El seguro privado se dispara un 81 % desde 2014 y ya cubre al 21 % de la población

El 21 por ciento de la población tiene ya un seguro sanitario privado en España, tras un aumento del 81 por ciento desde 2014, mientras que el gasto directo de las familias en sanidad ha crecido un 52,8 por ciento hasta una media de 576 euros por hogar, según ha expuesto la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en su último informe sobre privatización.

El representante de la FADSP, José Manuel Aranda, ha detallado que ‘el número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81 por ciento‘ en la última década. Esa expansión sitúa hoy a los seguros privados en ‘el 21 por ciento de la población’, ha precisado durante la presentación del ’12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)’.

En paralelo, Aranda ha subrayado que ‘el gasto de bolsillo de las familias ha crecido un 52,8 por ciento, una media de 576 euros por familia‘. Se trata de pagos que los hogares asumen directamente para acceder a servicios sanitarios, fuera de la cobertura del sistema público.

A su juicio, esta carga adicional recae especialmente en los presupuestos más ajustados. ‘Esto, para muchas familias, es insostenible‘, ha advertido, al evaluar el impacto de estos incrementos sobre la economía doméstica.

El coordinador del informe ha vinculado estos datos con el avance de la privatización sanitaria en el conjunto del Estado. Según ha indicado, el proceso privatizador observado en España ha derivado en ‘pérdida de accesibilidad y de equidad en el sistema‘, ya que condiciona el acceso a determinados servicios a la capacidad de pago.

Comunidades con mayor y menor peso de la sanidad privada

El ’12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)’ utiliza un índice de hasta 34 puntos para medir el grado de privatización sanitaria en cada territorio. Madrid encabeza la clasificación, con la puntuación máxima de 34 puntos, seguida de Cataluña y Baleares, con 28, y de Canarias, con 26 puntos.

En el extremo opuesto figuran La Rioja, con 14 puntos; la Región de Murcia, con 15,5; Extremadura, con 17,5, y Castilla y León, con 18,5 puntos, como las autonomías con menor peso de la sanidad privatizada según este indicador.

No obstante, Aranda ha puntualizado que ‘hay muchas CCAA que están bajas en este índice, pero usan otros métodos’ de externalización y colaboración con empresas privadas que no quedan reflejados en la puntuación del estudio.

Pese a situarse en la parte baja del índice, algunas comunidades han acelerado de forma notable su privatización sanitaria en los últimos años. Aranda ha citado el caso de Extremadura, que ‘ha aumentado un 94,4 por ciento su puntuación en 12 años’, y el de Castilla-La Mancha, que lo ha hecho ‘en un 90 por ciento’ en el mismo periodo.

El informe apunta así a una tendencia general al aumento del peso del sector privado en la provisión sanitaria, aunque con ritmos diferentes según el territorio.

Formas de privatización y transferencia de fondos públicos

Aranda ha recordado que la privatización puede realizarse de ‘muchas formas’. ‘En general, es una transferencia de dinero público a empresas‘, ha explicado al hilo de los datos presentados.

Entre los mecanismos que recoge el estudio se encuentran la compra de servicios a compañías privadas, los conciertos sanitarios y la transferencia de la gestión de centros o áreas asistenciales. También menciona el papel de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) como vía de derivación de fondos públicos hacia aseguradoras.

Además, el informe considera como parte de este proceso ‘la compra directa de servicios sanitarios por la población de algo que debería ofertar el sistema sanitario’. Es decir, cuando los ciudadanos pagan de su bolsillo servicios que, según la FADSP, tendrían que estar garantizados por la red pública.

Según el análisis presentado, el resultado conjunto de estas fórmulas es un aumento sostenido del negocio sanitario privado y una mayor presión financiera sobre los hogares, que recurren en mayor medida a seguros y pagos directos para asegurar su atención sanitaria.