El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado que el adelanto electoral ha frenado la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha asegurado que su demanda por el supuesto incumplimiento de la planificación hidrológica seguirá adelante ante el Ejecutivo que se forme tras las elecciones del 29 de noviembre.
La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que el actual Ejecutivo central ha tenido tiempo para abordar este cambio, pero que finalmente no lo ha hecho. Según ha señalado, el Gobierno no ha afrontado esta reforma porque, a su juicio, no contaba con la fuerza política suficiente.
Padilla ha afirmado que ‘cuando se está midiendo cada voto en una comunidad autónoma, no solo en el Parlamento, no se tiene la fuerza suficiente para afrontar un compromiso que se había adquirido, y esto se queda fuera’. Con esta reflexión ha querido subrayar que el contexto político previo al adelanto electoral ha condicionado la agenda legislativa.
Sin avances en la tramitación
La portavoz ha detallado que el parón en las reglas de explotación del trasvase implica que el procedimiento administrativo ni siquiera ha arrancado. No se ha abierto la consulta pública, no se ha elevado el asunto al Consejo Nacional del Agua y tampoco ha llegado al Consejo de Ministros.
Además, ha remarcado que ‘no se ha hecho por supuesto un proyecto de ley, que nosotros consideramos que tenía que ser necesario para la modificación de estas reglas’. A su juicio, este instrumento legislativo era la vía adecuada para dar estabilidad a cualquier cambio en la gestión del Tajo-Segura.
Padilla ha insistido en que ya ‘no hay tiempo material’, porque la legislatura ha terminado. Por este motivo, ha lamentado que ‘Castilla-La Mancha se queda sin la modificación de esas reglas de explotación’, pese a que el Gobierno regional venía reclamando esta revisión.
La consejera ha añadido que una reforma de este calado no puede aprobarse con el Gobierno en funciones ni a través de la Diputación Permanente, porque el margen temporal es muy limitado y el procedimiento requiere varias fases formales.
Demanda por la planificación hidrológica
Aunque la modificación de las reglas de explotación ha quedado aparcada, Padilla ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una demanda por presunto incumplimiento de la planificación hidrológica.
Esa demanda, ha recalcado, ‘va a seguir adelante y no se acaba con la legislatura‘. La portavoz ha precisado que ‘la hemos presentado ante este Gobierno y seguirá ante el Gobierno que salga después del 29 de noviembre‘.
Con ello, el Ejecutivo castellanomanchego quiere mantener viva su reivindicación en defensa, según sostiene, de los intereses hídricos de la región, más allá de los cambios en el calendario político nacional.
Financiación autonómica y adelanto electoral
Padilla también se ha referido a la financiación autonómica. Ha señalado que, como no se ha modificado el modelo en aquello que, según ha dicho, perjudica a Castilla-La Mancha, ‘está bien que no haya salido adelante’.
Ha recordado que la propuesta del Ejecutivo regional pasaba por que cualquier cambio se redactara y se negociara con el objetivo de garantizar ‘el principio de igualdad entre todos los españoles‘. Ha defendido así una reforma acordada y equilibrada del sistema.
Sobre el adelanto electoral, la consejera ha reiterado que el Gobierno regional lo consideraba ‘imprescindible’. En su opinión, era necesario que la ciudadanía pudiera pronunciarse primero sobre la política nacional y, en un momento posterior, valorar la gestión de alcaldes, alcaldesas y presidentes autonómicos.
‘El valor del voto es muy importante en una democracia y no solo se trata de que se pueda votar, sino que se pueda votar con todas las garantías’, ha subrayado Padilla. Ha añadido que ‘lo más democrático es saber y tener muy claro en cada proceso qué se está votando’.
Según ha concluido, el adelanto electoral era, desde la óptica del Gobierno castellanomanchego, la única forma de garantizar que cada cita con las urnas tuviera un objeto claro y diferenciado para los ciudadanos.
