La Región de Murcia se ha alineado con las entidades del Tercer Sector para exigir que el nuevo presupuesto de la Unión Europea 2028-2034 mantenga una financiación suficiente y protegida para la inclusión social y la atención a las personas más vulnerables.
Esta posición se ha concretado en una reunión de trabajo entre la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, y representantes del Tercer Sector. En este encuentro se ha analizado la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual, se han compartido las principales preocupaciones de las entidades y se ha avanzado hacia una postura común ante un modelo que introduce cambios relevantes respecto al periodo 2021-2027.
El principal cambio planteado por la Comisión Europea pasa por integrar muchos de los fondos que ahora funcionan por separado, entre ellos el Fondo Social Europeo, dentro de grandes planes nacionales y regionales. Estos planes deberán destinar al menos un 14 por ciento del presupuesto a gasto social, pero desaparecen muchas de las reservas específicas que existen en la actualidad para inclusión social, personas desfavorecidas, pobreza infantil, empleo juvenil o fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
‘Queremos que Europa simplifique la gestión de los fondos, pero esa simplificación no puede traducirse en menos garantías para quienes más los necesitan ni en que las políticas sociales tengan que competir con otras prioridades por los mismos recursos’, ha señalado la consejera durante la reunión.
Impacto en programas sociales de la Región de Murcia
En la Región de Murcia, el Programa FSE 2021-2027 cuenta con más de 164 millones de euros de ayuda europea y una inversión total cercana a los 263 millones. Estas actuaciones se han orientado a la inclusión social, la lucha contra la pobreza, el empleo juvenil y la atención a colectivos vulnerables.
Solo durante 2026, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha destinado 2,75 millones de euros a 26 proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector para mejorar la empleabilidad de personas vulnerables, con una previsión de atender a 2.211 personas. A esta cantidad se suma una línea de 950.000 euros dirigida a más de 800 jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Además, el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) ha convocado 1,25 millones de euros para programas de integración laboral de personas con discapacidad gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Estos proyectos permiten que las ayudas europeas lleguen de manera directa a quienes tienen más dificultades de acceso al mercado laboral.
‘Estamos hablando de programas que tienen nombres y apellidos, que permiten avanzar en la inserción laboral, atender a personas con discapacidad, apoyar a jóvenes vulnerables y luchar contra la pobreza y la exclusión. Por eso queremos trabajar con las entidades que conocen de primera mano estas necesidades y que hacen posible que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan’, ha afirmado López Aragón.
Financiación social blindada y papel de las regiones
La posición del Gobierno regional pasa, en primer lugar, por garantizar que exista una financiación social suficientemente protegida. Se busca evitar que los recursos actualmente vinculados a la inclusión social terminen compitiendo con infraestructuras, competitividad u otras políticas en los nuevos planes nacionales y regionales.
La segunda gran reivindicación se centra en asegurar una participación efectiva de las regiones en la distribución de los recursos. El Ejecutivo autonómico defiende una simplificación de la política de cohesión que no suponga su centralización y reclama capítulos regionales con recursos propios y una capacidad real de decisión.
El objetivo del Gobierno murciano es que la Región pueda seguir determinando, junto con sus entidades sociales, qué colectivos y programas necesitan una atención prioritaria. De esta forma se pretende mantener una planificación ajustada a la realidad social del territorio y a las necesidades concretas de las personas vulnerables.
Además, el Ejecutivo regional considera esencial que el Tercer Sector participe desde el inicio en la programación del periodo 2028-2034, y no solo como receptor de ayudas una vez adoptadas las decisiones. Esta implicación temprana se plantea en todas las fases de la política de cohesión.
‘No queremos que las entidades sociales sean llamadas únicamente cuando llegue el momento de ejecutar una convocatoria. Queremos que estén presentes en el diagnóstico, en la programación, en el seguimiento y en la evaluación, porque su experiencia y su conocimiento son imprescindibles para diseñar unas políticas europeas que respondan a la realidad’, ha indicado la consejera.
‘La Región de Murcia va a defender una política de cohesión fuerte y con verdadera dimensión social. Y queremos hacerlo de la mano del Tercer Sector, porque defender su participación y su financiación es también defender la continuidad de programas que hoy mejoran la vida de miles de personas en la Región’, ha añadido López Aragón.
