El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) ha respaldado por unanimidad el proyecto de orden sobre el programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y el plan específico para el Campo de Cartagena, al considerarlo una norma clave para cumplir la legislación europea y estatal, proteger el Mar Menor y ofrecer seguridad jurídica al sector agrario, aunque ha reclamado más análisis económico y apoyo para las explotaciones.
En su dictamen, el órgano consultivo ha calificado de ‘ineludible’ la aprobación de esta normativa. A su juicio, resulta imprescindible para dar cumplimiento a los mandatos legales comunitarios y nacionales ya vigentes.
Además, el CESRM ha subrayado que el nuevo marco pretende reforzar la protección ambiental del Mar Menor. También busca aportar certidumbre jurídica a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por las restricciones derivadas de la contaminación por nitratos.
Falta de análisis socioeconómico detallado
Pese al respaldo general, el dictamen ha advertido de que el expediente no incluye un análisis socioeconómico cuantificado. Es decir, no se han calculado de forma precisa los costes reales que la implantación de las medidas supondrá para las explotaciones agrícolas y ganaderas.
El CESRM ha señalado que estos datos serían necesarios para conocer mejor el impacto del programa en la rentabilidad de las fincas. Considera que esta información permitiría ajustar, si fuera preciso, el calendario, la intensidad o el diseño de algunas obligaciones.
El informe ha recordado que las exigencias medioambientales pueden requerir inversiones importantes. Por ejemplo, cambios en infraestructuras, adaptación de sistemas de riego o modificaciones en prácticas de fertilización.
Más participación en la Comisión de Seguimiento
En cuanto al seguimiento del plan, el CESRM ha considerado un acierto la creación de una Comisión de Seguimiento específica. Esta comisión será la encargada de evaluar periódicamente la aplicación del programa.
Sin embargo, el dictamen ha calificado de ‘insuficiente’ el diseño actual de este órgano. En este momento está compuesto en su totalidad por personal técnico de la Administración regional.
Por ello, el Consejo ha propuesto ampliar la composición de la comisión. Plantea incorporar a representantes de las organizaciones profesionales agrarias, colegios técnicos, universidades y colectivos ambientales.
Según el CESRM, esta presencia reforzaría la solvencia técnica de la Comisión de Seguimiento. También aumentaría su legitimidad social ante los sectores directamente afectados y la ciudadanía.
Indicadores económicos y sociales en la evaluación
El informe ha instado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a integrar indicadores de impacto económico y social en las evaluaciones bienales previstas.
En la actualidad, la batería de indicadores solo contempla parámetros ambientales y de volumen productivo. El CESRM considera que esta visión resulta limitada para medir todos los efectos del programa.
Entre los indicadores sugeridos figuran la evolución de la renta agraria, el coste medio de adaptación de las explotaciones y el empleo en la zona. Estos datos permitirían comprobar si las medidas son asumibles para los agricultores y ganaderos.
El Consejo ha defendido que un seguimiento más completo facilitaría la corrección de posibles desajustes. Además, ayudaría a equilibrar la protección ambiental con la viabilidad económica del sector primario.
Financiación y ajuste de umbrales laborales
Por último, el CESRM ha recomendado dotar de partidas presupuestarias específicas a las medidas de fomento, asesoramiento y formación en campo previstas en el texto.
El órgano ha advertido de que estas acciones solo serán efectivas si cuentan con financiación suficiente y estable. De lo contrario, podrían quedar en meras declaraciones de intenciones.
De igual forma, el dictamen ha solicitado reevaluar el umbral de exclusión de 0,3 Unidades de Trabajo Agrario (UTA) fijado en el proyecto. Pide que se valore la alternativa de 0,5 UTA defendida por las organizaciones profesionales agrarias (OPAs).
Según el Consejo, una revisión de ese umbral podría aliviar la carga administrativa y económica sobre las explotaciones más pequeñas. Estas son, con frecuencia, las que tienen menos capacidad para asumir cambios normativos complejos.
Clarificar la relación con el Código de Buenas Prácticas
El CESRM también ha instado a clarificar la relación jurídica entre los nuevos programas de actuación y el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
El objetivo de esta petición es evitar solapamientos normativos y posibles contradicciones. Una regulación confusa puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento por parte de los agricultores y ganaderos.
El dictamen ha defendido que la coordinación entre ambos instrumentos debe ser clara y transparente. Así se facilitará la aplicación práctica del programa en las explotaciones del Campo de Cartagena y del resto de zonas vulnerables a nitratos.
