Luz verde a un plan contra la ludopatía juvenil y a la reducción de ratios escolares en Murcia

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La Asamblea Regional ha avalado por unanimidad un plan de choque contra la ludopatía juvenil y un plan plurianual para bajar ratios escolares, mientras mantiene el debate sobre nuevas infraestructuras educativas en Puerto Lumbreras.

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad un plan de choque integral contra la ludopatía juvenil en la Región de Murcia, que se ha planteado mientras el Gobierno autonómico prepara una nueva regulación del juego con mayores restricciones a las casas de apuestas.

La diputada del PP Luz Marina Lorenzo ha avanzado que el Ejecutivo regional prevé tener lista antes de que finalice 2026 una reforma normativa del sector del juego. Esta reforma ha incluido el control obligatorio de acceso a salones de juego y apuestas, nuevas limitaciones a la publicidad exterior de estos locales y la integración de los registros de personas con entrada prohibida.

Lorenzo ha explicado que la modificación afecta a cinco reglamentos diferentes. Ha detallado que su tramitación requiere garantías jurídicas, como consultas públicas, periodos de audiencia e informes técnicos y legales. Según ha indicado, el texto ya figura en el Plan Normativo 2026 y su aprobación se ha previsto para este mismo ejercicio.

La parlamentaria del PP ha asegurado además que no se han concedido nuevas licencias para abrir salones de apuestas en los últimos ocho años. Con este dato ha defendido que la Región ha mantenido una política restrictiva en la expansión de este tipo de establecimientos.

Por parte del PSOE, la diputada Magdalena Sánchez ha defendido la urgencia de actuar ante la creciente exposición de los adolescentes a las apuestas deportivas, las plataformas digitales y otras formas de juego. Ha advertido de que estos canales pueden favorecer conductas adictivas entre menores y jóvenes.

Según los datos que ha aportado, la Región de Murcia cuenta actualmente con 74 casas de apuestas. Además, en 2023 se han gastado más de 112 millones de euros en apuestas en el territorio. Para la socialista, estas cifras evidencian la dimensión del problema.

‘No podemos esperar a que la familia descubra la adicción cuando ya hay una deuda. No podemos esperar al abandono escolar’, ha subrayado Sánchez, que ha pedido que el acuerdo se convierta en medidas efectivas y no quede ‘olvidado en algún cajón‘.

Desde IU-Verdes, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha respaldado la moción, aunque ha reclamado que el plan vaya acompañado de los decretos pendientes. En concreto, ha pedido regular de forma clara las distancias mínimas entre centros educativos y casas de apuestas, la publicidad exterior y las condiciones de acceso a estos salones.

‘Sería una gran contradicción que aprobáramos un plan de lucha contra la ludopatía infantil y juvenil y tuviéramos, como pasa en Alhama, a 50 metros del instituto una casa de apuestas’, ha señalado Álvarez-Castellanos. El diputado ha criticado que la regulación anunciada en 2018 continúe pendiente de aprobación.

La diputada de Vox María José Ruiz ha reclamado que el futuro plan contemple una atención específica para los menores de 16 años. Ha pedido también una mayor coordinación entre centros educativos, pediatría, salud mental infantojuvenil y servicios especializados en adicciones, para detectar y tratar antes los casos.

Plan plurianual para bajar ratios escolares

Además, la Comisión ha aprobado una iniciativa del Grupo Mixto para impulsar un plan regional plurianual de reducción de ratios escolares y mejora de la atención educativa. El texto ha salido adelante después de que su promotor, José Luis Álvarez-Castellanos, aceptara una enmienda del PP a la redacción inicial.

Álvarez-Castellanos ha defendido la necesidad de una planificación amplia, que abarque desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato. Ha planteado como horizonte el curso 2030-2031 y ha propuesto que las medidas se negocien en la Mesa Sectorial de Educación.

‘La reducción del número de alumnos y alumnas por aula constituye una de las medidas con mayor capacidad para mejorar la atención individualizada del alumno’, ha sostenido el diputado del Grupo Mixto.

Ha admitido que reducir ratios implica más gasto en profesorado, creación de grupos e inversiones en infraestructuras educativas. Sin embargo, ha reclamado que la necesidad de mejorar la financiación autonómica no sirva de excusa para paralizar el desarrollo del plan. ‘Voy a aceptar su enmienda en la totalidad, absolutamente sin mover una coma’, ha afirmado sobre la propuesta del PP.

