El Gobierno ha validado este lunes el reparto de 107,39 millones de euros entre las comunidades autónomas para reforzar la formación profesional de personas trabajadoras en sectores estratégicos, con prioridad para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de pobreza.
Estos recursos, aprobados en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras, se han destinado a financiar ofertas de Formación Profesional de grados A, B y C. Es decir, acreditaciones parciales de competencias, certificados de competencia y certificados profesionales. El objetivo es que los trabajadores y las trabajadoras mejoren sus opciones de empleo y de promoción profesional.
Las acciones formativas deberán impartirse en centros públicos y en centros propios de las comunidades autónomas. De esta forma, se refuerza la red educativa ya existente y se garantiza un acceso más amplio en todo el territorio.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha detallado en rueda de prensa que la distribución incluye criterios específicos de impacto social y territorial. Según ha subrayado, ‘esta distribución incorpora además varios criterios para orientar la formación hacia quienes más la necesitan y hacia las demandas de cada territorio’.
Al menos un 30% de los fondos deberá destinarse a la formación de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de pobreza. También se prioriza a quienes han participado en el reciente proceso extraordinario de regulación, para facilitar su reinserción o estabilización laboral.
Además, hasta un 25% de la formación se podrá dedicar a competencias básicas. Se trata de conocimientos esenciales para acceder a otros niveles de cualificación profesional o mantener el empleo en sectores que están cambiando rápidamente.
Las comunidades autónomas deberán concentrar las actuaciones en sectores que cada territorio considere prioritarios. Estas prioridades deberán encajar con los planes estratégicos estatales o autonómicos vigentes, lo que permite adaptar la oferta formativa a la realidad económica y productiva de cada comunidad.
Financiación adicional del Ministerio
El reparto validado este lunes por la Conferencia Sectorial tiene su origen en un acuerdo previo del Consejo de Ministros, que lo aprobó el pasado 15 de septiembre. Ese mismo día se ha acordado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de las personas trabajadoras.
Estas cuatro convocatorias suman 126,7 millones de euros adicionales. Están enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o problemas para asegurar el relevo generacional. También se orientan a colectivos que presentan necesidades especiales de formación, con el fin de mejorar su empleabilidad y responder mejor a la demanda de mano de obra cualificada.
Con este paquete de fondos, el Ejecutivo busca impulsar la formación a lo largo de la vida laboral. Además, pretende ajustar la cualificación de la población activa a las necesidades reales del tejido productivo, reforzando la competitividad de las empresas y la estabilidad del empleo.
