Regantes de Albacete protestan en Murcia por 450 expedientes bloqueados

UPA Castilla-La Mancha ha convocado una concentración ante la CHS para reclamar la inscripción de más de 450 aprovechamientos de aguas subterráneas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha convocado una concentración este martes, 17 de noviembre, a las 11.00 horas, ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en Murcia. La organización reclama que se inscriban más de 450 expedientes de aprovechamientos de aguas subterráneas en la provincia de Albacete, de hasta 7.000 metros cúbicos anuales. Según UPA, la CHS se ha negado a registrarlos.

La protesta trasladará la «indignación» de los regantes afectados por el bloqueo, que se ha mantenido pese a las gestiones realizadas ante el organismo de cuenca. La convocatoria se ha producido después de varias asambleas informativas y de una reunión celebrada el 26 de octubre. En ella participaron UPA Castilla-La Mancha, el presidente de la CHS, Mario Andrés Urrea, y la Comisaria de Aguas.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha afirmado que los agricultores «se sienten estafados» tras cumplir los requisitos exigidos por la Administración. La organización sostiene que estas solicitudes se amparan en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas, que contempla el uso privativo por disposición legal.

El origen del conflicto

UPA sitúa el inicio del problema en 2016, cuando el Plan de Cuenca exigió autorización previa para estos pequeños aprovechamientos. La organización recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en marzo y abril de 2019, anularon esa exigencia en masas de agua no declaradas en riesgo de mal estado.

Según UPA, la CHS envió cartas a los agricultores en 2021 y reconoció que sus solicitudes eran adecuadas. El organismo indicó que las parcelas no estaban en masas de agua declaradas en mal estado ni en zona de policía. También pidió a los regantes que contactaran con el Servicio de Guardería Fluvial.

Tras las inspecciones, los guardas fluviales comprobaron que las instalaciones cumplían la normativa y precintaron los contadores. Morcillo ha denunciado que «cinco años después, la Confederación va en contra de sus propios actos y decide que no va a inscribir ninguno».

El dirigente ha recordado que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público obliga a las administraciones a respetar la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional. También ha preguntado: «¿Qué va a pasar ahora con estas familias que hicieron inversiones y adaptaron sus cultivos a un pequeño riego de apoyo que contó con el visto bueno oficial?».

La CHS justifica su decisión con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según esa interpretación, cada expediente debe evaluarse atendiendo a la situación hídrica existente cuando se dicta la resolución, con independencia de cuándo se ejecutó el pozo o comenzó el trámite.

UPA contrapone a ese criterio sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La organización afirma que esos fallos distinguen las concesiones discrecionales de los derechos reconocidos directamente por la Ley de Aguas. Añade que, una vez comprobadas las condiciones técnicas, el organismo debe inscribir el aprovechamiento.

Por ello, UPA Castilla-La Mancha ha llamado a los regantes afectados a acudir a la concentración ante la CHS en Murcia. Su objetivo es exigir el desbloqueo de los expedientes, que afectan a agricultores que adaptaron sus cultivos a pequeños riegos de apoyo.

Artículos relacionados