La Policía Nacional en la Región de Murcia ha reforzado la investigación de todas las estafas cometidas en su territorio, también las que causan perjuicios económicos inferiores a 400 euros, ante el aumento de este tipo de delitos en internet.
En la ciudad de Murcia, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial asume las investigaciones más complejas relacionadas con cibercrimen. Al mismo tiempo, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito El Carmen tramita los expedientes de menor cuantía y complejidad. Ambas unidades cuentan con el apoyo del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal en las modalidades más especializadas.
En los municipios de Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla, los Grupos de Policía Judicial de las comisarías locales dirigen las indagaciones dentro de sus respectivos términos municipales. De esta forma, la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia cubre la totalidad de los delitos de estafa que se cometen en su ámbito territorial, sin excluir ningún caso por el tipo de fraude o el importe.
Las investigaciones policiales abarcan un amplio abanico de fraudes digitales. Incluyen análisis de casos de ‘phishing’, ‘smishing’, ‘vishing’ y ‘quishing’, así como suplantaciones de identidad. También se investigan accesos indebidos a la banca electrónica y engaños relacionados con inversiones o compraventas realizadas por internet.
Los agentes realizan rastreos de direcciones IP y aseguran la evidencia digital que se genera en cada fraude. Además, investigan los dominios web implicados y efectúan un seguimiento financiero con las entidades bancarias. El objetivo es determinar la trazabilidad del dinero y localizar posibles cuentas intermediarias utilizadas para ocultar los beneficios ilícitos.
Aumento de las estafas pequeñas en la red
La Fiscalía de la Región de Murcia ha advertido en su memoria anual correspondiente a 2025 de un incremento de las estafas comunes en la red. Se trata, sobre todo, de ofertas fraudulentas por importes inferiores a 400 euros, que buscan aprovechar pequeñas transacciones para pasar más desapercibidas.
Según la Fiscalía, este tipo de infracciones plantea importantes dificultades operativas. Entre ellas se encuentra su dimensión transnacional, ya que muchos de estos fraudes implican a personas, servidores o cuentas bancarias situados en distintos países. También señala los complejos mecanismos de cooperación internacional que resultan necesarios para poder seguir el rastro del dinero.
El Ministerio Público destaca, además, que los plazos de prescripción son reducidos para estas conductas. Por ello, considera esencial contar con medios materiales y personales suficientes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía aconseja un refuerzo de estos recursos para poder investigar con eficacia un volumen creciente de fraudes de pequeña cuantía.
Impacto de la reforma del Código Penal
La Policía Nacional recuerda que la reforma del Código Penal aprobada mediante la Ley Orgánica 14/2022 ha modificado el tratamiento de estas conductas. Desde ese cambio normativo, las estafas informáticas y el uso fraudulento de medios de pago con perjuicios inferiores a 400 euros tienen la consideración de delito menos grave.
Esto implica que ya no se establece una distinción por cuantía a la hora de tramitar e investigar los hechos. Por tanto, las unidades policiales asumen los fraudes digitales de pequeña cuantía como delitos que requieren una investigación completa. De esta manera se busca evitar que la baja entidad económica de cada caso favorezca la impunidad de los autores.
