Los audios del accidente ferroviario de Urda recogen los problemas comunicados por la maquinista del Iryo y la autorización al AVE para continuar con normalidad. Las conversaciones con el centro de control de Adif forman parte de la información conocida sobre los minutos anteriores al choque. El balance provisional asciende a al menos 69 fallecidos y 50 heridos.
Las cifras corresponden a la información difundida hacia las 20.00 horas del miércoles. España inicia este jueves, 29 de octubre, tres días de luto oficial. Mientras, el operativo prepara las identificaciones y la investigación judicial trata de aclarar las causas y las decisiones que precedieron a la colisión.
El centro de control autoriza al AVE a continuar
Según las grabaciones conocidas por EFE, un trabajador del centro de control de Atocha contactó con el maquinista del AVE a las 8.36 horas del miércoles. Le pidió desconectar y volver a conectar el sistema de seguridad LZB, que había sufrido una caída. Después le indicó que retomara la circulación bajo el Bloqueo de Señalización Lateral, con «marcha normal».
El maquinista repitió las instrucciones para confirmar que las había recibido. En otra llamada, cuya hora no se distingue, la conductora del Iryo explicó que no conseguía reiniciar el LZB. Por ello permanecía detenida a la entrada de Urda.
El operador le indicó que volviera a llamar si persistían los problemas. Después comentó las dificultades del equipo con sus compañeros. Otra grabación recoge una pérdida de transmisión y la confirmación de que el Iryo estaba detenido. La secuencia incluye nuevas indicaciones para reconectar el sistema.
Puente considera inexplicable la decisión de retomar la marcha
Óscar Puente compareció el miércoles desde el centro de control de Adif en Atocha. El ministro de Transportes calificó el accidente de «verdaderamente inverosímil». También cuestionó que se autorizara al AVE a circular con normalidad pese a una señal roja y otro tren detenido delante.
Según su reconstrucción, un problema de comunicación entre ordenadores provocó la caída del LZB hacia las 8.30 horas. La avería afectó a unos 69 kilómetros de la línea Madrid-Andalucía. La protección automática detuvo los convoyes afectados, que podían ser seis, según su estimación provisional.
Puente sostuvo que esa primera respuesta fue correcta. Recordó que existen protocolos para gestionar estas averías y que el centro de control asumió después la organización del tráfico. El fallo informático, según explicó, no debía desembocar en un choque.
La marcha a la vista, cuando corresponde autorizar el movimiento en esas circunstancias, establece un máximo de 40 kilómetros por hora. Además, exige mantener la capacidad de detenerse ante cualquier obstáculo. El ministro relató que otro maquinista corrigió una instrucción similar y consiguió que el operador rectificara.
El AVE recorrió unos 25 kilómetros durante 17 minutos antes de alcanzar por detrás al Iryo hacia las 8.53 horas. El impacto ocurrió cerca de la estación de Urda, en el kilómetro 118. Su velocidad exacta todavía no se ha determinado.
Puente indicó que el tramo permite alcanzar los 200 kilómetros por hora, pero no confirmó que el AVE circulara a esa velocidad. También aseguró que las posiciones de los trenes seguían visibles y hubo tiempo para corregir la autorización. Evitó atribuir responsabilidades individuales y dejó su determinación a la investigación.
La investigación preserva las cajas negras y las pruebas
La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz ha decretado el secreto de las actuaciones. Ha ordenado incautar y custodiar las cajas negras que se encuentren. También solicita información sobre las personas encargadas del control de mando y los protocolos de Adif.
Las diligencias abarcan las actuaciones previas al choque, el momento del impacto y los minutos posteriores. La instructora limita el acceso de personas ajenas al operativo a menos de dos kilómetros de la vía afectada. Solo permite la presencia de equipos autorizados de seguridad, salvamento, sanidad y personal judicial.
La resolución prohíbe además retirar elementos y tomar o difundir imágenes. Durante la madrugada ha continuado la búsqueda de posibles víctimas en los vagones más dañados. Los equipos utilizan maquinaria pesada y drones con sensores térmicos.
Los dos trenes habían partido de Madrid hacia Sevilla y llevaban más de 500 viajeros en conjunto. Varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén. La alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. Renfe ha activado asistencia y cambios y anulaciones gratuitos para los afectados.
Las instituciones guardan luto mientras comienzan las identificaciones
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 52 cuerpos. Otros dos permanecen en el de Ciudad Real, procedentes de los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Estas dos víctimas habían ingresado como heridas. El inicio de las identificaciones está previsto para este jueves.
Las comandancias de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla han recogido 29 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos. El desglose difundido incluye trece en Madrid, nueve en Toledo y siete en Sevilla. La información permitirá contrastar las identidades.
La Casa Sacerdotal de Toledo ha acogido durante la noche a 72 personas: 59 familiares y trece integrantes del dispositivo. Las muestras de solidaridad se extienden a la Región, donde la Asamblea Regional ha cancelado la actividad prevista para este jueves.
El Congreso, distintos parlamentos autonómicos y universidades han convocado minutos de silencio. Pedro Sánchez tiene prevista una nueva visita al dispositivo, tras acudir el miércoles. Alberto Núñez Feijóo también ha anunciado su desplazamiento mientras continúan los trabajos de asistencia y esclarecimiento.
SOS Desaparecidos
SOS Desaparecidos ha instado a eliminar las publicaciones sobre personas desaparecidas en el accidente ferroviario de Toledo cuando su localización o situación ya esté confirmada oficialmente. La entidad pide no continuar compartiendo esas alertas y subraya que la responsabilidad en redes también implica retirar los avisos que dejan de estar vigentes, por respeto a las personas afectadas y sus familias.
