Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Baleares han acordado una propuesta conjunta para cambiar el sistema que fija las oportunidades de pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental. Las autonomías quieren que Bruselas sustituya el criterio actual, basado en la especie más vulnerable, por un modelo que tenga en cuenta el estado global del ecosistema, los datos científicos disponibles y las particularidades de cada zona pesquera.
Según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el documento se remitirá al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. La iniciativa da continuidad a la reunión que el conseller Joan Simonet mantuvo el 3 de septiembre en Bruselas con Kadis y los responsables de Pesca de las otras cuatro comunidades mediterráneas.
En aquel encuentro, el comisario europeo abrió la puerta a revisar el mecanismo vigente. Entonces planteó la posibilidad de sustituirlo por una media de las estimaciones de las diferentes poblaciones de especies incluidas en el Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, las cinco comunidades consideran que esta alternativa tampoco solucionaría el problema de fondo.
Las autonomías argumentan que seguirían dependiendo de evaluaciones individuales de especies. Además, recuerdan que no siempre se dispone de los mismos datos ni se analizan a la misma escala geográfica. Por ello plantean ahora un sistema de evaluación más amplio, centrado en la evolución del conjunto del ecosistema, que permita adoptar medidas de gestión más ajustadas a la realidad de cada pesquería.
Un modelo multiespecífico basado en indicadores
La carta remitida a Bruselas propone sustituir el actual mecanismo de la especie más vulnerable por un sistema multiespecífico. Ese modelo se basaría en indicadores que permitan evaluar de forma conjunta el estado de los recursos pesqueros. El objetivo es mantener la conservación de las poblaciones y, a la vez, adecuar las decisiones a la situación real de las flotas.
Los indicadores sugeridos tienen en cuenta la evolución de la biomasa de un conjunto amplio de especies. También consideran los cambios en la distribución de tamaños y la relación entre la biomasa extraída mediante la pesca y la biomasa disponible en el mar. Una vez validados científicamente estos parámetros, las comunidades piden que se apliquen criterios transparentes para fijar las medidas de gestión.
De esta forma, cuando la evolución de las poblaciones sea estable o positiva y las capturas se mantengan en niveles seguros, se podría conservar el nivel actual de explotación. En cambio, cuando se detecten indicadores desfavorables, se deberían aprobar medidas proporcionadas a la situación concreta de cada zona y de cada recurso afectado.
Más peso a las particularidades territoriales
Otro de los puntos clave de la propuesta es que las medidas de conservación no se apliquen de forma uniforme a todo el Mediterráneo occidental. Las comunidades recuerdan que existen diferencias acreditadas entre las distintas zonas pesqueras y que estas se deben reflejar en la normativa.
Por ello defienden que la gestión se adapte a las características biológicas, ambientales y socioeconómicas de cada territorio. Este enfoque se alinea, subrayan, con los principios de regionalización y cogestión de la política pesquera común. Simonet ha destacado que las comunidades han trabajado de manera coordinada para presentar una alternativa técnica que mantenga los objetivos de conservación.
El conseller ha recalcado que es necesario que la normativa europea tenga en cuenta las particularidades de cada territorio. A su juicio, debe permitir aplicar medidas de conservación proporcionadas a la situación real de los recursos. En esta línea, las autonomías plantean que la protección de los caladeros no dependa solo de recortar días de pesca de arrastre.
En lugar de basarse únicamente en la reducción del esfuerzo pesquero en días, proponen combinar varios instrumentos. Entre ellos citan las vedas biológicas, los cierres temporales de zonas concretas, las mejoras en la selectividad de las artes de pesca y medidas específicas para determinadas especies sensibles.
La propuesta conjunta llega en paralelo a las reuniones del Consejo Consultivo para el Mediterráneo (MEDAC), celebradas en Roma hasta el 15 de octubre. En estas sesiones ha participado el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, junto al presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín.
Ambos han asistido junto a otros representantes del sector pesquero del archipiélago. El foro ha reunido a profesionales de la pesca y a otros agentes implicados en la gestión de los recursos marinos del Mediterráneo. En ese contexto, la iniciativa de las cinco comunidades cobra relevancia como propuesta de cambio en la regulación de la pesca de arrastre en la región.
