La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha planteado reformar la respuesta penal a los delitos de odio. Su propuesta pasa por crear subtipos atenuados para los casos de menor gravedad, juzgarlos por la vía de juicios rápidos e imponer penas alternativas como trabajos en beneficio de la comunidad vinculados a programas de educación en igualdad.
Durante la exposición de la Memoria de la Fiscalía de 2025 en el acto de apertura del año judicial, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha subrayado la necesidad de evitar la persecución del colectivo migrante. Lo ha hecho en un contexto en el que los procedimientos por delitos de odio han alcanzado 31 asuntos tramitados en la comunidad, con cuatro escritos de acusación y ocho sentencias dictadas.
Díaz Manzanera ha explicado que ha dado instrucciones a los fiscales para reforzar la asistencia e información a las víctimas. También ha pedido mejorar el registro de estos delitos y fomentar la justicia restaurativa, de modo que las personas afectadas participen en la reparación del daño sufrido.
Alerta por narcotráfico y llegada de pateras
En materia de seguridad ciudadana, la Memoria de Fiscalía ha advertido sobre el crecimiento del cultivo ‘indoor’ de marihuana. El pasado año se han detectado 198 plantaciones y un aumento del 706 % en las plantas intervenidas en cuatro años, superando las 67.000.
El Ministerio Público ha señalado, además, un desplazamiento de redes criminales hacia la costa murciana para realizar desembarcos con narcolanchas. También ha descrito un aumento de la incautación de combustible para estas embarcaciones, conocido como ‘petaqueo’, y un repunte del uso de armas en vuelcos de alijos y ajustes de cuentas.
Ante este escenario, la Fiscalía ha defendido que se deben redoblar los esfuerzos contra las mafias desplazadas desde otras zonas del Levante. El objetivo es frenar tanto la introducción de droga como la violencia asociada a estas organizaciones.
En materia de inmigración, en 2025 han llegado a la costa murciana 130 embarcaciones con 1.978 migrantes y se han detenido 38 ‘pateristas’. Pese a que el número total de llegadas ha descendido, la Fiscalía ha advertido de que las pateras son ‘más grandes, más potentes y con más aforo’.
La institución ha tramitado 81 asuntos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su mayoría vinculados a la llegada de ‘pateras-taxi’ a Cartagena y Lorca. Además, se han instruido 14 causas por trata de seres humanos con 71 víctimas identificadas. Tras varias sentencias absolutorias por falta de prueba, la Fiscalía ha reclamado a la Policía un mayor acopio de indicios y evidencias.
Delitos de menores y uso de Inteligencia Artificial
El fiscal superior ha mostrado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. En 2025 se han contabilizado 177 expedientes por agresión sexual, frente a los 162 del año anterior, y 167 por violencia doméstica.
También se han registrado 37 casos de acoso escolar que han sido grabados y difundidos en redes sociales. A juicio de Díaz Manzanera, estos hechos evidencian ‘una grave adicción a su uso’ para hostigar y amenazar a otros compañeros.
En el ámbito educativo, se han incoado 53 expedientes por absentismo escolar. Además, la Fiscalía ha presentado 18 denuncias por delito de abandono de familia contra padres o personas guardadoras que no han cumplido sus obligaciones.
La Memoria recoge también ocho investigaciones por distribución de pornografía infantil, frente a solo una el año anterior. En estos casos, menores han empleado aplicaciones de Inteligencia Artificial para manipular imágenes de compañeros y difundirlas desnudas.
Ante esta situación, Díaz Manzanera ha instado a fijar límites legales severos y normas claras de control parental. El objetivo es frenar el acceso ilimitado de los menores a internet y reducir los riesgos asociados a las nuevas tecnologías.
Siniestros laborales, medio ambiente y saturación
En el ámbito de la salud y la seguridad laboral, la Fiscalía ha contabilizado nueve homicidios imprudentes el último año. También ha detectado un aumento del 130 % en las lesiones por imprudencia, dentro de un total de 25 acusaciones formuladas.
Entre estas actuaciones destaca el procedimiento por el incendio de la zona de ocio de Atalayas, en el que hay 18 personas acusadas. Este caso se ha convertido en uno de los principales frentes penales de la Fiscalía en materia de seguridad.
