La Asamblea exige recuperar el tren Cartagena-Murcia-Albacete

La Asamblea Regional ha reclamado por unanimidad recuperar la línea ferroviaria, interrumpida desde febrero de 2022, y modernizarla. También ha ampliado la investigación del AVE hasta 2027.

La Asamblea Regional de Murcia ha reclamado este martes por unanimidad recuperar el tren entre Cartagena, Murcia y Albacete, por Cieza y Hellín. La circulación está interrumpida desde febrero de 2022. La moción del PP también exige modernizar y electrificar toda la infraestructura.

El Pleno ha acordado además ampliar hasta el 17 de marzo de 2027 los trabajos de la comisión que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia. Asimismo, ha debatido iniciativas sobre vivienda y memoria democrática.

La vuelta del tren genera consenso entre los grupos, pero no ha evitado los reproches sobre quién es responsable de los retrasos. Joaquín Segado, portavoz del PP, ha denunciado que la línea lleva más de cuatro años sin servicio y ha pedido al Ministerio de Transportes que acelere su recuperación y asegure las inversiones.

‘Hoy es más difícil coger un tren en la Región de Murcia que hace 30 años’, ha afirmado Segado. También ha puesto en duda que se cumpla el compromiso anunciado de reabrir la circulación durante 2026.

Alfonso Martínez Baños, del PSOE, ha confirmado el apoyo de su grupo. Sin embargo, ha acusado al PP de haber promovido anteriormente el cierre de la conexión para viajeros. ‘Claro que queremos que se restablezca cuanto antes el tráfico ferroviario entre Cartagena, Murcia y Albacete, pero hay que hacerlo cuando se autorice por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria‘, ha señalado.

Alberto Garre, de Vox; Virginia Martínez, del Grupo Mixto y exintegrante de Vox, y María Marín, de Podemos-IU-AV, también han respaldado la moción. Marín ha criticado los plazos incumplidos por el Gobierno central y el aplazamiento de la electrificación hasta 2040.

Martínez ha atribuido a PP y PSOE los retrasos de las infraestructuras regionales. Marín ha defendido la ‘renacionalización del servicio de trenes, del servicio ferroviario’ como única solución.

La comisión del AVE amplía su plazo

La Cámara ha aprobado por unanimidad prolongar hasta el 17 de marzo de 2027 la investigación sobre posibles perjuicios económicos para la Región. El trabajo examina presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras de infraestructuras de alta velocidad.

La socialista Carmina Fernández ha cuestionado la urgencia de llevar la ampliación al Pleno. Según ha dicho, la comisión no se ha reunido desde su constitución. ‘Resulta curioso que, después de que no se haya reunido esa comisión ni una sola vez desde que se constituyó, ahora, el día antes de que caduque, el Grupo Parlamentario Popular le dé la urgencia de alterar el orden del día’, ha afirmado.

Aunque hubo discrepancias sobre la inclusión del asunto en la sesión, la votación final ha dado luz verde unánime a ampliar el plazo.

Debate sobre ayudas para la vivienda

La Asamblea ha aprobado una enmienda a la totalidad del PP a una moción socialista que proponía ayudas directas para comprar la primera vivienda habitual. El PP ha votado a favor de su enmienda y Vox se ha abstenido. La propuesta original del PSOE ha sido rechazada con los votos de ambas formaciones.

Antonio Landáburu, diputado popular, ha defendido medidas autonómicas como la Línea Aval Joven y el tipo reducido del 3% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para menores de 40 años. También ha citado una convocatoria anunciada de 16 millones de euros para ayudas al alquiler joven.

‘Hoy vienen a presentar una ayuda más sin concretar nada, sin presupuesto, sin decir a cuántas familias va a beneficiar ni cómo se va a recibir’, ha criticado Landáburu. Además, ha defendido el modelo regional de vivienda asequible.

El socialista Miguel Ángel Ortega ha denunciado el encarecimiento de los inmuebles y la concentración de viviendas en grandes propietarios. ‘El problema de la vivienda es la batalla por la riqueza y es lo que está haciendo enfrentar a generaciones y a trabajadores entre sí’, ha afirmado.

José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, ha atribuido la subida de precios a la especulación inmobiliaria y a la falta de políticas públicas. José Ángel Antelo, exdirigente de Vox, ha defendido construir vivienda pública y reducir impuestos.

Pascual Salvador, de Vox, ha cuestionado las ayudas directas a la compra. A su juicio, pueden elevar los precios si no aumenta la oferta. ‘El objetivo debe ser que una familia pueda encontrar una vivienda porque existe oferta, no porque la Administración le entrega un cheque’, ha manifestado.

Rechazo al cambio de nombre de un instituto de Lorca

La Asamblea ha rechazado cambiar el nombre del IES José Ibáñez Martín de Lorca, como pedía una moción del Grupo Mixto en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Sus promotores consideran que el centro no debería conservar el nombre del ministro de Educación durante la dictadura franquista.

Álvarez-Castellanos ha recordado la responsabilidad de Ibáñez Martín en la depuración del profesorado durante el franquismo. También ha sostenido que la legislación estatal obliga a retirar denominaciones de centros públicos contrarias a la memoria democrática.

‘¿Cómo es posible que hoy en día haya en el frontispicio de un centro educativo de nuestra región el nombre del mayor represor de maestros y enseñantes que ha conocido la historia de nuestro país?’, ha preguntado.

María Marín ha respaldado la iniciativa y ha considerado inadmisible que un instituto público mantenga ese nombre. ‘Un centro de educación público en un país democrático no puede seguir llevando en el año 2026 el nombre de un represor de la educación’, ha afirmado.

Lola Jara, del PSOE, ha defendido una enmienda para revisar otros nombres de centros de la Región que su grupo vincula al franquismo. PP y Vox se han opuesto a la propuesta.

Antonio Martínez Nieto, de Vox, ha criticado la Ley de Memoria Democrática. Carlos Albaladejo, del PP, ha argumentado que la Consejería de Educación no puede cambiar unilateralmente el nombre de un centro.

‘La Consejería no cambia nombres de forma unilateral, los cambia a propuesta del Consejo Escolar’, ha asegurado Albaladejo. También ha cuestionado que el PSOE plantee revisar denominaciones vinculadas al ingeniero Juan de la Cierva, cuyo nombre identifica premios nacionales de investigación científica.

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