Ocho comunidades autónomas con litoral, entre ellas la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, han reclamado al Gobierno central que paralice las modificaciones del Reglamento General de Costas, del Reglamento de Estrategias Marinas y de la reforma de la Ley de Costas estatal, y que abra un proceso de diálogo que dé seguridad jurídica a los vecinos afectados.
Las reclamaciones se han planteado durante el I Congreso de Costas de Canarias, celebrado los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana. En el encuentro han participado representantes de la Región de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y País Vasco. Todas estas autonomías han pedido implicarse en la elaboración de unas normas que condicionan la gestión y la ordenación de sus costas.
El director general de Litoral y Puertos de la Región de Murcia, Agustín Osete, ha intervenido en la mesa de debate ‘Los nuevos traspasos competenciales en materia de litoral: experiencia y negociación’. En su intervención ha defendido que las comunidades costeras deben estar presentes en cualquier cambio normativo que afecte a su litoral.
‘Somos las comunidades autónomas costeras quienes conocemos las particularidades de nuestro litoral y debemos participar en las decisiones que condicionan su gestión y su futuro’, ha señalado Osete. El responsable autonómico ha recordado que el Gobierno regional solicitó formalmente el pasado mes de septiembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la transferencia de competencias en materia de costas.
Según ha explicado, la Región de Murcia quiere ampliar su capacidad de gestión sobre su franja litoral. Esa mayor capacidad permitiría, a su juicio, un contacto más directo con los afectados y una respuesta más ajustada a la realidad de cada municipio costero.
‘Las decisiones sobre nuestro litoral deben tener en cuenta la realidad de cada territorio y contar con la participación de las administraciones que conocen sus necesidades. El diálogo y la seguridad jurídica son fundamentales para abordar cualquier cambio normativo’, ha afirmado el director general. Con esta posición ha ligado la reforma de la Ley de Costas con la protección de los derechos de los vecinos y con la estabilidad de las inversiones en la costa.
Actualización de la Ley de Costas de 1988
Uno de los asuntos destacados del congreso ha sido la necesidad de revisar la Ley de Costas de 1988. Esta norma ha regulado el dominio público marítimo-terrestre durante casi cuatro décadas, en un contexto muy distinto al actual.
Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo y redactor de la ley estatal, ha defendido, según la información facilitada por la organización, la conveniencia de actualizarla. Ha señalado que la realidad física y administrativa del litoral ha cambiado desde su aprobación y que esa evolución hace necesaria una puesta al día de la regulación.
Osete ha insistido en que ‘la actualización de la Ley de Costas debe servir para dar respuesta a los problemas reales del litoral, incluidos los efectos de los temporales, y ofrecer mayor seguridad jurídica a los vecinos’. A su juicio, la reforma no debe limitarse a ajustes técnicos, sino atender a situaciones que llevan años generando incertidumbre en los municipios costeros.
El director general ha subrayado que ‘es necesario compatibilizar la protección de la costa con la realidad de los municipios litorales y contar con las comunidades autónomas en las decisiones que afectan a su territorio’. Con ello ha reclamado un papel activo para las autonomías tanto en el diseño como en la aplicación práctica de los cambios.
Inseguridad jurídica y viviendas afectadas
Osete ha puesto el foco en las consecuencias que las decisiones sobre deslindes tienen para miles de familias. ‘La inseguridad jurídica tiene cifras y tiene rostro: 600 viviendas en los deslindes y, detrás de cada una, una familia’, ha señalado.
El responsable de Litoral y Puertos ha remarcado que esas casas ‘no son nuevos desarrollos urbanísticos, sino hogares con décadas de historia, muchos con licencia de obras y escrituras inscritas en el Registro’. Ha descrito que se trata de viviendas consolidadas, construidas hace años y en muchos casos regularizadas por la propia administración.
‘Son familias que llevan años viviendo con la amenaza de ver derribada su casa, mientras quien decide ni siquiera tiene que mirarlas a la cara’, ha añadido el director general. Con esta afirmación ha querido ilustrar el impacto social de las decisiones técnicas sobre el dominio público marítimo-terrestre y la importancia de que haya interlocución con las administraciones más cercanas.
El congreso ha abordado también la ordenación del litoral y el reparto de competencias entre administraciones. Además, se ha analizado la experiencia de las comunidades autónomas que ya han asumido competencias en esta materia y cómo han gestionado los conflictos entre protección ambiental, usos económicos y derechos de los residentes en la costa.
