La Región de Murcia ha registrado en 2025 un fuerte aumento de los casos detectados de posible maltrato infantil, con 2.735 notificaciones frente a las 1.859 del año anterior. Este incremento del 47,1% ha derivado en la apertura de 1.003 expedientes por desamparo y en 818 nuevas altas en acogimiento residencial, las cifras más altas de la serie histórica, según datos de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad difundidos por el Centro Regional de Estadística de Murcia.
La estadística recoge sospechas y evidencias de maltrato a menores comunicadas a los servicios competentes. Cada notificación activa la intervención técnica de los servicios sociales y puede desembocar o no en la apertura de un expediente. El fuerte aumento de avisos refleja, por tanto, un mayor volumen de situaciones de posible desprotección infantil detectadas y gestionadas por la Administración regional.
Negligencia y maltrato emocional, las formas más frecuentes
La negligencia se ha mantenido en 2025 como la principal tipología de maltrato notificada en la Región de Murcia. Este tipo de casos ha sumado 1.428 alertas, frente a las 853 registradas en 2024. La negligencia incluye situaciones en las que las necesidades básicas del menor no quedan suficientemente cubiertas de forma continuada.
En segundo lugar se sitúa el maltrato emocional, con 674 notificaciones en 2025, por encima de las 555 del ejercicio anterior. Bajo esta categoría se agrupan conductas que dañan de forma sostenida el bienestar psicológico del menor, como humillaciones, amenazas o exposición a conflictos graves.
Las alertas por maltrato físico han ascendido a 455 en 2025, frente a las 310 contabilizadas en 2024. En cuanto a la violencia sexual, se han comunicado 178 casos, también por encima de los 141 del año previo. Estas cifras muestran que todas las formas de maltrato infantil controladas por el registro han experimentado un crecimiento respecto al ejercicio anterior.
Si se analiza la serie histórica 2003-2025, el volumen global de notificaciones mantiene una tendencia al alza desde 2021. Ese año se registraron 1.319 alertas, una cifra que ya superó con holgura las 843 comunicaciones de 2020. Ese ejercicio marcado por la pandemia concentró un descenso puntual, ligado a las restricciones y al menor contacto de los menores con el entorno escolar y social, donde suelen detectarse muchos de estos casos.
Más desamparo y menos casos catalogados solo como riesgo
En el ámbito de la desprotección infantil, la Consejería ha contabilizado 1.408 nuevos casos en 2025, ligeramente por encima de los 1.397 anotados en 2024. La estadística diferencia dos figuras de intervención administrativa: las situaciones de riesgo y los expedientes por desamparo.
Los posibles casos de desamparo se han traducido en la apertura de 1.003 nuevos expedientes a menores en 2025. Es la primera vez que se supera el umbral del millar en toda la serie oficial 2001-2025 y se rebasan así las 941 aperturas alcanzadas en 2018, que constituían el máximo anterior.
En cambio, las notificaciones tramitadas como posible situación de riesgo han descendido a 405 en 2025, frente a las 502 gestionadas el año anterior. La Consejería recuerda que estos casos de riesgo recogen alertas que pueden derivar o no en la apertura posterior de un expediente familiar, según la valoración técnica.
La evolución indica un peso creciente de las situaciones consideradas de mayor gravedad, que terminan en un expediente de desamparo. Esta calificación conlleva medidas de protección más intensas y puede implicar la separación temporal del menor de su núcleo familiar de origen.
Récord de acogimiento residencial y repunte de tutelas
El aumento de intervenciones administrativas ha tenido un reflejo directo en las medidas de protección acordadas por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación. Las altas dictadas para acogimiento residencial han llegado a 818 en 2025, un 15,7% más que las 707 de 2024, y han marcado el máximo anual de toda la serie histórica.
El acogimiento residencial es una medida de carácter temporal que implica el ingreso del menor en un centro especializado o en un piso tutelado de la red pública autonómica. Se adopta en situaciones de grave desprotección o desamparo para asegurar alojamiento, manutención, seguimiento educativo y atención integral. Estas garantías se mantienen mientras se analiza y trata de resolver la situación familiar de origen.
También han aumentado las resoluciones de tutela asumidas por la Administración autonómica, que han sumado 449 altas en 2025 frente a las 430 del año anterior. Este dato consolida el repunte iniciado en 2022, cuando se contabilizaron 299 tutelas. La asunción de la tutela supone que la Comunidad Autónoma pasa a ejercer de forma plena las funciones de protección sobre el menor.
En sentido contrario, las medidas dirigidas a la inserción en un entorno familiar alternativo han disminuido en 2025. Las resoluciones de acogimiento familiar han bajado a 103, frente a las 126 registradas en 2024. Este tipo de recurso permite que el menor conviva con otra familia mientras no puede permanecer con la suya.
Por su parte, los autos de adopción nacional dictados por los juzgados se han reducido a 20 resoluciones en la Región de Murcia durante 2025. En el ejercicio anterior se habían contabilizado 35, por lo que la cifra refleja un descenso significativo en la culminación de procesos de adopción respecto a años recientes.
