El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, y la alcaldesa de Jumilla, Severa González, han reclamado al Gobierno central que actúe con urgencia ante las restricciones al uso de acuíferos previstas a partir de 2027 en la cuenca del Segura. Ambos han advertido de que el recorte de bombeos amenaza la actividad agrícola y económica, especialmente en el Altiplano, y han exigido que se tramiten prórrogas y se habiliten recursos alternativos de agua antes de que se produzca el ajuste.
Luengo ha avanzado que el Partido Popular llevará esta demanda a las Cortes Generales. Su objetivo es que el Gobierno de España solicite y tramite las prórrogas necesarias y presente soluciones antes de que las limitaciones al uso de agua subterránea comprometan la actividad económica y social de la Región de Murcia.
Según el senador, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva años sin actuar pese a conocer la situación. Ha asegurado que ‘ya está bien de que el Gobierno de España castigue a la Región de Murcia‘, y ha criticado que ‘mientras otras comunidades reclaman y consiguen soluciones, aquí tenemos un Gobierno que conoce el problema, que tiene sobre la mesa las alternativas y que, sin embargo, sigue sin actuar’.
Impacto económico y empleo en la cuenca del Segura
Luengo ha detallado que ‘los datos reflejan la magnitud del problema: de las 63 masas de agua subterránea existentes en la Demarcación del Segura, 40 presentan problemas de sobreexplotación‘. Ha añadido que las restricciones previstas podrían afectar a 40.722 hectáreas de regadío.
El Partido Popular calcula que estas limitaciones supondrían unas pérdidas de producción de 826 millones de euros anuales y 25.350 empleos en el conjunto de la cuenca del Segura. Solo en la Región de Murcia, el impacto alcanzaría los 680 millones de euros al año y 20.570 puestos de trabajo.
El senador ha subrayado además que a la exigencia de reducir el uso de acuíferos se suma un problema previo: la falta de recursos alternativos con los que sustituir los bombeos. Ha recordado que ninguna comarca puede disminuir la extracción de sus pozos si no cuenta con otra fuente de agua que la sustituya.
En su opinión, esa sustitución exige infraestructuras de conexión, garantía de suministro y un coste asumible para el regante. Ha advertido de que estas tres condiciones ‘hoy no están resueltas en buena parte del territorio’. También ha incidido en que, en el conjunto de la demarcación, la disponibilidad de recursos de origen externo se ha ido estrechando. Esto ha trasladado todavía más presión sobre el agua subterránea.
‘No se puede exigir que se bombee menos y no poner al mismo tiempo sobre la mesa el agua que debe sustituir a ese bombeo’, ha afirmado Luengo, que ha avisado de que el futuro de agricultores, ganaderos y miles de familias está en juego.
Reclamo de flexibilidad en la aplicación de la Directiva Marco del Agua
El senador ha recordado que el Gobierno regional ya ha trasladado formalmente esta preocupación al Ministerio para la Transición Ecológica. En esa comunicación, la Comunidad ha reclamado que se apliquen a las masas de agua subterránea afectadas los mecanismos de flexibilidad que permite la normativa europea con vistas al próximo ciclo de planificación hidrológica.
La carta enviada por el Gobierno de Fernando López Miras recuerda que existen dificultades técnicas, ambientales y económicas que, a su juicio, están suficientemente acreditadas para justificar esa flexibilidad. Luengo ha señalado que la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) admite en su artículo 4 la ampliación de plazos cuando las condiciones naturales impiden alcanzar el buen estado en el horizonte previsto.
Según ha explicado, este sería ‘exactamente el caso’ de las masas de agua subterránea sobreexplotadas, ya que la recuperación de un acuífero se mide en décadas, con independencia de la intensidad de las medidas aplicadas. Además, ha apuntado que la Directiva contempla la fijación de objetivos adaptados cuando el coste social y económico de alcanzarlos resulte desproporcionado.
Por ello, el Gobierno regional reclama que España active estos mecanismos de forma específica, masa a masa, y con el respaldo técnico acumulado durante años por el propio Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura. ‘No estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se aplique la propia legislación europea y que se utilicen las herramientas que contempla para situaciones como la nuestra’, ha defendido Luengo.
Jumilla y el Altiplano, entre las zonas más afectadas
La alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha insistido en las graves consecuencias que tendría para el municipio no disponer de alternativas de agua antes de 2027. Ha recordado que, en el Consejo del Agua de la Demarcación del Segura, exigió soluciones frente a la prohibición de utilizar agua de los acuíferos.
En ese foro, González alertó de que el desarrollo local, social y agrario de Jumilla y del Altiplano se encuentra en una situación de grave riesgo. Ha subrayado que el impacto se concentra especialmente en la actividad agrícola y agroalimentaria de la zona.
En el conjunto del Altiplano, donde se ubican Jumilla y Yecla, las restricciones previstas afectan a 15.433 hectáreas de regadío y a alrededor de 6.000 empleos directos. ‘Jumilla no puede quedarse sin agua para su agricultura y su futuro; sin agua no hay agricultura, no hay empleo, no hay oportunidades y no hay vida’, ha recalcado la alcaldesa.
González ha reclamado que el Gobierno de España actúe antes de que llegue 2027. Ha defendido que ‘reclamamos plazo para ordenar la transición, no para mantener la situación actual’. En su opinión, ‘el ajuste hay que hacerlo, pero acompasado a la sustitución de recursos y sin destruir en un solo ciclo el tejido productivo de comarcas enteras’.
La regidora jumillana ha exigido garantías para el futuro de los agricultores y de toda la actividad vinculada al agua. ‘No podemos permitir que se condene a Jumilla a perder actividad económica y oportunidades por no haber hecho a tiempo las infraestructuras y buscado recursos alternativos’, ha insistido.
Luengo ha concluido que la prioridad es aplicar ya lo que permite la Directiva Marco del Agua. En paralelo, ha avanzado que el Partido Popular seguirá defendiendo en Europa una revisión de esta norma que adapte objetivos y plazos a la realidad de territorios con escasez hídrica estructural.
‘López Miras va a seguir defendiendo con uñas y dientes los intereses de la Región de Murcia, y desde el Partido Popular vamos a hacer lo mismo en todas las instituciones. No vamos a aceptar que se cierre el grifo y se deje a nuestros agricultores sin alternativas. Sánchez tiene que ponerse a trabajar y solucionar un problema que conoce desde hace más de ocho años’, ha rematado el senador popular.
