Ecologistas en Acción ha denunciado la privatización de la Red de Calidad del Aire de la Región de Murcia tras la adjudicación de su gestión integral durante 48 meses a una empresa. La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha encargado a la compañía explotar y evaluar la red, validar sus registros y difundir la información pública.
La organización ha criticado que el contrato se haya tramitado «con opacidad y sin transparencia», porque no se ha publicado para información pública en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma. También ha advertido de que esta adjudicación amplía la participación privada en la vigilancia atmosférica regional.
Ecologistas en Acción ha calificado el sistema de «otro paso para la privatización», tras los contratos privados de mantenimiento de la red. A su juicio, «avanzar en el camino de la privatización de una infraestructura, que se basa en una maximización de beneficios y no en los intereses de toda la ciudadanía» supone un riesgo para el control público.
La entidad ha expresado además su preocupación por la dependencia de intermediarios privados al procesar, filtrar y validar los datos. Según ha señalado, esto plantea dudas sobre la rapidez de las alertas ciudadanas y la independencia de las decisiones.
Las estaciones y el acceso a los datos
El colectivo sostiene que los contratos de mantenimiento anteriores solo han permitido conservar analizadores que ya habían superado su vida útil. Ha relacionado esa situación con «averías recurrentes», que afectarían a la continuidad de las mediciones y retrasarían restricciones a actividades contaminantes.
La red cuenta con once estaciones fijas y una móvil para vigilar áreas metropolitanas e industriales de gran densidad. Ecologistas en Acción considera insuficiente esta cobertura y cita Lorca, segundo municipio de España por extensión, donde hay «tan solo» una estación fija.
Además, la web regional no permite descargar libremente datos horarios o históricos. Tampoco publica ya los resúmenes mensuales de máximos diarios octohorarios de ozono. «Es decir, hay menos disponibilidad de datos al público y mayor dificultad de acceso a los mismos», ha afirmado la organización.
Para cambiar la situación, reclama recuperar la gestión pública directa y aumentar los recursos humanos propios. También pide crear un centro de control integrado, con taller de reparación, laboratorio de análisis de muestras y personal fijo de mantenimiento. Entre sus propuestas figuran renovar el software y el hardware, instalar cámaras interconectadas en las estaciones y reforzar el personal encargado de aplicar los protocolos de información por contaminación.
