El Foro-Tertulia La Luz ha analizado en Murcia la situación de la Justicia española, en un encuentro con los juristas Antonio Salas Carceller y Joaquín Ángel de Domingo. Ambos han alertado de problemas como la lentitud de los procedimientos, la falta de medios y las presiones sobre los tribunales.
La cita, correspondiente a la octava temporada del foro, ha reunido a representantes sociales, empresariales y políticos de la Región de Murcia. Entre los asistentes ha estado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
Salas Carceller, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha descrito el contexto como una ‘grave crisis institucional‘ que también afecta al ámbito jurídico. ‘Existe una crisis institucional muy grave’, ha afirmado. También ha señalado que ‘el desprecio por el derecho y la utilización interesada de las normas se han normalizado en determinados ámbitos de la vida pública’.
El exmagistrado ha defendido que los tribunales son la última garantía de los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de poder. Por ello, ha reclamado preservar su independencia y asegurar la igualdad de todas las personas ante la ley.
Politización y respeto institucional
La relación entre la Justicia y el poder político ha centrado parte del debate. Salas Carceller ha distinguido entre jueces y tribunales ordinarios, cuya labor no considera generalmente politizada, y órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Según ha explicado, los acuerdos políticos influyen en los sistemas de designación de estos órganos. Esa circunstancia, ha apuntado, condiciona la percepción pública y alimenta el debate sobre su independencia.
También ha expresado preocupación por la progresiva ampliación de las competencias del Tribunal Constitucional sobre asuntos que corresponden a la jurisdicción ordinaria. Además, ha criticado las acusaciones públicas contra integrantes de los tribunales, especialmente cuando las formulan representantes políticos.
A su juicio, algunas descalificaciones han cruzado los límites del respeto institucional. Ha considerado que ese tipo de expresiones no es apropiado para quienes ocupan responsabilidades públicas.
Lentitud y falta de medios
Joaquín Ángel de Domingo, magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, ha valorado de forma crítica el funcionamiento de la Administración de Justicia. ‘La justicia en España la veo mal, así de sencillo’, ha manifestado.
Ha señalado la lentitud de los procedimientos como uno de los principales problemas. Aunque ha reconocido que el sistema cuenta con garantías procesales sólidas, ha advertido de que los plazos de respuesta frustran a los ciudadanos.
De Domingo también ha apuntado a la falta de recursos personales y materiales. A su entender, dotar adecuadamente a los órganos judiciales resulta necesario para mejorar su funcionamiento y reducir las demoras.
El magistrado emérito ha compartido la inquietud por el clima de enfrentamiento y las posibles presiones sobre quienes ejercen la función jurisdiccional. Ha defendido el derecho a criticar las resoluciones, siempre dentro del respeto a los tribunales y a su independencia.
Asimismo, ha rechazado que la llamada guerra judicial o lawfare se utilice para cuestionar de forma generalizada la actuación de los jueces. Ambos juristas han coincidido en que proteger la independencia judicial y reforzar el respeto entre instituciones es esencial para recuperar la confianza ciudadana.
