La Red Regional de Calidad del Aire de la Región de Murcia mantiene su titularidad pública y continúa bajo control autonómico, según la Consejería de Medio Ambiente. El Gobierno regional ha respondido así a Ecologistas en Acción, que este martes ha afirmado que la infraestructura se habría privatizado.
La Consejería ha sostenido que el contrato de asistencia técnica no supone ‘en ningún caso’ una privatización. La Dirección General de Medio Ambiente conserva la dirección, el control y la supervisión de la red.
El Ejecutivo regional ha pedido ‘rigor y responsabilidad’ a la organización ecologista. También ha calificado su denuncia de ‘doble rasero’.
La Consejería ha señalado que la empresa adjudicataria tiene la misma solvencia técnica que emplea el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Según ha explicado, el Ministerio utiliza esa capacidad para recibir, procesar y validar los datos que España remite a la Comisión Europea.
Qué funciones siguen en manos autonómicas
La contratación de apoyo técnico no modifica, según la Consejería, el modelo operativo regional. La Administración autonómica mantiene la titularidad y la coordinación de la red.
También conserva la supervisión de las analíticas y la decisión sobre posibles medidas o protocolos de actuación. Por tanto, la empresa presta asistencia, pero la responsabilidad sobre el funcionamiento público sigue correspondiendo a la Administración.
El servicio técnico de control y seguimiento funciona de forma continuada desde 2008. Cuenta con un equipo multidisciplinar disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.
A esa labor se suma la empresa encargada del mantenimiento y la calibración de los analizadores y equipos. La Consejería ha presentado ambos servicios como tareas de apoyo al funcionamiento de la red.
Licitación publicada en canales oficiales
El contrato, denominado ‘Servicio técnico integral de gestión, coordinación y validación de la red de calidad del aire de la Región de Murcia’, se ha tramitado mediante procedimiento abierto.
Además, al estar sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). La información sobre los pliegos, la adjudicación y la contratación ha estado disponible en los canales oficiales.
La tramitación también consta en documentación pública de los acuerdos del Consejo de Gobierno. La Consejería ha recurrido a esa publicación para defender que el procedimiento y sus condiciones podían consultarse públicamente.
