El diputado socialista Miguel Ortega ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de impulsar un decreto de vivienda que elimina los precios máximos, reduce la protección de la vivienda pública a cinco años y permite que inmuebles financiados con recursos públicos terminen en el mercado privado.
Ortega ha denunciado que la nueva norma, el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible y de medidas urgentes en materia urbanística, ha abierto la puerta a lo que ha definido como un modelo de ‘vivienda pública especulativa’. Según ha explicado, se trata de viviendas construidas con dinero público que, tras un breve periodo de protección, pueden pasar a manos privadas sin garantizar su función social a largo plazo.
Críticas al fin de los precios máximos
Durante su intervención en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional, donde se han celebrado las audiencias legislativas sobre el proyecto, el parlamentario ha advertido de que la nueva normativa ‘no garantiza que las viviendas que se construyan sean realmente asequibles para las familias y los jóvenes de la Región de Murcia’.
El diputado ha recordado que el decreto anterior fijaba un precio máximo de 180.000 euros para viviendas de 90 metros cuadrados. En cambio, el nuevo texto ha eliminado estos límites. A su juicio, esta decisión permite destinar ayudas públicas a la construcción de viviendas sin fijar un tope de precio que asegure su acceso a quienes más las necesitan.
Ortega se ha preguntado ‘si el principal problema de la vivienda en la Región de Murcia es el precio, ¿cómo va a solucionar este decreto la situación si elimina los límites y no garantiza que las viviendas sean asequibles? ¿Para qué vamos a construir vivienda pública si quienes más las necesitan no las van a poder pagar?’.
El parlamentario ha insistido en que la eliminación de los precios máximos puede encarecer parte de la oferta que se presente como asequible. Así, ha advertido de que la etiqueta de vivienda asequible puede perder sentido si no existe un tope económico claro ligado a los salarios y a la realidad de las familias.
Pérdida de la protección a los cinco años
El diputado socialista también ha criticado que el nuevo decreto permita que las viviendas protegidas pierdan esa condición a los cinco años. Ha explicado que esta medida ‘abre la puerta a que inmuebles promovidos con recursos públicos terminen incorporándose al mercado privado sin mantener su función social a largo plazo’.
En este sentido, ha cuestionado ‘¿de qué sirve destinar dinero público a construir vivienda protegida si cinco años después puede dejar de estar protegida?’. A su juicio, ‘lo que necesita la Región de Murcia es vivienda verdaderamente pública, asequible y protegida de forma permanente, no viviendas financiadas con recursos públicos que puedan terminar en manos privadas a los cinco años’.
Ortega ha advertido de que una protección tan corta puede incentivar operaciones de compra con fines especulativos. Ha señalado que, una vez superado el periodo de cinco años, estas viviendas podrían venderse a precios de mercado, lo que, según ha indicado, vacía de contenido su carácter social.
El parlamentario ha defendido, frente a este modelo, la necesidad de un parque estable de vivienda pública. Ha destacado que la protección a largo plazo es clave para ofrecer seguridad a jóvenes y familias con menos recursos, así como para estabilizar los precios del mercado.
Eliminación del registro de demandantes
Asimismo, el diputado socialista ha lamentado que el nuevo decreto haya eliminado el registro de demandantes de vivienda previsto en la normativa anterior. Ha considerado que esta herramienta podía ayudar a conocer mejor las necesidades reales de la ciudadanía y a planificar de forma más eficaz las políticas públicas.
Según Ortega, sin ese registro resulta más difícil identificar con precisión cuántas personas necesitan vivienda asequible, en qué zonas y con qué características. Ha advertido de que esta falta de información puede derivar en decisiones urbanísticas menos ajustadas a la demanda real y en una distribución ineficiente de los recursos públicos.
El parlamentario ha vinculado esta supresión con una menor transparencia en la asignación de viviendas protegidas. A su juicio, contar con un listado actualizado de solicitantes facilita criterios objetivos y verificables en el reparto de inmuebles de promoción pública.
Diez años de políticas de vivienda fallidas
Para finalizar, Miguel Ortega ha enmarcado este Proyecto de Ley en lo que ha calificado como ‘la década de fracasos de la política de vivienda del Gobierno regional del Partido Popular‘.
El diputado ha asegurado que ‘llevamos diez años de Gobierno de Fernando López Miras en los que la política de vivienda ha sido un auténtico fracaso: no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública, tenemos el parque de vivienda pública más bajo de todo el país, que no llega ni al 0,2%, y prefieren devolver el dinero transferido por el Gobierno de España para políticas de vivienda en lugar de garantizar un hogar a miles de jóvenes y familias de esta Región’.
Ortega ha utilizado estas cifras para subrayar que, a su juicio, el nuevo decreto no corrige los problemas detectados. Por el contrario, considera que consolida un modelo donde la iniciativa privada tiene más peso que la promoción directa de vivienda pública y donde los recursos públicos no se traducen en un aumento estable del parque social.
Según el diputado socialista, las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible responden más a una lógica de mercado que a una visión social de la vivienda. Ha insistido en que, sin límites de precio ni protección a largo plazo, las familias con menores ingresos seguirán sin acceso real a un hogar digno en la Región de Murcia.