El diputado popular Carlos Albaladejo ha defendido que la Comunidad ya ha iniciado una reducción de ratios escolares. Ha indicado que la media regional se sitúa en 18,6 alumnos por aula en Infantil y 21,3 en Primaria, cifras que ha presentado como inferiores a las planteadas por el Ministerio de Educación.

Albaladejo ha insistido en que cualquier nueva medida debe contar con financiación suficiente. Ha advertido de que no se pueden asumir compromisos sin respaldo económico. ‘O es un brindis al sol o es yo invito y tú pagas’, ha manifestado.

Desde el PSOE, el diputado Juan Andrés Torres ha apoyado la reducción de ratios, pero ha puesto en duda que las medias autonómicas recojan la realidad de todas las aulas. Ha reclamado que la bajada del número de estudiantes por clase se acompañe de un refuerzo de las plantillas docentes.

Torres ha recordado que el Gobierno de España ha impulsado una iniciativa legislativa para fijar ratios máximas en el conjunto del sistema educativo. A su juicio, este marco estatal debe servir de referencia para la planificación autonómica.

La diputada de Vox María José Ruiz ha considerado que reducir el número de estudiantes por aula no garantiza por sí solo una mejora educativa. Ha reclamado reforzar los perfiles especializados que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales.

‘De poco sirve reducir el número de alumnos por aula si después no tenemos suficientes maestros de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, orientadores o personal técnico de integración social’, ha advertido Ruiz. Además, ha pedido disminuir la carga burocrática que asume actualmente el profesorado.

Debate sobre un nuevo instituto en El Esparragal

La Comisión ha rechazado, en cambio, una moción de Vox para impulsar la construcción de un instituto de Educación Secundaria Obligatoria en la pedanía de El Esparragal-La Estación, en Puerto Lumbreras. Durante el debate de este punto se ha aprobado una enmienda a la totalidad del Grupo Mixto, que ha modificado el planteamiento inicial.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha defendido la necesidad de estudiar la construcción de un segundo instituto en Puerto Lumbreras. Ha recordado que el IES Rambla de Nogalte concentra alrededor de 1.200 estudiantes y que las familias de El Esparragal deben desplazarse a ese centro o a institutos de municipios cercanos.

‘La moción no plantea ninguna exigencia incongruente con la planificación de centros educativos en la Comunidad Autónoma’, ha sostenido Martínez. Ha señalado también que el Ayuntamiento ya había apoyado una propuesta para impulsar nuevas infraestructuras educativas en esta zona del municipio.

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha negado que exista una falta de planificación educativa. Ha defendido que, entre el presente curso y el próximo, se ha previsto la creación de 180 nuevas plazas de Educación Secundaria en Puerto Lumbreras.

Según ha explicado, durante el curso 2026-2027 se ha incorporado un nuevo grupo de primero de ESO en el IES Rambla de Nogalte y otro en el colegio de El Esparragal. En este último centro, la etapa de ESO ha comenzado con siete alumnos.

Por su parte, Juan Andrés Torres ha denunciado la saturación del IES Rambla de Nogalte, que ya supera los 1.200 estudiantes. Ha criticado que se hayan habilitado espacios no destinados inicialmente a aulas para poder atender toda la demanda educativa.

El diputado socialista ha acusado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de no haber impulsado a tiempo las infraestructuras necesarias. Ha subrayado que otros municipios con población similar disponen de una oferta pública de Educación Secundaria más amplia.

Finalmente, José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado que la propia Comisión ya aprobó una iniciativa para elaborar, en un plazo de seis meses, un estudio técnico sobre las necesidades educativas de Puerto Lumbreras. ‘Creo que la línea en la que debemos trabajar es insistir a la Consejería en que cumpla el compromiso de esta comisión, que cumpla el compromiso de presentar ese estudio’, ha manifestado.

El diputado del Grupo Mixto ha señalado que el plazo previsto para ese informe ya se ha cumplido. Por ello, ha pedido que se conozcan sus conclusiones antes de decidir la ubicación de un futuro centro de Secundaria en el municipio.