El sistema de protección ferroviaria LZB, cuya avería precedió al accidente de alta velocidad de Urda (Toledo), ha registrado 170 incidencias desde comienzos de 2026. Así lo ha confirmado este viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha defendido que ese volumen de fallos entra dentro de los parámetros habituales en Europa. La comparecencia se produce mientras continúa la investigación de una tragedia que ha dejado al menos 69 fallecidos.
El ministro ha explicado que el número de incidencias del LZB se mantiene generalmente entre 150 y 200 cada año. También ha asegurado que los registros actuales son inferiores a la media de los dos ejercicios anteriores. Según Puente, el sistema dispone de protocolos para responder a las interrupciones de funcionamiento, de modo que una avería no debería desembocar necesariamente en un accidente.
Los investigadores todavía desconocen qué originó la pérdida de comunicación con el LZB antes del choque. Para determinarlo, será necesario acceder a los registros técnicos con la intervención de Hitachi, una actuación pendiente de autorización. La investigación también examina la gestión del tráfico desde el centro de control de Adif y las órdenes transmitidas a los dos trenes.
La identificación de las víctimas continúa y 17 heridos siguen en cuidados intensivos
Las autoridades mantienen en 69 el número de fallecidos por el accidente ferroviario. Hasta el momento, los equipos forenses han identificado a 13 víctimas y han comunicado oficialmente ocho identificaciones a sus familias. Los trabajos continúan para completar el reconocimiento de los cuerpos y ofrecer información a los allegados.
El balance sanitario sitúa en 39 los heridos que permanecen hospitalizados en Castilla-La Mancha. De ellos, 17 están ingresados en unidades de cuidados intensivos y otros 22 reciben atención en planta. Desde el miércoles, los hospitales de la comunidad han registrado 71 altas médicas. Además, cuatro pacientes siguen en UCI en centros sanitarios madrileños.
En Toledo permanecen ingresadas 21 personas, mientras que Alcázar de San Juan atiende a nueve, Ciudad Real a ocho y Albacete a una. Las autoridades sanitarias han comunicado que los cuatro pacientes que inicialmente se encontraban en una situación más delicada evolucionan favorablemente.
La Guardia Civil ha contabilizado asimismo 70 denuncias por desaparición relacionadas con la tragedia. Las autoridades han precisado que este dato no debe confundirse con el número de víctimas pendientes de localizar, puesto que algunas denuncias corresponden a personas fallecidas cuya identificación todavía está en curso.
El ministro justifica el retraso en la implantación del ERTMS
La línea ferroviaria donde ocurrió el accidente tenía prevista la sustitución del sistema LZB por el ERTMS en abril de 2026. Sin embargo, los trabajos no han concluido y Transportes calcula que finalizarán a principios de 2027.
Puente ha reconocido ese retraso, aunque lo ha considerado «limitado». El ministro ha sostenido que ambos sistemas son equiparables en materia de seguridad y que el ERTMS también puede sufrir fallos. Por ello, ha evitado relacionar directamente la demora en su implantación con el accidente de Urda.
El responsable de Transportes ha recordado que el LZB lleva utilizándose 36 años en España. También ha señalado que continúa presente en gran parte de las redes ferroviarias de alta velocidad de Alemania y Austria, donde constituye una tecnología habitual de supervisión de la circulación.
Respecto a la adjudicación del contrato para sustituirlo, realizada en 2021, Puente ha explicado que los técnicos examinaron la viabilidad de la oferta. El ministro también ha defendido las labores de mantenimiento y ha insistido en que todavía no existen conclusiones que permitan determinar qué factores provocaron la colisión.
El centro de control disponía de 17 minutos para intervenir, según Puente
La investigación presta especial atención a lo ocurrido después de que el Iryo comunicara su imposibilidad de continuar circulando. Desde ese aviso hasta el choque transcurrieron 17 minutos, un periodo que, según Óscar Puente, ofrecía margen suficiente para adoptar medidas de seguridad.
El ministro ha explicado que los controladores podían observar la posición de ambos trenes a través de las pantallas del centro de regulación. Aunque el LZB había dejado de funcionar, los sistemas seguían mostrando la ocupación de los sectores ferroviarios. En un primer momento, el AVE y el Iryo se encontraban separados por unos 25 kilómetros.
A medida que avanzaba el tren de Renfe, los tramos por los que circulaba aparecían ocupados. El Iryo permanecía detenido y también figuraba en pantalla. Puente ha señalado que esa información permitía seguir la aproximación del AVE, pero no se produjo una advertencia capaz de impedir el choque.
El ministro ha reiterado que los indicios apuntan a las actuaciones del centro de control, aunque ha insistido en que la investigación deberá aclarar las circunstancias concretas. En el momento del accidente había 16 controladores trabajando en la sala, una dotación que considera adecuada.
