La Región de Murcia ha recibido una asignación de 2,8 millones de euros del Gobierno central para financiar formación de trabajadores en centros públicos, dentro de un reparto de 107,4 millones entre todas las comunidades autónomas para impulsar acciones formativas ligadas a sectores estratégicos.
Estos fondos forman parte de una propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que el Consejo de Ministros ha autorizado. El Ejecutivo ha fijado también los criterios de reparto, con el objetivo de reforzar la cualificación profesional en ámbitos con especial relevancia económica y social y vinculados a programas estatales.
Al mismo tiempo, se ha promovido que las comunidades autónomas orienten estas acciones formativas hacia los sectores que consideren prioritarios en sus propios planes estratégicos. De este modo, cada territorio podrá adaptar la oferta a sus necesidades de empleo y tejido productivo.
Un 30% del total de 107,4 millones se reservará para personas en situación de vulnerabilidad social o económica. Este tramo se dirigirá a quienes estén en riesgo de pobreza o exclusión y a personas migrantes que han participado en el proceso de regularización de 2026.
Convocatorias estatales para sectores con falta de personal
Además de la distribución territorial, el Gobierno ha aprobado la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dotadas en conjunto con 126,7 millones de euros. Estas líneas se dirigen a la formación de trabajadores en sectores estratégicos donde se ha detectado falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a colectivos con necesidades formativas específicas.
Las cuatro convocatorias se centran en la construcción, los oficios y el turismo, además de en personas en situación de especial vulnerabilidad. Cada una cuenta con un presupuesto y unos objetivos concretos, aunque comparten la finalidad de mejorar la empleabilidad y responder a la demanda real de mano de obra cualificada.
La primera convocatoria tendrá 25 millones de euros para acciones formativas en el sector de la construcción industrial y sostenible. Con esta línea se pretende modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos e incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible.
La segunda convocatoria, dotada con 35 millones, se destinará a formación en oficios y desempeños estratégicos. Incluye actuaciones en una decena de familias de Formación Profesional consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y de cobertura de puestos de trabajo.
Entre estas familias de Formación Profesional se encuentran Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, y Seguridad y Medio Ambiente. Todas ellas presentan una elevada demanda de perfiles técnicos y una previsión de necesidad de relevo en los próximos años.
La tercera convocatoria contará con 20 millones de euros y se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Tendrá especial atención al turismo patrimonial y rural como herramienta de desarrollo económico y territorial.
Esta línea busca reforzar la contribución del turismo al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico. La formación en estos ámbitos pretende mejorar la calidad de la oferta turística y abrir nuevas oportunidades laborales en zonas menos pobladas.
La cuarta convocatoria tendrá 46,7 millones de euros y financiará acciones formativas dirigidas de manera prioritaria a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a personas migrantes. Esta línea se enmarca en una estrategia más amplia de integración social y laboral.
Formación acreditable y Plan de Integración y Ciudadanía
Esta última convocatoria se integra, junto al 30% de los 107,4 millones reservados a personas vulnerables y población migrante, en el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030. Este plan ha sido anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se orienta a reforzar tanto la inclusión como el acceso al empleo.
Tanto los fondos transferidos a las comunidades autónomas como las convocatorias estatales gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable. Se ofrece capacitación correspondiente a Grado A, basado en microacreditaciones, Grado B, centrado en módulos profesionales, y Grado C, que corresponde a certificados profesionales.
La única excepción es la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad, que financiará exclusivamente certificados profesionales completos. Estos certificados incorporarán hasta un 25 por ciento de complementos formativos dirigidos a competencias básicas lingüísticas y digitales o a competencias empresariales.
Con este diseño, el Gobierno busca que la formación mejore la empleabilidad inmediata y permita avanzar en itinerarios formativos más largos. Al ser acreditable y acumulable, cada curso podrá sumar para futuras titulaciones y para la actualización continua de las competencias profesionales.
