Los usuarios del trasvase Tajo-Segura tienen garantizadas las dotaciones para abastecimiento y regadío durante el año hidrológico 2026/2027. Así se lo ha asegurado Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al consejero Joaquín Buendía, tras una reunión solicitada por este último ante la preocupación por las averías de La Bujeda y Liétor.
Urrea ha atribuido esta previsión a las condiciones hidrológicas excepcionales en la cabecera del Tajo, que han permitido acumular reservas para los usuarios del trasvase en la cuenca del Segura. A esas reservas se suman los envíos previstos para los próximos meses y la capacidad de desalación.
Con esos recursos, la CHS considera que podrán atenderse las demandas del año hidrológico actual. El organismo también ve «muy probable» cubrir las necesidades de 2027/2028, aunque esa posibilidad dependerá de la evolución de las precipitaciones.
Envíos pendientes y reparación de averías
La CHS ha presentado ante la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (CCEATS) informes de su Dirección Técnica. Estos analizan cómo pueden afectar a la explotación de la cuenca del Segura los distintos plazos para reanudar los envíos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha comprometido a acelerar la reparación de La Bujeda, situada al inicio del acueducto. El objetivo es recuperar al menos parte de su capacidad a finales de noviembre.
La prioridad de la CHS es enviar, antes del 31 de diciembre de 2026, el mayor volumen posible de agua autorizada y pendiente del año hidrológico anterior. La entidad ha señalado que ese plazo está previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015.
El agua que pueda enviarse quedará almacenada de forma provisional en el embalse de Alarcón, en la cuenca del Júcar. Su traslado posterior se espera para marzo de 2027, una vez reparada la avería de Liétor, en Albacete. La previsión se basa en los cronogramas comunicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La presidenta de la CCEATS comunicó estas previsiones directamente a Buendía por carta el pasado 29 de octubre. El consejero es, además, vicepresidente primero de la Junta de Gobierno de la CHS.
Acuífero compartido del Altiplano
La reunión también ha abordado la situación del Altiplano, en particular la del acuífero Jumilla-Villena. La CHS trabaja con la Confederación Hidrográfica del Júcar para que los próximos planes hidrológicos de ambas demarcaciones incluyan medidas equivalentes y homogéneas.
La coordinación responde al carácter compartido del acuífero. Urrea ha explicado que el objetivo ambiental es poner fin a su sobreexplotación en diciembre de 2027.
Las medidas de ambos planes deberán contribuir a cumplir ese objetivo sin causar un impacto socioeconómico desproporcionado en la zona. Por tanto, la planificación deberá combinar la protección del acuífero con la atención a sus consecuencias locales.
Medidas cautelares en el Mar Menor
Urrea ha indicado que la Junta de Gobierno de la CHS debe decidir si retira las medidas cautelares adoptadas por la afección de la actividad agraria al Mar Menor. La Confederación presentó alegaciones al borrador del programa autonómico para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Según ha informado Buendía, el texto ha incorporado matizaciones tras su paso por el Consejo Económico y Social y se encuentra en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. La CHS revisará su contenido cuando se publique la versión definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Si el programa recoge los elementos esenciales de las medidas cautelares, Urrea se ha mostrado favorable a proponer su retirada a la Junta de Gobierno. La decisión corresponderá a ese órgano.
En caso contrario, la CHS revisará el alcance de sus medidas al redactar el programa de actuación del acuífero del Campo de Cartagena. Ese documento determinará cuáles conviene mantener o ajustar y cómo coordinarlas con las medidas autonómicas.
El propósito es que la actividad agraria pueda desarrollarse de forma sostenible. La revisión permitirá valorar conjuntamente las actuaciones previstas para proteger las aguas y organizar la actividad en la zona.

