El Gobierno ha previsto la creación de 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia hasta 2027, dentro de un paquete de 700 puestos en toda España que pretende reforzar la respuesta de la Administración de Justicia y reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales.
Según datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estas 700 nuevas plazas suponen un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal en el conjunto del país.
En la Región de Murcia, las 19 nuevas plazas judiciales representan un aumento del 10,1% respecto a la plantilla actual. En paralelo, las 5 plazas adicionales de fiscales implican un crecimiento del 6,3% de la plantilla del Ministerio Fiscal, que pasará de 79 a 84 miembros.
Refuerzo de juzgados en Murcia, Cartagena y Molina de Segura
De las 19 plazas de jueces previstas para la Región de Murcia, 17 se destinarán a Tribunales de Instancia en partidos judiciales como Murcia, Cartagena o Molina de Segura. Las otras dos serán de adscripción territorial, es decir, jueces que el Tribunal Superior de Justicia podrá mover dentro de la comunidad según las necesidades del servicio.
El Ministerio ha recordado que en los años 2025 y 2026 ya se han creado 40 plazas judiciales en la comunidad, lo que ha supuesto un incremento del 23,8% en ese periodo. Con el nuevo paquete aprobado, la Región de Murcia consolidará un aumento acumulado notable de su planta judicial.
A nivel estatal, de las 500 nuevas plazas de jueces, 172 se han destinado a reforzar la jurisdicción Civil, 109 a la Social y 69 a la Penal. Además, 87 plazas irán a órganos mixtos, como Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia situados en provincias y localidades más pequeñas.
Otras 42 plazas serán de adscripción territorial. Estas se vinculan a un territorio concreto, pero pueden moverse para adaptarse a cambios en las cargas de trabajo que se produzcan con el tiempo.
Refuerzo en violencia sobre la mujer y contra menores
El plan incluye 11 nuevas plazas para secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer. Justicia ha subrayado que esta legislatura ha supuesto un avance importante en este ámbito, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188.
Además, se han previsto 6 plazas para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. El objetivo es mejorar la atención a las víctimas más vulnerables y agilizar los procedimientos en estos casos especialmente sensibles.
De forma novedosa, 8 plazas se reservan a nuevas presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Son puestos que ya existen en grandes ciudades españolas y que se dedican en exclusiva a funciones de unificación de criterios, coordinación y organización interna.
Ahora estas presidencias se crearán también en la Región de Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Además, se aprobarán 4 plazas adicionales en la Audiencia Nacional, dentro de la misma reforma.
En total, la ampliación de la planta judicial asciende al 7,8% en toda España. El Ministerio sostiene que este esfuerzo permitirá responder mejor al aumento de la litigiosidad y a las nuevas competencias asumidas por los tribunales.
En cuanto al Ministerio Fiscal, se crearán 200 nuevas plazas que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales. En el caso de la Región de Murcia, las 5 nuevas plazas suponen un incremento del 6,3% de la plantilla.
Justicia ha explicado que la distribución territorial de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población de cada territorio.
Esta propuesta se trasladará ahora al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía, a las comunidades autónomas con competencias transferidas y a los Tribunales Superiores de Justicia, para recabar sus aportaciones antes de cerrar el diseño definitivo.
Distribución por comunidades autónomas
En el conjunto del Estado, Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más plazas de jueces recibirán, con 94 cada una. Madrid contará con 74 nuevas plazas judiciales, mientras que la Comunitat Valenciana sumará 53.
En cuanto a los fiscales, Cataluña recibirá 47 nuevas plazas, Andalucía 31 y Madrid 26. Justicia ha detallado que Canarias registrará el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9%.
Este paquete de 700 plazas se suma a otra ampliación similar anunciada el pasado mes de julio por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Entonces se comunicó la creación de otras 700 plazas entre jueces y fiscales, que estarán activas antes del 31 de diciembre de 2026.
Valoración de Juezas y Jueces para la Democracia
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha celebrado la convocatoria. En un comunicado ha calificado la medida como ‘un avance histórico para adecuar la planta judicial a las necesidades de la administración de justicia’.
Rodríguez ha destacado que la ampliación de plazas ‘en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo destacable para afrontar la litigiosidad, reducir tiempos de respuesta y garantizar una carga de trabajo razonable en la judicatura’.
‘ Si a este anuncio se añade la gran convocatoria de oposiciones para judicatura y Fiscalía que ya está en marcha podemos afirmar que estamos ante un cambio fundamental que va a redundar en beneficio de profesionales del derecho y la sociedad’, ha afirmado.
A su juicio, ‘la Administración de Justicia necesitaba de un empuje tan decidido como el que se está concretando en los últimos tiempos’.
El magistrado también ha valorado que la nueva convocatoria se centre especialmente en la jurisdicción Social y en los juzgados de Violencia de Género. Según ha señalado, estos órganos ‘están atravesando unas cargas de trabajo y dilaciones por encima de lo admisible’, por lo que considera ‘fundamental’ reforzarlos.
Rodríguez ha recordado que el refuerzo en violencia de género es clave ‘para proteger a las mujeres tras la ampliación de competencias de estos tribunales en materia de delitos contra la libertad sexual’.
Por último, ha considerado que ‘es fundamental que este anuncio se concrete rápidamente en un real decreto que suponga un nuevo impulso a la mejora del servicio público judicial’. También ha expresado su deseo de que el próximo Gobierno ‘continúe con este impulso tan necesario para garantizar un servicio público eficiente y de calidad en los tribunales’.
