Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán informar de forma continua sobre la gestión y el gasto de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La orden que regula estos controles se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para verificar el cumplimiento de objetivos y el uso de fondos públicos.
La norma, firmada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y aprobada con el visto bueno del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, desarrolla el seguimiento previsto en el Real Decreto del plan. Las administraciones compartirán datos económicos y de gestión mediante sistemas informáticos y un cuadro de mando integral único.
El seguimiento abarca las tres líneas de ayudas: ampliar la oferta social y asequible, financiar rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural, y reducir el esfuerzo de pago e impulsar la emancipación juvenil.
Envíos mensuales y comunicación de cambios
La transmisión se realizará de forma automatizada, de máquina a máquina, a través de la Red SARA. El intercambio deberá cumplir los estándares nacionales de interoperabilidad y seguridad.
Las administraciones autonómicas tendrán que remitir un informe completo de indicadores por cada mes natural. El envío deberá realizarse durante los cinco primeros días naturales del mes siguiente.
Además, comunicarán inmediatamente cualquier cambio relevante en la gestión o las finanzas de las ayudas. Entre ellos figuran concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios, cambios en las actuaciones y cumplimiento de hitos.
La plataforma ministerial devolverá un acuse de recibo telemático por cada envío. Este incluirá la validación técnica y el detalle de posibles avisos o rechazos.
Hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá ofrecer herramientas alternativas si surgen dificultades técnicas para integrar los sistemas. Esta excepción no modificará las fechas ni los contenidos que deben cumplir las autonomías.
Vivienda también creará el Centro de Atención a la Integración y Soporte, dentro de su División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Será el contacto único para asistencia técnica, credenciales, incidencias y mantenimiento del canal.
Informes trimestrales y evaluación anual
Con los datos registrados, las comunidades elaborarán informes trimestrales de avance. Deberán entregarlos antes de que termine el mes siguiente al periodo evaluado.
Los documentos detallarán la evolución acumulada de cada línea de ayuda y el grado de cumplimiento de las metas. También explicarán las posibles desviaciones y las medidas correctoras previstas.
Antes del 31 de enero de cada año, los ejecutivos autonómicos presentarán un informe anual de evaluación. Incluirá el balance de indicadores del ejercicio y las previsiones de objetivos para el año siguiente.
En cumplimiento de la Ley General Presupuestaria, recogerá además las auditorías y controles de subvenciones realizados por las consejerías, las intervenciones generales autonómicas y los órganos de fiscalización externa. El informe identificará las irregularidades detectadas y las correcciones aplicadas.
Esta información servirá al Consejo Asesor de Vivienda para analizar y proponer mejoras. La Dirección General de Planificación y Evaluación también podrá publicar datos agregados de ejecución para rendir cuentas a la ciudadanía.
Certificaciones para las viviendas financiadas
Los órganos gestores autonómicos deberán emitir y firmar una certificación específica por cada actuación financiada. Será necesaria para acreditar que las viviendas mantienen indefinidamente su régimen de protección, cuando así lo establezca la normativa, y que no pueden descalificarse.
Las certificaciones también garantizarán que las adjudicaciones se tramitan mediante el registro público de demandantes o procedimientos objetivos y transparentes.
El anexo detalla los indicadores que alimentarán el sistema. Incluye fases de obra —inicio, 50 % y finalización, certificadas por la dirección facultativa—, construcción industrializada y sobrecostes en áreas tensionadas.
También exige datos desglosados sobre las personas beneficiarias por edad, sexo, nivel de ingresos y situaciones de especial vulnerabilidad en las ayudas al alquiler o la adquisición. Así, el sistema permitirá seguir tanto la ejecución de las obras como el perfil de quienes reciben las ayudas.

