La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes reforzar el control sobre las ONG que reciben dinero público en la comunidad, con nuevas exigencias de transparencia y un dictamen jurídico sobre las consecuencias de los incumplimientos, aunque ha rechazado bloquear de forma automática convenios y prórrogas.
La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Vox, ha llegado al Pleno con una propuesta de tres puntos. El texto se ha votado por separado, a petición del Grupo Socialista, lo que ha permitido salvar parte del contenido. El debate ha enfrentado el deseo de aumentar la transparencia con el temor a poner en riesgo servicios esenciales que prestan entidades del tercer sector.
El diputado de Vox Pascual Salvador ha defendido la moción recordando que la legislación ya obliga a rendir cuentas a las entidades privadas que reciben más de 100.000 euros anuales en subvenciones públicas o cuando el dinero público supone el 40% de sus ingresos. Ha insistido en que, pese a ese marco legal, considera necesario elevar el nivel de control sobre las organizaciones que gestionan fondos de la Administración.
Salvador ha centrado buena parte de su intervención en las ONG de atención social y de inmigración. Ha reclamado que se publiquen las retribuciones nominales de sus altos directivos, siguiendo los criterios fijados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A su juicio, esta información permitiría conocer mejor el destino final del dinero público y diferenciar entre costes estructurales y recursos que llegan a los usuarios.
Posturas enfrentadas en el Pleno
Durante el turno de fijación de posiciones, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro López, ha mostrado un respaldo general a la rendición de cuentas. Sin embargo, ha cuestionado que el texto concentre el foco únicamente en las entidades que trabajan con personas migrantes. Ha defendido que las obligaciones de transparencia deben aplicarse de forma homogénea a todas las organizaciones que gestionan fondos públicos.
López también ha considerado una contradicción bloquear las prórrogas de convenios sin esperar primero al dictamen jurídico del Consejo Regional. Ese informe debe aclarar las consecuencias legales de los supuestos incumplimientos de transparencia. Ha advertido de que actuar sin ese respaldo técnico podría derivar en inseguridad jurídica y en posibles recursos de las entidades afectadas.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada María Marín (Podemos) ha reprochado a Vox que pretenda, en su opinión, ‘criminalizar’ la labor social de las organizaciones del tercer sector. Ha recordado que muchas de estas entidades trabajan con población en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Ha alertado de que endurecer el discurso contra ellas puede generar desconfianza social hacia servicios que resultan básicos para miles de familias.
Por su parte, la parlamentaria Virginia Martínez ha defendido reducir progresivamente las subvenciones públicas a entidades privadas. Ha apostado por rebajar la carga fiscal y por una gestión directa basada en la libre concurrencia competitiva. Según ha sostenido, ese modelo permitiría asignar recursos con más eficiencia y evitaría dependencias prolongadas de las ayudas.
En nombre del PP, el diputado Víctor Martínez-Carrasco ha reiterado el principio de exigibilidad legal a todos los perceptores de dinero público. No obstante, ha justificado la abstención de su grupo en el primer apartado de la moción. Ha alegado indefinición en el procedimiento de exclusión de entidades y ha alertado del riesgo de interrumpir prestaciones básicas dirigidas a personas con discapacidad, mayores o colectivos en riesgo de exclusión social.
El Pleno ha tumbado finalmente el primer punto del texto, que proponía prohibir la firma o la prórroga de convenios con entidades que vulneraran la normativa de publicidad activa. Ese apartado ha obtenido seis votos a favor, 14 en contra y 22 abstenciones. PP y PSOE han advertido de que aplicar esa cláusula sin un expediente sancionador previo podría cortar de forma brusca servicios esenciales, como la atención a la discapacidad o la lucha contra la exclusión social.
En cambio, la Cámara sí ha respaldado los puntos segundo y tercero de la moción, que han salido adelante con 39 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Esos apartados han concentrado el consenso al centrarse en herramientas de control y no en medidas automáticas de sanción.
A partir de ahora, la Asamblea Regional solicitará un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Ese dictamen deberá determinar las consecuencias legales y la posible invalidez de licitaciones o convenios cuando se detecten incumplimientos de las obligaciones de transparencia. El objetivo es contar con una base jurídica clara antes de adoptar decisiones que afecten a contratos y acuerdos vigentes.
Además, las futuras contrataciones deberán diferenciar con precisión las tareas del personal asalariado y las del voluntariado. Esta separación tendrá que quedar reflejada en los pliegos y en la ejecución de los contratos. La intención es facilitar auditorías sobre el uso real de los fondos públicos y comprobar qué parte del dinero se destina a sueldos y qué parte respalda la labor voluntaria que prestan las ONG.
