El número de víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, ha ascendido a 74 personas. La última actualización incorpora cinco fallecidos más al balance anterior, que situaba la cifra en 69. El siniestro ha desencadenado un amplio dispositivo de emergencia y ha puesto bajo escrutinio el mantenimiento de los sistemas de seguridad de la red ferroviaria española.
La cifra anterior fue comunicada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, después de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). El encuentro contó también con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la respuesta institucional a la catástrofe.
Durante aquella comparecencia, García-Page explicó que el número de fallecidos había pasado de 68 a 69 tras registrarse una muerte en el hospital de Ciudad Real. El nuevo recuento eleva ahora el total hasta las 74 víctimas, aunque no aclara las circunstancias de los cinco fallecimientos adicionales.
La información difundida tampoco especifica si esas personas se encontraban entre los heridos hospitalizados. Por tanto, los datos disponibles no permiten establecer cómo se ha producido exactamente este último incremento del balance.
En el apartado sanitario, el anterior informe contabilizaba 110 personas que habían requerido hospitalización en Castilla-La Mancha. De ellas, 60 habían recibido el alta médica, mientras que otras 50 continuaban ingresadas en distintos centros de la comunidad autónoma.
El presidente castellanomanchego indicó que los pacientes permanecían hospitalizados ‘en distintos niveles de preocupación’. Sin embargo, no concretó el número de personas que presentaban lesiones graves ni ofreció un desglose detallado de su evolución.
Estas cifras sanitarias corresponden al balance anterior y no permiten conocer si se han producido nuevas altas o cambios en la situación de los heridos.
El estado del sistema LZB centra las críticas tras el accidente
La investigación sobre las causas del siniestro ha situado el funcionamiento de los mecanismos de protección ferroviaria entre los principales asuntos pendientes de esclarecer. Uno de los dispositivos señalados es el LZB, un sistema que supervisa la circulación de los trenes y contribuye a mantener las condiciones de seguridad.
José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, ha expresado sus dudas sobre las condiciones de mantenimiento de esta tecnología.
El especialista considera que la antigüedad del sistema no constituye, por sí misma, una explicación suficiente de lo ocurrido. En su opinión, las comprobaciones técnicas y la conservación de los equipos resultan determinantes para garantizar su funcionamiento.
‘Creo que el sistema LZB no falla por ser obsoleto, sino porque no está suficientemente mantenido o testado. Si falla muchas veces hay que regular la circulación, que haya menos trenes’, ha manifestado.
Trigueros ha reconocido que las circunstancias del accidente le resultan especialmente difíciles de comprender desde el punto de vista técnico. También ha cuestionado que una tragedia de esta magnitud pueda producirse en una infraestructura ferroviaria de alta velocidad.
«Esto no puede pasar en el siglo XXI»
‘Esto no puede pasar en el siglo XXI, no puede pasar en nuestra red de alta velocidad. No encuentro explicación por más que le dé vueltas’, ha declarado.
España tiene previsto avanzar en la sustitución del sistema LZB por el ERTMS, el modelo europeo de protección y gestión ferroviaria. No obstante, el ingeniero sostiene que el dispositivo actual podría continuar utilizándose durante muchos años si contara con un mantenimiento adecuado.
El experto ha insistido en que todavía desconoce la causa concreta del siniestro. Pese a ello, ha defendido la necesidad de analizar tanto el sistema principal como los mecanismos complementarios de seguridad.
En sus declaraciones ha calificado lo ocurrido como un ‘desastre sistémico’. Según su interpretación, el accidente plantea dudas sobre la respuesta de los dispositivos que deberían intervenir cuando se produce una incidencia.
Estas afirmaciones representan la valoración técnica del ingeniero y no una conclusión oficial sobre las causas del accidente.
Trigueros también ha recordado que el centro de control de Atocha dispone de mecanismos para interrumpir el suministro eléctrico en determinadas zonas ferroviarias. Además, ha señalado que la información registrada en las cajas negras será fundamental para reconstruir los acontecimientos.
El especialista ha reclamado que las administraciones otorguen mayor importancia a la conservación de las infraestructuras. También ha pedido una ‘reformulación’ del funcionamiento de Adif y una identificación más precisa de las partidas de mantenimiento en los Presupuestos Generales del Estado.
Un operativo militar de 250 efectivos refuerza las labores de rescate
La magnitud de la emergencia ha obligado a movilizar numerosos recursos para atender a las víctimas y facilitar las operaciones sobre el terreno. Entre los efectivos desplegados figuran 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que colaboran con los equipos de rescate y los servicios sanitarios.
La Academia de Infantería del Ejército de Tierra, situada en Toledo, desempeña una función importante en la organización de este dispositivo. Sus instalaciones permiten concentrar recursos, facilitar la incorporación de personal y coordinar parte del apoyo militar.
El Ministerio de Defensa ha destacado el papel de la academia, a la que ha definido como ‘epicentro de gestión y aportación de personal y ayuda en el accidente’.
Los militares participan en las tareas destinadas a localizar a posibles personas atrapadas y facilitar el acceso a las zonas afectadas. También colaboran en la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje que pueden obstaculizar las intervenciones.
La complejidad de estas operaciones exige utilizar medios especializados y mantener medidas de seguridad para proteger a los profesionales desplegados. Los equipos trabajan de forma coordinada para evitar riesgos adicionales durante la manipulación de estructuras y materiales dañados.
La participación de la UME complementa el trabajo de los cuerpos de seguridad, los profesionales sanitarios y los especialistas en emergencias. El objetivo del dispositivo es mantener la asistencia a los afectados y garantizar las condiciones necesarias para continuar las operaciones.
En paralelo, las investigaciones deberán establecer la secuencia exacta del accidente y determinar si los mecanismos de protección ferroviaria funcionaron correctamente. Las conclusiones también tendrán que aclarar si existieron deficiencias de mantenimiento y qué circunstancias contribuyeron a una tragedia que ya suma 74 víctimas mortales.
