La contratación de seguros sanitarios privados ha crecido un 81 por ciento desde 2014 en España y ya alcanza al 21 por ciento de la población, lo que ha disparado el gasto directo de las familias y ha avivado el debate sobre la privatización del sistema sanitario público.
Así lo ha explicado José Manuel Aranda, representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y coordinador del ’12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)’, durante la presentación del estudio. Aranda ha detallado que el gasto de bolsillo sanitario de los hogares ha aumentado un 52,8 por ciento en este periodo, hasta una media de 576 euros anuales por familia. A su juicio, ‘esto, para muchas familias, es insostenible’.
El informe analiza el avance de la privatización sanitaria en las CCAA a partir de un índice con una puntuación máxima de 34 puntos. Madrid encabeza el ránking con la nota máxima de 34 puntos, seguida de Cataluña y Baleares, con 28 puntos, y de Canarias, con 26 puntos. Estas comunidades figuran, según el estudio, entre las que cuentan con una sanidad más privatizada.
En el extremo opuesto se sitúan La Rioja, con 14 puntos, la Región de Murcia, con 15,5, Extremadura, con 17,5, y Castilla y León, con 18,5 puntos. No obstante, Aranda ha matizado que ‘hay muchas CCAA que están bajas en este índice, pero usan otros métodos’ de privatización que no quedan reflejados en la puntuación.
Privatización desigual pero en expansión
Pese a esas diferencias territoriales, el estudio concluye que el proceso privatizador avanza con fuerza en todo el Estado. Aranda ha destacado que algunas comunidades han acelerado especialmente este camino. Como ejemplo, ha señalado que Extremadura ha incrementado su puntuación un 94,4 por ciento en 12 años, mientras que Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 90 por ciento.
El representante de la FADSP ha subrayado que la privatización sanitaria puede realizarse de ‘muchas formas’. Según ha explicado, en general implica ‘una transferencia de dinero público a empresas‘, que puede materializarse mediante compra de servicios, conciertos, transferencia de la gestión, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) o mediante la compra directa de servicios sanitarios por parte de la población ‘de algo que debería ofertar el sistema sanitario’.
Aranda ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica al sistema sanitario público español entre los diez mejores del mundo. Sin embargo, ha advertido de que la deriva actual de privatización pone ‘en riesgo’ esta posición y los factores que la han hecho posible, como ‘el alto nivel de salud, la cobertura universal, la accesibilidad, el servicio equitativo y eficiente y la alta valoración de los usuarios’.
El impacto en mortalidad, listas de espera y equidad
En su intervención, Aranda ha defendido que ‘en Sanidad Pública, el problema más importante es la privatización’. Según ha afirmado, con ese modelo ‘el sistema no es más eficiente y no aumenta la calidad’, además de que ‘aumenta las tasas de mortalidad‘ y no supone un ahorro de costes. ‘Es cuestión de salud pública, no es una decisión técnica’, ha remarcado, antes de sentenciar que ‘ese modelo cuesta vidas; privatizar mata’.
El coordinador del informe ha identificado ‘la demora de la atención sanitaria‘ como ‘el motor de la privatización’. Ha asegurado que las listas de espera ‘no han dejado de crecer’ y ‘se han extendido a la Atención Primaria’. A su entender, ‘la justificación es que los recursos son insuficientes, pero al mismo tiempo los Gobiernos son incapaces de resolver las demoras’, lo que convierte la situación en ‘un negocio’ en el que ‘los fondos de inversión están claramente presentes’.
Aranda ha insistido en que ‘el proceso de privatización es desigual’ porque existen ‘distintas políticas públicas de privatizar’, pero ha alertado de sus ‘consecuencias muy graves’. Entre ellas ha citado que ‘lo que crece es la desigualdad‘ y la dificultad de acceso ‘a los servicios sanitarios públicos como los había antes’. Como ejemplo, ha destacado el caso de Madrid, que lidera el índice desde sus inicios, donde ‘hay 350.000 personas a las que no se les ha dado cita’, por lo que ‘no están en las listas de espera’.
El informe también pone el foco en el peso creciente del gasto sanitario privado. Según ha resumido Aranda, ‘en el conjunto del Estado, el proceso de privatización está siendo importantísimo’. Aunque ha denunciado una ‘falta de transparencia’, ha señalado que ‘el gasto sanitario privado en el 2025 ronda los 34.000 millones y representa el 27 por ciento del gasto sanitario, un 3 por ciento del PIB’. Ha añadido que ‘somos uno de los países que supera la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)’ y ha destacado ‘el aumento de los conciertos privados’, que el pasado año ‘se estima en 11.000 millones’.
La FADSP alerta del deterioro de la Sanidad Pública
En la misma línea, el portavoz de la FADSP y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Sergio Fernández, ha asegurado que la situación ‘no es buena en ninguna’ comunidad autónoma, ya que ‘la privatización está presente en todas’, aunque ‘cambia la forma y la intensidad’. A su juicio, la evolución es ‘preocupante’.
Fernández ha explicado que ‘conseguir una cita en Atención Primaria se complica muchísimo’ y que una consulta con el especialista ‘tarda meses’, mientras que la intervención quirúrgica ‘no llega’. Según ha señalado, esta situación provoca que ‘quien tiene recursos, busca una salida en el ámbito privado’, lo que alimenta ‘el deterioro’ y la ‘privatización de la Sanidad Pública’.
Por su parte, el presidente de la organización convocante y de la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP), Manuel Martín, ha denunciado las ‘políticas de lobbies’ del sector empresarial y el avance de la privatización sanitaria. Frente a ello, ha pedido ‘movilizarse’ mediante una ‘alianza entre la población y el personal que trabaja en el sistema sanitario’ para intentar ‘frenar el desmantelamiento y la destrucción del sistema’.
La miembro de la AGDSP Luisa Lores ha coincidido con el resto de intervinientes y ha denunciado el ‘tremendo círculo vicioso privatizador‘ actual, que, en su opinión, ‘lleva al desastre’. Todas estas voces han subrayado que el incremento del seguro privado, el aumento del gasto de bolsillo y la expansión de conciertos y externalizaciones están configurando un modelo sanitario más desigual, donde el acceso y la calidad de la atención dependen cada vez más de la capacidad económica de cada persona.