En Medio Ambiente y Urbanismo, la causa principal por la contaminación del Mar Menor sigue pendiente de señalamiento para el juicio oral en la Audiencia Provincial. La pieza separada que afecta a cargos públicos ha sido devuelta al juzgado de Instrucción, mientras se han dictado cinco sentencias condenatorias de las 36 causas abiertas.
En materia de seguridad vial, la Memoria refleja 36 asuntos remitidos a la vía penal por conducción bajo la influencia exclusiva de drogas. Estos procedimientos buscan sancionar a quienes conducen poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios.
Díaz Manzanera ha recordado que Murcia tiene la mayor ratio de habitantes por fiscal de España, con 22.131 personas por fiscal. Este año la plantilla alcanzará los 80 efectivos, al sumarse un refuerzo a los 79 fiscales de la relación de puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 30 % respecto a 2017.
Pese a este crecimiento, el fiscal superior ha advertido de que siguen pendientes infraestructuras judiciales clave. Entre ellas, ha citado las sedes de Lorca, Cartagena, Molina de Segura y la capital murciana.
Una oportunidad excepcional para reformar la Justicia murciana
En el mismo acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Manuel Luna Carbonell, ha asegurado que la Justicia regional vive ‘una oportunidad excepcional’ para mejorar la calidad y la eficacia del servicio público.
Luna ha destacado la confluencia de varios factores. Entre ellos, la consolidación de los Tribunales de Instancia y de los Servicios Comunes, el aumento de la planta judicial, el impulso de los medios alternativos de resolución de controversias y la apuesta por la innovación tecnológica.
En su balance organizativo, ha resaltado la conversión de 127 órganos unipersonales en 11 Tribunales de Instancia y 25 Servicios Comunes. A esto se suma la transformación de los juzgados de paz en oficinas de justicia municipal, cambios que ha vinculado al esfuerzo de letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario y presidencias de tribunales.
Sobre la planta judicial, Luna ha valorado con ‘satisfacción institucional’ la incorporación de 19 nuevas plazas entre el 31 de diciembre y el 1 de noviembre del próximo año. Según ha explicado, este refuerzo aliviará la carga de trabajo en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia y en las secciones civiles de los Tribunales de Instancia de Cartagena y Murcia.
También se verán reforzados los Tribunales de Instancia de Totana, Molina de Segura y Lorca. No obstante, el presidente del TSJRM ha advertido de que estas nuevas plazas deberán ir acompañadas de más letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario y medios materiales.
Más asuntos, más pendientes y plazos largos
Durante el último año judicial, los órganos de la Región han registrado 248.000 nuevos asuntos y han dictado 233.000 resoluciones, un 2,2 % más. Sin embargo, la pendencia ha crecido un 7,2 %, hasta los 221.000 asuntos pendientes al cierre del año, lo que evidencia que la entrada supera aún la capacidad de respuesta del sistema.
La duración media de los procedimientos continúa por encima de la media nacional. Los asuntos de primera instancia se resuelven en 12,2 meses de media y los de segunda instancia en 8,3 meses.
En el apartado de innovación, el TSJRM impulsa varios proyectos desde su ‘Laboratorio de Innovación Tecnológica’. Entre ellos, la automatización robótica de trámites en procesos monitorios y verbales de reclamación de cantidad, el control automatizado de plazos en instrucción penal y la elaboración de borradores asistidos en litigios masivos de consumidores.
Luna ha destacado también el Proyecto Ágora Digital, orientado a mejorar la trazabilidad de las comunicaciones procesales. En cuanto a los medios alternativos de resolución de conflictos, ha puesto como ejemplo la labor de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia en materia contencioso-administrativa.
En la parte final de su intervención, el presidente del TSJRM ha defendido que la fortaleza de la Justicia reside en la confianza de la ciudadanía. Tras reivindicar la legitimidad de la crítica jurídica a las decisiones judiciales, ha advertido de que esta no puede degenerar en la descalificación personal ni en la atribución infundada de motivaciones ajenas a la ley.
Luna ha hecho un llamamiento a la lealtad institucional para preservar la independencia judicial. A su juicio, esta independencia constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y del propio sistema democrático.
