La Asamblea Regional ha aprobado este martes una petición al Gobierno central para realizar una auditoría integral de seguridad y mantenimiento en las presas de la cuenca del Segura, junto a un plan plurianual de inversiones que priorice las actuaciones necesarias. La Cámara también ha respaldado impulsar la declaración del Valle de Ricote como Bien de Interés Cultural y ha rechazado endurecer los requisitos de acceso a la Renta Básica de Inserción.
El Pleno ha respaldado, con los votos de PP y Vox, una moción del Grupo Parlamentario Popular que reclama al Gobierno de España un diagnóstico detallado de cada infraestructura hidráulica de la cuenca del Segura. La iniciativa plantea revisar la seguridad, la explotación, el mantenimiento y las inversiones en las presas, y pide fijar un calendario de actuaciones prioritarias.
El diputado del PP Jesús Cano ha defendido que es imprescindible conocer la situación real de cada presa. Ha reclamado un diagnóstico individualizado que precise cuándo se ha realizado la última revisión de seguridad, qué deficiencias siguen pendientes y cuántos planes de emergencia están aprobados e implantados. Según ha dicho, su grupo no se conforma con información genérica.
‘Hoy no queremos una nota de prensa, no queremos una cifra global, no queremos que nos enseñen un expediente de contratación y basta’, ha subrayado Cano, que ha insistido en que el objetivo es disponer de datos concretos sobre cada infraestructura.
Cano ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Segura ha licitado un contrato de casi siete millones de euros para revisar la seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas. Ese contrato también incluye la elaboración, actualización e implantación de sus planes de emergencia. Sin embargo, ha advertido de que el plazo de ejecución es de 24 meses, por lo que los trabajos podrían prolongarse hasta 2028, lo que, a su juicio, hace necesario un mayor seguimiento político y técnico.
Desde el PSOE, el diputado Fernando Moreno ha rechazado la moción al considerar que duplicaría los procedimientos técnicos que ya desarrolla la CHS. ‘No vamos a ayudar a convertir una cuestión tan seria como la protección frente a las inundaciones en una herramienta de confrontación política’, ha afirmado. Moreno ha defendido que el problema no es la falta de controles, sino la necesidad de culminar las inversiones previstas.
El socialista ha recordado que, además del contrato cercano a los siete millones, el Ministerio ha adjudicado 1,7 millones de euros para el mantenimiento de siete presas. También ha ampliado las actuaciones a otras cinco por valor de 1,5 millones. ‘Lo que protege a nuestros ciudadanos son infraestructuras ejecutadas, bien mantenidas y funcionando correctamente’, ha señalado, al tiempo que ha abogado por acelerar los proyectos hidráulicos ya planificados.
Desde el Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, María Marín, ha cuestionado que el PP reclame ahora mayores garantías de seguridad para las presas. Ha denunciado que, al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico promueve medidas urbanísticas que, según ha dicho, facilitan construir en zonas inundables, lo que a su juicio incrementa el riesgo para la población.
El también diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha asegurado que, durante su etapa al frente de las competencias regionales de Emergencias, los servicios de Protección Civil ya le trasladaron su preocupación por el estado de estas infraestructuras. Ha defendido que esa inquietud justifica reforzar la supervisión y la planificación.
Protección del Valle de Ricote
Otra de las iniciativas aprobadas ha sido una moción socialista para impulsar la declaración del Valle de Ricote como Bien de Interés Cultural. Además, la Asamblea ha pedido promover su inclusión en la Lista Indicativa española, paso previo para una candidatura futura a Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La diputada socialista Lola Jara ha defendido la singularidad histórica, cultural y paisajística del valle. Ha asegurado que su reconocimiento internacional permitiría atraer inversiones para conservar su patrimonio y fomentar un modelo de turismo sostenible, ligado al paisaje agrícola y a los núcleos tradicionales.
‘No podemos desaprovechar la oportunidad de situar este tesoro que tenemos en el lugar que le corresponde y aspirar a que sea declarado Bien de Interés Cultural primero y después reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad’, ha manifestado Jara, que ha situado la iniciativa como una oportunidad de desarrollo para la zona.
La diputada socialista ha aceptado incorporar medidas para elaborar un plan de ordenación del patrimonio cultural del valle. Ese plan deberá evitar que las nuevas figuras de protección supongan cargas económicas injustificadas para los propietarios, especialmente para quienes mantienen explotaciones agrícolas o viviendas tradicionales.
