Un dispositivo conjunto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Policía Nacional en Murcia ha permitido detectar numerosas irregularidades en prestaciones por desempleo y ha evitado un perjuicio cercano a 180.000 euros para las arcas públicas.
El operativo se ha desarrollado en las oficinas del SEPE en la capital murciana tras observarse un notable incremento del volumen de solicitudes de prestaciones en las últimas semanas. Ante este repunte, agentes y funcionarios han decidido revisar de forma exhaustiva expedientes sospechosos, centrados en posibles usos de documentación falsa y casos de suplantación de identidad.
Para comprobar la licitud de los expedientes y verificar que las ayudas se perciben conforme a la normativa, los inspectores han citado de forma presencial a 231 personas beneficiarias de subsidios por desempleo. La intención ha sido contrastar su situación real y recordar las obligaciones legales asociadas al cobro de estas prestaciones.
Finalmente solo han comparecido 90 de las 231 personas convocadas. Estas han recibido información detallada sobre los requisitos para mantener el derecho al subsidio, así como sobre las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las explicaciones han insistido en la necesidad de comunicar cualquier cambio de situación personal o laboral.
Por el contrario, 141 beneficiarios no se han presentado a la cita oficial. Esta incomparecencia ha tenido consecuencias económicas directas, ya que el SEPE ha aplicado diferentes medidas sobre sus expedientes, en función del grado de incumplimiento detectado.
Sanciones y extinciones de prestaciones
En 68 de estos casos, la ausencia sin justificación ha supuesto la imposición de una sanción por infracción leve, consistente en la suspensión de la prestación durante un mes. Esta medida se ha traducido en un ahorro de 56.446 euros para el sistema público de empleo.
Además, las autoridades han acordado la paralización de los cobros a otros 73 beneficiarios que tampoco han acudido a la convocatoria. Esta decisión implica una minoración presupuestaria adicional de 43.347 euros mientras se revisa la situación de cada expediente.
De forma paralela, el dispositivo ha detectado 13 casos especialmente graves. En estas situaciones se ha constatado que las personas afectadas habían fijado su residencia o habían realizado un traslado al extranjero sin comunicarlo previamente al SEPE, tal y como exige la normativa vigente.
Ante este incumplimiento, se ha iniciado el procedimiento de extinción del derecho a la prestación para estas 13 personas. La cancelación de estos subsidios representa un ahorro estimado de 79.120 euros, que se suma al resto de medidas adoptadas en el marco del operativo.
En conjunto, las sanciones, paralizaciones y extinciones acordadas elevan el impacto global de la intervención a una cantidad próxima a 180.000 euros. Esta cifra refleja tanto las prestaciones ya suspendidas como las cantidades que dejarán de abonarse si se confirman las irregularidades.
La Policía Nacional ha adelantado que mantendrá esta línea de colaboración con el SEPE en la Región de Murcia. El objetivo es reforzar los controles y prevenir nuevos intentos de fraude mediante la organización de más operativos conjuntos en diferentes localidades murcianas durante las próximas fechas.
