Cientos de personas han marchado por el centro de Murcia junto al Sindicato de la Vivienda de Murcia (SVM) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para reclamar un acceso real a la vivienda, después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado dos decretos de vivienda que, según los convocantes, podían haber beneficiado a unas 100.000 personas en la Región de Murcia.
La manifestación ha arrancado pocos minutos después de las 18.00 horas desde la Plaza de la Cruz Roja. Lo ha hecho con una gran afluencia de participantes, a pesar de la lluvia que ha comenzado a caer al inicio de la marcha. La protesta se ha sumado así a las decenas de movilizaciones que se han celebrado estos días en distintas ciudades de España para exigir, en palabras de los organizadores, ‘más derecho y un escudo social‘.
El malestar de los asistentes lo ha verbalizado Paco Morote, portavoz de la PAH en la Región de Murcia. Morote ha criticado con dureza el rechazo parlamentario a las dos normas de vivienda. A su juicio, esa decisión demuestra una ‘servidumbre’ hacia los fondos de inversión y los llamados ‘fondos buitre’, a los que ha acusado de marcar la tendencia del mercado ‘hiperelevando los precios tanto de compra como de alquiler’.
Morote también ha denunciado la ‘brutalidad’ con la que se llevan a cabo algunos desahucios. Ha señalado que estas actuaciones han hecho aflorar una ‘rabia contenida durante años‘ ante las dificultades para acceder a una vivienda digna. Según ha explicado, esta situación ha propiciado acampadas y movilizaciones tanto a nivel estatal como en distintos municipios de la Región de Murcia.
Aunque el problema del acceso a la vivienda suele centrarse en los jóvenes, el portavoz de la PAH sostiene que la imposibilidad de acceder a un hogar ‘es una realidad transversal que golpea al conjunto de la sociedad’. En su opinión, ‘el único camino es la lucha’, por lo que ha llamado a mantener la presión social mientras no se adopten medidas efectivas.
Hacia una posible huelga general de vivienda
En este contexto, el Sindicato de la Vivienda de Murcia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no han descartado dar un paso más. Ambos colectivos estudian avanzar hacia una huelga general ‘para forzar a las administraciones a ofrecer soluciones reales’ al problema habitacional. Esta opción, según han apuntado, se valorará en función de la respuesta política en las próximas semanas.
Morote ha advertido de que la situación en la Región de Murcia ‘es de las peores del país’, y ha denunciado ‘un repunte constante en los desahucios y la reiterada negativa a aplicar moratorias de protección’. A su juicio, esta combinación agrava la vulnerabilidad de miles de familias con ingresos ajustados o en situación de desempleo.
El portavoz de la PAH ha arremetido además contra las políticas del ejecutivo regional que preside Fernando López Miras. En concreto, ha cuestionado la partida de 16 millones de euros destinada al alquiler joven. Según Morote, mientras no exista un límite ni un control efectivo de los precios, esa ayuda se convierte ‘en un regalo de dinero público para los caseros’, porque los propietarios pueden seguir elevando las rentas.
El representante de la plataforma ha reclamado también la declaración de zonas tensionadas por el precio de la vivienda. Ha citado como ejemplo la propia ciudad de Murcia, además de Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla. Para los colectivos convocantes, este instrumento permitiría intervenir sobre los alquileres en barrios donde ya resulta casi imposible encontrar pisos a precios asumibles.
Morote se ha mostrado igualmente en contra del borrador de la ley regional de vivienda asequible, que el Gobierno autonómico mantiene en tramitación. Ha insistido en que el texto actual no ofrece garantías suficientes para frenar las subidas y ampliar el parque de vivienda protegida.
Por último, el portavoz de la PAH ha recordado que los dos decretos tumbados en el Congreso de los Diputados podían haber tenido un impacto directo en la Región de Murcia. Según sus cálculos, ‘podían haber beneficiado a unas 100.000 personas’, por lo que ha reclamado que se retomen reformas legales que refuercen la protección frente a los desahucios y faciliten el acceso a un hogar digno.
