La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha 81 de las 137 medidas previstas para 2026 en el Plan Operativo de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza 2026-2028, lo que supone el 60% de las actuaciones diseñadas para este primer año y marca el ritmo de despliegue de las políticas contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia.
Según ha explicado la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, las 56 medidas restantes se desarrollarán antes de que finalice el año. De esta forma, el Gobierno regional busca cumplir el calendario fijado en la Estrategia y garantizar que las actuaciones lleguen a sus destinatarios en el plazo previsto.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado el Plan Operativo ante la Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza. En este órgano están presentes distintas administraciones públicas y entidades sociales, que participan en el seguimiento y evaluación de las medidas.
Ruiz ha detallado que el Plan Operativo concreta las actuaciones previstas por cada consejería, sus objetivos, las personas destinatarias y el grado de ejecución de cada medida. Este nivel de detalle facilita el control interno y permite detectar con rapidez posibles retrasos o necesidades adicionales de recursos.
‘De esta manera, desde la Comisión Rectora hacemos un seguimiento de este documento, para evaluar las medidas desarrolladas y comprobar si es necesario reforzar alguna, o en qué aspectos habría que incidir’, ha señalado la consejera, subrayando el papel de este órgano como espacio de coordinación y supervisión.
Un instrumento anual para aplicar la Estrategia
El documento se ha aprobado como instrumento de desarrollo anual de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza. Establece las prioridades de cada ejercicio, asigna responsabilidades a las distintas consejerías y fija un marco para evaluar los resultados que se vayan obteniendo.
La Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero. Desde entonces, el Ejecutivo murciano ha articulado su despliegue a través de planes operativos anuales, con el objetivo de ordenar la ejecución y asegurar una implantación progresiva.
La consejera ha destacado que este plan anual es ‘un elemento esencial para implementar de forma efectiva la Estrategia, asegurando que la desplegamos de forma ordenada, coordinada y evaluable, porque sólo así contribuiremos a reducir de forma directa la pobreza y la exclusión social en la Región’. Con estas palabras, ha vinculado de forma explícita la planificación con el impacto real sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
Las actuaciones incluidas en el Plan Operativo se organizan en torno a tres ejes principales. El primero se centra en la prevención de la pobreza y la exclusión social, con medidas dirigidas a evitar que nuevos colectivos caigan en estas situaciones. El segundo eje impulsa la inclusión social, mediante programas que buscan mejorar las oportunidades y la autonomía de las personas afectadas. El tercer eje se orienta al estímulo de la integración social, con iniciativas que favorecen la participación plena en la comunidad.
Ruiz ha agradecido de forma expresa la colaboración de las entidades sociales que han participado en el diseño de la Estrategia. Ha señalado que su contribución resulta esencial para afrontar un reto que afecta a miles de familias en la Región.
En este contexto, la consejera ha aludido al actual escenario económico, marcado por la incertidumbre y ‘una creciente inflación que castiga a los más vulnerables’. Este entorno, ha apuntado, refuerza la necesidad de coordinar recursos públicos y privados y de priorizar las políticas dirigidas a los hogares con menos ingresos.
Para elaborar la Estrategia se ha contado con la coordinación de las consejerías competentes en política social, vivienda, empleo, salud y educación. También han participado la Red de Lucha contra la Pobreza de la Región de Murcia (EAPN), la Universidad de Murcia, el Colegio Profesional de Trabajo Social, la Federación de Municipios y la Delegación del Gobierno. Esta amplia participación pretende asegurar que las medidas respondan a la realidad de los distintos territorios y colectivos afectados por la pobreza y la exclusión social.
