El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha reclamado al Gobierno de España un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo para las personas con discapacidad, con el objetivo de reducir la brecha laboral, la precariedad y el riesgo de pobreza que sigue afectando a este colectivo en todo el país.
La diputada regional del Partido Popular, Sonia Ruiz, ha recordado que el décimo informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (ODISMET), presentado el pasado año, ha evidenciado que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue muy lejos de la normalidad. Ruiz ha subrayado que, según este estudio, ‘la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo una asignatura pendiente y requiere una respuesta firme, estructural y coordinada por parte del Gobierno de España’.
Datos que evidencian una fuerte brecha laboral
El informe de ODISMET ha señalado que la brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad ha alcanzado los 40,5 puntos. Además, el 64,5 por ciento de las personas con discapacidad permanece inactivo. Es decir, casi dos tercios de este colectivo ni siquiera participan en el mercado laboral.
Ruiz ha advertido también de que el 59,4 por ciento de las personas con discapacidad desempleadas son parados de larga duración. Esta situación afecta de manera especial a quienes tienen entre 45 y 64 años, que encuentran mayores dificultades para reengancharse al empleo tras perder su trabajo.
La diputada popular ha recordado que ‘estamos hablando de casi dos millones de personas en edad laboral que tienen derecho a desarrollar un proyecto profesional en igualdad de condiciones, y no podemos aceptar que las dificultades de acceso al empleo sigan siendo tan elevadas’.
Ruiz ha alertado, además, del aumento de la discapacidad psicosocial tras la pandemia. También ha señalado la precariedad que continúa marcando muchos de los puestos de trabajo a los que acceden estas personas, especialmente en empleos de baja cualificación.
A esta realidad se suma una brecha salarial del 18,7 por ciento respecto al resto de trabajadores. El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza, según ha recordado, a casi una de cada tres personas con discapacidad, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
Propuesta de un plan nacional de empleo inclusivo
Ante este escenario, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que solicitará formalmente al Ejecutivo central la elaboración de un programa nacional para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La propuesta sitúa en el centro la creación de un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo.
Este plan, según ha detallado Ruiz, debería prestar especial atención a los mayores de 45 años, a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad psicosocial, tres grupos que concentran una parte muy significativa de las situaciones de desempleo y exclusión.
‘Las mujeres con discapacidad afrontan una doble discriminación y necesitan medidas específicas que permitan corregir esta desigualdad’, ha afirmado la diputada del PP, que ha insistido en la necesidad de diseñar acciones adaptadas a la realidad de cada perfil.
Refuerzo de las políticas activas y de la formación
El PP ha planteado también el refuerzo de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. Entre las medidas, Ruiz ha citado la puesta en marcha de itinerarios personalizados, programas de formación específica y nuevos incentivos para impulsar la contratación indefinida en empresas ordinarias.
La diputada ha defendido igualmente la mejora de los programas de formación profesional y universitaria accesibles. Ha reclamado que estos estudios se vinculen de forma más efectiva con la inserción laboral, de modo que la cualificación obtenida se traduzca en oportunidades reales de trabajo.
La iniciativa del Grupo Popular incluye, además, una petición al Gobierno de España para que adopte medidas que faciliten la compatibilidad entre las pensiones por incapacidad y el empleo. El objetivo es que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral sin perder su protección social.
Ruiz ha considerado que esta compatibilidad puede animar a muchas personas con discapacidad a dar el paso hacia un empleo. Según ha defendido, la seguridad de mantener su protección resulta clave para quienes temen quedarse sin ingresos si el trabajo no se mantiene en el tiempo.
La diputada ha reclamado también campañas nacionales contra los estigmas asociados a la discapacidad, especialmente en los centros de trabajo. A su juicio, estas acciones de sensibilización pueden contribuir a derribar prejuicios que aún frenan muchas contrataciones.
Por último, Ruiz ha pedido reforzar el apoyo y la financiación estable de las organizaciones y agentes sociales que trabajan cada día en la inserción laboral de este colectivo. Ha recordado que estas entidades conocen de primera mano las barreras reales y pueden ayudar a diseñar respuestas más eficaces.
‘Garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad no es solo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia social y una oportunidad para nuestra economía. El Gobierno de España tiene que dejar de mirar hacia otro lado y poner en marcha medidas concretas que permitan que nadie quede excluido del mercado laboral por razón de discapacidad’, ha concluido la diputada regional.
