miras ha respondido: ‘Yo considero que todas las subidas del salario mínimo, de cualquier salario, son positivas y son necesarias, y además un elemento indispensable es que sean posibles. Si se cumplen estos requisitos, por supuesto que estoy a favor’.
Fernández ha criticado que la Región de Murcia registre el segundo salario más bajo de España. Ha afirmado que los trabajadores murcianos cobran 265 euros mensuales menos que la media nacional.
La diputada socialista ha defendido que el Gobierno central ha elevado el salario mínimo de 736 a 1.221 euros, un 66% más. Ha destacado que este incremento beneficia a más de 100.000 trabajadores de la Región.
‘El salario mínimo se va a fijar por decreto, señor López Miras, por decreto, porque sabemos exactamente a quién tenemos que defender en este país’, ha señalado Fernández. Ha acusado al PP de no respaldar de forma clara las mejoras salariales.
En su réplica, López Miras ha sostenido que el principal problema de las familias españolas es la pérdida de poder adquisitivo. Ha atribuido esa situación al encarecimiento de los productos básicos y de la vivienda.
‘Ustedes han empobrecido a España, han empobrecido a los españoles y han empobrecido a las familias más vulnerables’, ha afirmado el presidente, en referencia al Gobierno central. Ha insistido en que cualquier subida salarial debe analizarse teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida.
En esta línea, ha defendido las políticas fiscales de su Ejecutivo. Ha resaltado que los contribuyentes de la Región de Murcia se han beneficiado de un ahorro fiscal de 208,6 millones de euros en la campaña de la renta de 2025, un 21% más que el año anterior.
López Miras ha contrapuesto estas medidas a la política fiscal del Gobierno central. Ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de aumentar la presión tributaria sobre las familias mientras suben los precios de los bienes y servicios esenciales.