Desde el Grupo Mixto, María Marín ha reclamado que el Ejecutivo autonómico elabore ‘de una vez un plan de ordenación del patrimonio cultural del Valle en la categoría de Paisaje Cultural’. Además, ha pedido ayudas específicas para garantizar el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y conservar los sistemas tradicionales de regadío, que considera parte esencial del valor patrimonial del Ricote.
Por su parte, el diputado popular Jesús Cano ha respaldado la iniciativa sobre el valle. No obstante, ha defendido que cualquier declaración de protección debe estudiarse con rigor y adaptarse a las características concretas de los distintos elementos patrimoniales. ‘Conservar no significa congelar, conservar significa proteger nuestros valores, pero permitiendo que el territorio siga vivo’, ha señalado. Cano también ha destacado el trabajo del Gobierno regional para impulsar la candidatura del Valle de Ricote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.
Vox ha optado por la abstención. Su diputado Pascual Salvador ha argumentado que la iniciativa necesita mayores garantías económicas y jurídicas para los propietarios. Ha advertido de que ‘no sería razonable que las administraciones se pusieran medallas por proteger el patrimonio mientras los propietarios de huertos, los agricultores, los regantes o los vecinos tuvieran que asumir en solitario el coste de conservarlo’.
Renta Básica de Inserción y Formación Profesional
El Pleno también ha rechazado una moción de Vox para reformar la Renta Básica de Inserción y endurecer los requisitos de acceso a esta prestación autonómica. La diputada de Vox María José Ruiz ha defendido que las ayudas deben dirigirse prioritariamente a personas con residencia legal y arraigo acreditado.
‘Nuestra moción es clara, solo pedimos dos cosas: que la ayuda la reciba quien tiene residencia legal y arraigo histórico y que se cierre la puerta de atrás del artículo 8.2.b’, ha afirmado Ruiz. La propuesta contemplaba suprimir una de las excepciones del reglamento de la prestación, que permite acceder a ella en determinadas circunstancias sin cumplir el requisito general de residencia continuada.
El socialista Pedro López ha advertido de que eliminar esta excepción podría dejar fuera del sistema a colectivos especialmente vulnerables. Ha citado entre ellos a personas sin hogar, víctimas de violencia de género o familias con menores en situación de riesgo. A su juicio, esa modificación endurecería la norma sin ofrecer alternativas a quienes más necesitan la ayuda.
Desde el PP, Miguel Ángel Miralles ha cuestionado la propuesta de Vox. Ha considerado que no concreta suficientemente los nuevos requisitos y ha planteado dudas sobre su aplicación práctica. Ha preguntado, por ejemplo, qué ocurriría con una familia vulnerable sin trayectoria previa de cotización, que quedaría sin recursos si se restringe el acceso a la Renta Básica.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado que la normativa ya establece requisitos de residencia para acceder a la prestación. Ha defendido además la complementariedad de la Renta Básica de Inserción con el ingreso mínimo vital, que cubre situaciones de pobreza estructural.
En materia educativa, el PSOE ha retirado su moción para crear un mapa de necesidades de Formación Profesional. La decisión ha llegado después de que PP y Vox presentaran enmiendas a la totalidad, lo que, a juicio de los socialistas, desvirtuaba el contenido original de la iniciativa.
El diputado socialista Juan Andrés Torres ha denunciado que el Gobierno regional impide acceder a determinados programas de FP a alumnos con necesidades educativas especiales mayores de 19 años. Ha calificado esa situación de ‘auténtico escándalo‘ y ha reclamado un plan plurianual para crear nuevas plazas públicas de Formación Profesional, con especial atención a estos estudiantes.
Por su parte, el popular Carlos Albaladejo ha defendido que la oferta de FP ha crecido un 30% en cinco años y ha asegurado que alcanzará las 50.000 plazas al finalizar la legislatura. Ha exigido además al Ministerio que aclare la normativa sobre los límites de edad para acceder a determinadas enseñanzas de FP, que, según ha señalado, genera inseguridad en los centros.
Vox ha planteado una estrategia regional de planificación de la Formación Profesional que tenga en cuenta las necesidades de profesorado y la empleabilidad de los titulados. Su diputado Rubén Martínez ha advertido de que ‘es irresponsable anunciar la creación de nuevos ciclos formativos si luego no tenemos a los docentes para impartirlos’ y ha reclamado adaptar la oferta educativa a las necesidades del tejido productivo.
Por otra parte, el debate de una moción del Grupo Mixto sobre la defensa de la soberanía y la integridad territorial de España ha quedado suspendido. La Mesa de la Cámara ha decidido aplazar su discusión hasta que se resuelva la solicitud de reconsideración presentada por Vox, por lo que la iniciativa continúa pendiente de tramitación.
