El Gobierno regional de Murcia ha confirmado que mantendrá las subvenciones sociales financiadas con el 0,7% del IRPF y que no excluirá a la Asociación Rumiñahui de estas convocatorias, pese a las críticas de Vox por su labor con población inmigrante vulnerable en la ciudad de Murcia.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha defendido en el Pleno de la Asamblea Regional que Rumiñahui recibe financiación autonómica porque está legalmente constituida, se presenta a una convocatoria pública y cumple todas las condiciones exigidas.
Ruiz ha respondido así a una interpelación del diputado de Vox Ignacio Arcas sobre la subvención al proyecto ‘Acogida integral de la población inmigrante en la ciudad de Murcia-2026’, presentado por esta entidad.
Según ha detallado la consejera, el proyecto obtiene la puntuación necesaria conforme a criterios técnicos establecidos en las bases reguladoras. Ha subrayado que el procedimiento se rige por baremos objetivos y por la valoración de los servicios técnicos de la consejería.
La titular de Política Social ha insistido en que no existe trato de favor hacia la asociación. En sus palabras, ‘aquí no hay discrecionalidad, ni afinidad ideológica, ni simpatía política’, y el objetivo de estas ayudas es la atención a personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad.
Ruiz ha rechazado las críticas de Vox, que ha vinculado la actividad de Rumiñahui con el proceso de regularización de inmigrantes y ha cuestionado que la Comunidad financie una entidad que ofrece, entre otros servicios, orientación jurídica en materia de extranjería.
La consejera ha reprochado a Arcas que pretenda condicionar las ayudas en función de las entidades beneficiarias. ‘Me está pidiendo que prevariquemos y que quitemos a las asociaciones que a ustedes no les gustan porque no les gusta lo que hacen’, le ha respondido en la tribuna.
Ha añadido que el Ejecutivo autonómico ‘no va a dejar de hacer ninguna convocatoria porque a ustedes no les gusten los nombres de las asociaciones’. Ha recalcado que las subvenciones se ajustan al marco legal y a las normas que regulan la asignación del 0,7% del IRPF a fines sociales.
Origen y finalidad de las subvenciones
Ruiz ha explicado que estas ayudas proceden de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinada a programas sociales en la Región de Murcia. Estos fondos se reparten entre entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad, siguiendo convocatorias públicas y competitivas.
Ha negado que el dinero concedido a Rumiñahui tenga como finalidad sufragar el proceso de regularización de inmigrantes. ‘Da a entender que estamos financiando a una ONG el proyecto de regularización, pero si la regularización es de este año y esa entidad lleva trabajando en la Región de Murcia desde hace años’, ha argumentado.
La consejera ha precisado que el proyecto financiado tiene como objetivo ‘atender a la población vulnerable’. Incluye actuaciones para mejorar la integración social de personas inmigrantes en la ciudad de Murcia y facilitar su acceso a recursos básicos.
Por su parte, Ignacio Arcas ha descrito el contenido del programa cuestionado. Según ha dicho, el proyecto subvencionado ofrece cobertura a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad con servicios como orientación jurídica en materia de extranjería, asesoramiento laboral, mediación cultural y acompañamiento para acceder a recursos públicos y servicios básicos.
El diputado de Vox ha relacionado esta financiación con la participación de Rumiñahui en la expedición de certificados de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización. A su juicio, esta colaboración choca con el discurso del PP en materia migratoria y demuestra una posición contradictoria del Gobierno regional.
Arcas ha preguntado a la consejera si estaría dispuesta a retirar la convocatoria actual. También ha reprochado al Ejecutivo que financie a una entidad que, según ha indicado, presta asistencia jurídica para procesos de ‘regularización administrativa, reagrupación familiar y tramitación de arraigo’.
Competencias migratorias y servicios sociales
Frente a estas críticas, Ruiz ha diferenciado entre política migratoria y servicios sociales. Ha recordado que la política migratoria y el control de fronteras son competencia del Estado, mientras que los servicios sociales son competencia autonómica y tienen la obligación de atender a las personas en riesgo de exclusión.
‘La inmigración ilegal es un tema demasiado serio como para hacer demagogia’, ha señalado la consejera en el hemiciclo. Ha defendido que su departamento actúa dentro de sus competencias y prioriza la protección de las personas vulnerables, independientemente de su origen.
Ruiz ha destacado además que las bases de la convocatoria excluyen a proyectos que cuenten con personal condenado por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. Con esta cláusula, ha explicado, se busca garantizar que las entidades beneficiarias cumplan requisitos éticos y legales estrictos.
La responsable autonómica ha concluido que el Gobierno regional seguirá destinando los recursos del 0,7% del IRPF a la atención de personas vulnerables. Según ha defendido, esta inversión social contribuye a la ‘seguridad ciudadana y convivencia vecinal’, al reducir situaciones de marginalidad y facilitar la integración de quienes sufren mayor riesgo de exclusión.