Puente también ha defendido el incremento de efectivos en los últimos años. Los centros de control y regulación de Adif han pasado de 1.008 trabajadores en 2016 a 1.762 actualmente. En Atocha, la plantilla ha crecido de 70 empleados en 2012 a 133.
El empleado que dio instrucciones al AVE ejerce su derecho a no declarar
El trabajador del centro de control de Adif que ordenó al AVE reanudar la circulación con «marcha normal» ha rechazado prestar declaración ante la Guardia Civil. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que el empleado se ha acogido a este derecho mientras avanzan las diligencias policiales.
Los investigadores tratan de determinar qué instrucciones se transmitieron, en qué circunstancias y qué información estaba disponible para los responsables de circulación. La decisión del operario de no declarar no implica por sí misma que haya cometido ninguna irregularidad.
Paralelamente, la AITAT continúa su investigación técnica. Sus especialistas han visitado el centro de control de alta velocidad de Adif en Atocha y han examinado los registros de comunicaciones. El organismo explicó el jueves que algunos profesionales implicados todavía no habían podido ser entrevistados porque no se encontraban en condiciones de hacerlo.
La reconstrucción de esas comunicaciones será esencial para conocer la secuencia de decisiones que siguió a la avería del sistema de seguridad.
El AVE alcanzó al Iryo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 km/h
La primera nota técnica de la AITAT sitúa provisionalmente la velocidad del AVE entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del impacto. Los investigadores deberán comprobar esa estimación mediante el análisis de los registradores de ambos trenes.
El accidente se produjo el miércoles 28 de octubre, a las 8.53 horas, en el kilómetro 118+800 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El Iryo 6076 estaba detenido ante una señal de entrada de Urda cuando el AVE 2080 de Renfe lo alcanzó por detrás.
La violencia de la colisión provocó el descarrilamiento de numerosos coches. Varios vehículos terminaron desplazados por el terraplén y otros sufrieron daños de gran magnitud. La autoridad investigadora ha documentado su posición y los desperfectos para reconstruir cómo se produjo el choque.
Según la cronología provisional, la avería del LZB comenzó a las 8.31 horas. Después, los trenes pasaron a circular bajo el régimen de Bloqueo de Señalización Lateral. Los responsables de circulación debían gestionar el tráfico conforme a los procedimientos previstos para esa situación.
La investigación estudia ahora las comunicaciones, los registros de los trenes y los posibles factores técnicos, humanos y organizativos. Todas las hipótesis permanecen abiertas y todavía no se ha establecido una causa definitiva.
Orgaz concentra las diligencias judiciales sobre la colisión
El Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, es el órgano encargado de investigar las posibles responsabilidades penales derivadas del accidente. Sus actuaciones se desarrollan de forma paralela al análisis técnico de la AITAT.
La complejidad del procedimiento ha motivado una petición de refuerzo por parte de CSIF. El sindicato ha solicitado al Ministerio de Justicia la incorporación urgente de al menos cinco profesionales para apoyar las tareas de gestión, tramitación y auxilio judicial.
Entre las pruebas pendientes de análisis destacan los registradores recuperados de los trenes. La Guardia Civil mantiene su custodia y los datos deberán examinarse conforme a las condiciones que establezca la autoridad judicial. Su contenido ayudará a reconstruir las maniobras anteriores al choque y a contrastar las comunicaciones ferroviarias.
Sánchez promete reforzar la seguridad tras los accidentes de Urda y Adamuz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado este viernes a Toledo para participar en una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado. En el encuentro también han intervenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Sánchez ha reconocido que los accidentes de Urda y Adamuz han dañado la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad española. Por ello, ha anunciado que el Ejecutivo impulsará soluciones para reforzar el sistema ferroviario, además de continuar investigando las causas de ambos siniestros.
El jefe del Gobierno ha señalado que no resulta asumible que España haya sufrido dos accidentes de semejante magnitud en un mismo año. También ha trasladado sus condolencias a las familias, ha destacado el trabajo de los equipos de emergencia y ha reconocido la angustia de quienes todavía esperan información sobre sus allegados.
El presidente ha recordado que entre las víctimas figuran personas de 27 nacionalidades. Las autoridades españolas mantienen contactos con los consulados correspondientes para facilitar información y coordinar la atención a las familias.
Puente descarta abandonar el Gobierno por las críticas de la oposición
El ministro de Transportes ha asegurado que no contempla dimitir por iniciativa propia y que continuará trabajando para esclarecer las causas del accidente. Sin embargo, fuentes del Gobierno han indicado que ha puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez.
Según esas fuentes, el presidente considera injusto apartarlo en este momento. Puente ha insistido en que su obligación consiste en ofrecer explicaciones, colaborar con las investigaciones y contribuir a recuperar la confianza de los usuarios del ferrocarril.
El titular de Transportes también está valorando no participar en la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre. La decisión sigue pendiente y, por ahora, no se ha anunciado ningún cambio en sus responsabilidades ministeriales.
